Para nadie es un secreto que la calidad de la educación en Colombia es pobre. Que, pese a las notables diferencias que existen entre la educación pública y privada, en los resultados que arrojan las evaluaciones periódicas de vigilancia de calidad no hay un abismo tan sustancial como pudiera suponerse, lo que se ve reflejado en el rezago que el país presenta en ese campo a nivel latinoamericano. Las estadísticas siguen mostrando que Colombia requiere de un esfuerzo colectivo y decidido para implementar políticas estatales enfocadas en desarrollar procesos de pensamiento capaces de generar los cambios estructurales que pide a gritos la sociedad. Paradójicamente, los largos años de conflicto y el posterior proceso de paz, unidos a factores generadores de violencia como narcotráfico y paramilitarismo, han conseguido que ese léxico erudito destinado a la práctica del derecho y que más allá de comunicar busca efectos emocionales para darle validez a un argumento, se haya vuelto un lenguaje de uso común. De tal forma, hoy en día es normal que en todas partes se utilicen expresiones jurídicas salpicadas de latín y de retruécanos legales, que algunos años atrás hubieran resultado incomprensibles para la mayoría de los colombianos.

No deja de sorprender que, en cualquier esquina, y en torno a los giros inesperados que presentan los sucesos cotidianos, se igualen en el discurso los vendedores de empanadas, los médicos, empleadas del servicio, abogados, ingenieros, obreros y profesores. La Colombia de hoy, que después de Costa Rica es el segundo país del mundo con mayor número de abogados en ejercicio, es ahora territorio de letrados; de juristas espontáneos que pretenden convencer o disuadir, y de muchos ignorantes conducidos a repetir como loros lo que escuchan. Los complejos argumentos forenses se han tomado el territorio nacional. Vienen del Norte, vienen del Sur, como las célebres golondrinas del poeta Martínez Mutis. “Desde las selvas santandereanas, de la sonora quiebra antioqueña, desde las claras altiplanicies difuminadas entre la niebla” se alzan las voces que de una manera u otra proponen encontrarle solución a la crisis institucional por la que atraviesa el país. A raíz de lo sucedido con la JEP, y conforme se multiplican los alevosos intentos de meterle mano a la Carta Magna, hay miles de colombianos que, convencidos de tener el título de doctor Honoris Causa en derecho constitucional, hoy se dan a la tarea de promover vehementemente una constituyente.

Y no tendría nada de malo que ese mecanismo democrático que los intereses políticos ponen en juego fuera utilizado para el fortalecimiento del Estado. Lo que aterra es la tendencia recurrente a utilizar estas herramientas en favor de la cultura del atajo y en beneficio de unos cuantos. “Inventa lege, inventa fraude” o “Hecha la ley, hecha la trampa”. Una habilidad que pocos tienen en Colombia, pero muchos aceptan y aplauden.

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