El presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió esta semana que se frenaran los linchamientos mediáticos contra los jueces. También añadió que “se debe preservar el respeto por los procedimientos democráticos (de la justicia)”.

Querer frenar a la opinión, desde la Corte Suprema, es justamente no entender de “los procedimientos democráticos”. Primero, el poder judicial no es un poder democráticamente constituido, así que no le debería preocupar ni incumbir las críticas populares. Segundo, el poder judicial nunca debe pedir que se limite la libertad de expresión en la sociedad. Tercero, el que debe respetar y fomentar los procedimientos democráticos es justamente el poder judicial. 

A mí lo que me gustaría decirle al presidente de la Corte Suprema es que deje a un lado los medios y se dedique a pronunciarse a través de las providencias y argumentos jurídicos. Los jueces tienen que ser héroes silenciosos, como destacó el presidente Duque. Sin embargo, aquí las cortes buscan tanto protagonismo que además de intervenir en la burocracia del Estado, intervienen también –como cualquier lobby– en las reformas legislativas de su sector. ¿Ustedes se imaginan que en Francia o Estados Unidos el poder judicial haga abiertamente lobby en el parlamento? Inimaginable.  

Algo mal deben de estar haciendo las facultades de derecho del país para tener a un poder judicial que chuza erróneamente a un expresidente (¿quién se cree esa mentira?) o para tener a unos jueces pendientes de los titulares de prensa y de lo que se dice en Twitter. Nuestro problema no radica tanto en la estructura del sistema judicial, nuestro problema radica en el talento humano. Estoy convencido de que tenemos no solo un problema de ética profesional y de politización de la justicia, sino un problema en la calidad, eficiencia y formación de los jueces. 

Ejemplo: aquí muchos juristas se llenan la boca citando al derecho francés, pero no son capaces de imitar lo más importante de su modelo: su eficiencia. En Francia el conocimiento se demuestra en la síntesis de los conceptos jurídicos. Por eso una sentencia ordinaria de cualquier alta corte francesa puede ser de una sola página. En Colombia no hay una sentencia que baje de 50 páginas. Somos expertos en el legalismo santandereano, que no es otra cosa que trabar y rellenar el Estado de inútil y engorroso derecho. El derecho debe ser para resolver los conflictos y para facilitar la vida de los ciudadanos, aquí las decisiones judiciales parecieran que complicaran aún más las cosas. 

Tiene razón el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, cuando abre el debate en torno al alto número de juristas en Colombia en detrimento de la calidad de los abogados y jueces: “hay 355 abogados por cada 100.000 habitantes (…) En Francia apenas hay 77 abogados por el mismo número (…) En Colombia, hay cerca de 100 facultades de derecho (…) en Alemania apenas 22, a pesar de que la población allá es de 82 millones”. Para meditar.  

@QuinteroOlmos