La meta inicial del Gobierno cuando presentó su proyecto de ley de financiamiento era la de recaudar $14 billones. Pero, en vista de que se le cayó por inviable su propuesta de ampliar la base del IVA del 53% al 80% de la canasta familiar, se tuvo que conformar con solo la mitad. 

Mientras esto ocurre con el presupuesto nacional, el presupuesto de regalías que se había aforado inicialmente en $19 billones terminó aprobándose por $24 billones. Para ello se adujo que el presupuesto inicial había tomado como base un precio del crudo para este año de USD65 el barril y, según la proyección del Banco de la República, el precio promedio para este año será de USD72 el barril. 

Pero, lo que se predica para el presupuesto de regalías es válido también para el presupuesto nacional, por ello se puede prever que entre mayores impuestos y dividendos se pueda enjugar el déficit para el 2019. No obstante, para ANIF y para el investigador Javier Ávila, a partir del 2020 la situación fiscal se tornará cada vez más difícil y la regla fiscal estará en un grave predicamento, asumiendo el riesgo de perder la calificación de inversión para la deuda soberana de la nación.

Y mientras el Gobierno nacional se verá en calzas prietas para cuadrar sus cuentas y empezará a saltar matones a partir del 2020, el ministro de Hacienda persiste en mantener en el proyecto de Ley de Financiamiento todo un cúmulo de gabelas impositivas para las empresas, so pretexto de que estas “puedan generar más y mejor empleo”. Las mismas se han convertido en inamovibles para el Gobierno. Con razón a esta Ley de Financiamiento la ANIF la ha catalogado como Ley de desfinanciamiento. 

Como lo dice el actual presidente del Comité Intergremial, Jorge Humberto Botero, “como regla general son inconvenientes las gabelas sectoriales, en especial si no se las justifica con anterioridad con sólidos argumentos y se omite computar el sacrificio de ingresos fiscales que comportan”. Es de anotar que mientras los mayores ingresos que le reportará a la nación esta Ley solo resuelven el déficit para el 2019, en contraste los beneficios para las empresas que se aprueben tendrán un carácter permanente. De aprobarse esta Ley, como está concebida, el próximo año por esta misma época estaremos lidiando con otra reforma tributaria para arbitrar los recursos necesarios para solventar el déficit de los años subsiguientes.

Bien dice el exdirector del DNP y exdirector de ANIF Armando Montenegro, al referirse a “la fuerte rebaja de los impuestos y creación de generosos incentivos tributarios a las empresas”, que “numerosos estudios y la experiencia internacional, sin embargo, no confirman estos planteamientos y, más bien, muestran que estas políticas únicamente incrementan el déficit fiscal… el efecto neto sobre las empresas, inicialmente beneficiadas de las rebajas tributarias, seguramente será negativo”. ¡Así de claro!

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