Con el crecimiento acelerado que tiene la COVID-19 en Colombia, a pesar de las acciones desarrolladas, hay que reflexionar, teniendo en cuenta las medidas tomadas en otros países. Revisar qué viene ahora cuando el gobierno ordenó la reapertura de algunas actividades en forma especial. Este es un momento crucial contra el virus, en el empeño de buscar la eliminación, o al menos su disminución, conociendo de su alta contagiosidad, no solamente a partir de casos clínicos, sino también de personas asintomáticas, y aunque en menor proporción de superficies, objetos o materiales contaminados, por lo que las poblaciones afectadas con la COVID-19, muestran acciones devastadoras aún en países desarrollados.

En el conocimiento de la enfermedad por la COVID-19 se han dado importantes avances, como utilización de medios diagnósticos, medicamentos, vacunas y sistemas de atención, logrando salvarse muchas vidas. A pesar de los adelantos, el virus continúa su marcha inclemente, ahora penetrando en las zonas rurales con menor capacidad de respuesta, como en el Amazonas. Afortunadamente, no siempre la forma es grave, y la mayoría sobreviven. Mientras los avances científicos logran soluciones importantes, el más reciente con el uso de anticuerpos, se necesita decidir cómo utilizar nuestros restringidos recursos, en ucis, sistemas de terapia respiratoria o ventiladores, para los casos graves, un 1% aproximadamente, o luchar contra la prevención y manejo adecuado de los contagios.  Creo que se necesitan los dos y los recursos deben ser administrados juiciosamente. Las ucis han sido insuficientes aún en los países desarrollados, la prevención y educación son mucho menos costosas. La medida más fuerte, la cuarentena, es más costosa que todas, ha servido para evitar el desplome de un sistema de salud, de por sí ya bastante deteriorado. El momento llegó, las empresas promotoras de salud, EPS, tienen la gran responsabilidad, por obligación constitucional, pero, como solo de estas funcionan unas pocas, le ha tocado al gobierno asumir la mayor parte. Igualmente las ARL, administradoras de riesgo, tampoco han sido eficientes, ni responsables, sin que la Superintendencia las ponga en cintura.

Los trabajadores de la salud, los más perjudicados, todavía ni siquiera reciben lo justo, principalmente, el debido reconocimiento tanto laboral, que incluye los elementos de protección,  ni los aumentos salariales ganados con méritos, desafiando la muerte todos los días.

Ahora, cuando la COVID-19 llega a las comunidades más desprotegidas, tendremos más dificultades, si no hacemos nada. Una medida de urgencias, que no necesita doctores, simplemente, que todo aquel que tenga el conocimiento de las medidas de protección, las transmita y difunda hasta los lugares más recónditos y desamparados, o utilizando los medios de comunicación que tenemos, cada persona, así como la COVID-19 se multiplica en nuestro caso por tres, podríamos, al menos, llevar la información necesaria a treinta personas que no lo conocen, con una mayor posibilidad de que las cumplan, y puedan retransmitirla.

Desde el punto de vista de Salud Pública, el mayor impacto se logrará con la prevención, la educación, y el empoderamiento de las comunidades, como en los países que no han hecho cuarentena, con buenos resultados, posiblemente porque ya estaban educados, en el distanciamiento social, el lavado de manos, las etiquetas de control del estornudo y tos.

A todo esto, se debe adicionar la detección de casos en forma rápida, para su buen manejo, y el control de su diseminación, utilizando en forma dirigida y adecuada, las pruebas diagnósticas de laboratorio, y de esta manera, tener cifras reales de lo que nos está sucediendo.