Hace dos semanas aproximadamente, el país –indignado– recibió la increíble noticia de dos casos que han aumentado sustancialmente la preocupación por el ejercicio de la justicia en Colombia. El primer caso es la condena para el Estado del Consejo de Estado por los actos violentos del Club El Nogal hace varios años, en donde más de 30 personas perdieron la vida por acción sediciosa, criminal y terriblemente perversa de las Farc. Es decir, las víctimas son obligadas a la reparación con el pueril argumento de que allí se reunían comisiones del gobierno con alguna frecuencia, mientras que los victimarios orondos se encuentran sentados en el Congreso de la República. Vaya paradojas que tiene la vida en este país de experiencias para Subuso.

El otro caso es la libertad para los sindicados de las explosiones en el Centro Comercial Andino de la ciudad de Bogotá, que dejó media docena de víctimas inocentes, acontecido por manos criminales con pruebas fehacientes que aportó la Fiscalía y que la justicia ordinaria parece no haber tenido en cuenta al emitir este fallo absolutamente absurdo contrario a toda lógica jurídica.

La verdad es que estos dos casos recientes nos ponen a pensar mucho con dos hipótesis: hay una ignorancia supina en los magistrados sobre el entorno subjetivo de lo que significa en ambos casos la evaluación de las características de cada delito en concordancia con su impacto social y sus consecuencias nefastas de alteración del orden público, o en segundo término, la ligereza dé la alta jerarquía de las leyes al emitir fallos de esta naturaleza demuestra que hay factores ajenos a la justicia, presuntamente, que están influyendo determinadamente en el criterio de las sentencias, factores como la influencia política, intervención de factores de dinero o contraprestaciones de alguna índole, o amistades o compromisos que podrían eventualmente configurar algún impedimento.

Escuchar a diario en las calles que la justicia en Colombia está podrida ya no causa asombro. A nosotros, educados en la ciencia jurídica de la más alta calidad, nos duele ese epígrafe de la ciencia que amamos, pero a veces nos ponemos a pensar, si acaso esos conceptos serán ciertos. Porque las enseñanzas de los sabios autores que nos indicaron camino como Recassens, Duguit, Bobbio, no aparecen estabilizados, rotundos en estos fallos en donde el termino, el léxico justicia, no aparece por ninguna parte.

Por eso tenemos un país y ahora un gobierno nuevo acorde con estos propósitos que claman por una reforma al sistema judicial colombiano. Frecuentemente leemos o escuchamos en los medios de comunicación que fulanito de tal, detenido por determinado delito infraganti, se le descubre diez o más anotaciones anteriores o que tenía casa por cárcel, situaciones que en ningún país del mundo pueden mostrarse como trofeo. Pero en el fondo lo que pensamos que sería mejor complemento para iniciar este proyecto de reforma podría ser básicamente la manera, el sistema de selección de los magistrados de las altas cortes y finalmente su escogencia con ausencia absoluta de cualquier clase de influencia. Esto podría ser el primer paso fabuloso que tranquilizaría al país y abriría un nuevo horizonte para el cambio esperado.