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Columnas de opinión
Actualizado hace 1 meses

Actúen por favor

El impactante y lamentable suceso dentro de un bus en esta ciudad, donde un atracador disparó su arma en un posible forcejeo matando a Salomé, una niña de tres años, quien iba con su madre a comprar el muñequito de sus ilusiones –y la muerte reciente de otra niña de meses– es una prueba más, por desgracia, de estos episodios que marcan la vergonzosa inseguridad de nuestra capital, igual en todo el país, con agravantes tan sórdidos como establecer en ya casi la mayoría de los casos que los delincuentes, una vez identificados, detenidos, se les comprueba que tenían una orden judicial de casa por cárcel, esa abominable figura que desvirtúa totalmente el sentido estricto de la justicia y revienta como explosión desintegradora de todo principio humano el deber de castigar enérgicamente tras las rejas a todo aquel que viole la ley.

Esto no puede continuar. No es posible –como lo dicen las estadísticas– que más de la mitad de los delitos que afecta la inseguridad ciudadana, principalmente, son cometidos por delincuentes que no cumplían, ni remotamente, la figura de casa por cárcel que se convirtió en una burla y en un desconcierto para la ciudadanía, la Policía que hace su trabajo, la Fiscalía que logra su objetivo, los jueces de garantías que aplican su criterio y que a veces o se equivocan, o se conduelen, o interpretan de manera inexplicable la gravedad de los hechos con atenuantes difíciles de descifrar, pero siempre a favor de los desalmados y muy pocas veces en beneficio del orden y la justicia.

La explicación del presupuesto nacional, del Ministerio de Justicia, del Inpec, es que la casa por cárcel, una figura excepción en el mundo para casos muy contados, especialmente por razones de edad o cuestiones de dinero, fue una decisión de los congresistas en las reformas judiciales de años pasados, para justificar la falta de cupos en las atestadas cárceles del país. Eso es, como pretexto o excusa, un hecho verdaderamente abominable. Echar a la calle potencialmente a delincuentes porque no tenemos mayores sitios de acomodamiento en las penitenciarias es el exabrupto más grande que nos debe producir pena. Es la declaratoria pública de la incapacidad de los gobiernos para resolver un tema de prioridad excepcional. Es la demostración más palpable que en este país se gastan billones de pesos en obras que posiblemente pudiesen cronológicamente medirse más pausadas en su ejecución, e invertir muchas de esas sumas en la primerísima necesidad de construir las cárceles con mayor reestructuración y ampliación del Inpec y lograr eliminar ese pretexto o excusa estúpida que sirve de soporte inicuo a este problema comentado.

La solución está en manos de los congresistas de todo el país, a quienes la comunidad les ruega que actúen y eliminen esa figura abominable y antitécnica de casa por cárcel. Si por razones políticas no pueden unificar criterios para estudiar la reforma a la justicia integral pendiente en la secretaría del Congreso, por lo menos, por favor –facilísimo hacerlo– aprueben una ley única, quizás solitaria de anulación al item comentado y hagan los traslados necesarios de presupuesto para construir megacárceles. Pero actúen por favor rápido, porque la sociedad colombiana está desesperada con la inseguridad auspiciada por estas figuras facilitadoras del delito.

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