Columnas de opinión
Actualizado hace 2 meses

De mentiras y cadenas perpetuas

El debate sobre la cadena perpetua para violadores de niños, es demagógico y utilitarista. 

Su fin principal no es poner freno a los violadores de niños sino hacer populismo. 

En esas están periodistas, funcionarios y, claro, los políticos.

De los terceros, uno lo entiende. Estamos en año electoral, y hay que buscar votos por los medios que sean. 

De los segundos, hasta también. No es que las cosas estén marchando mucho en el gobierno nacional, y una indignación por aquí y una por allá, puede sumar puntos a la reputación perdida.

Lo extraño es que los periodistas, que tienen la misión de ejercer el equilibrio, hayan caído en la trampa y estén haciendo parte del juego.

Pongamos todo en perspectiva: cada día abusan de 54 niñas en Colombia. Como se ve, el problema no son solo las tres inocentes de las últimas semanas, que tanta preocupación ha generado. Me gustaría ver la misma conmoción de los indignados, cada día.

Lo segundo es que el aparato judicial colombiano tiene serias fallas estructurales. Antes de aprobar penas extremas, como la que se sugiere, tendríamos que revisar las causas de la ineficiencia que evidentemente registran los despachos y entrar a intervenir a fondo el sistema. Con los casos adicionales de corrupción que se han conocido históricamente, sería altamente arriesgado, por las implicaciones que tendría un yerro, sea o no intencional.

Habría que resaltar, en tercer orden, que el 90 por ciento de los abusos involucra a padrastros, tíos y hasta padres de las víctimas, no para tener consideraciones con estos depravados, ni más faltaba, sino para distinguir entre estos violadores y los asesinos en serie.

¿Podría el sistema carcelario, ahora bien, hacerse cargo de presos permanentes? ¿Tienen claro los promotores de la cadena perpetua qué pasa al interior de una prisión con los detenidos que, en razón de sus penas, crean auténticas mafias en el penal?

Estoy plenamente de acuerdo en que estos sujetos paguen ejemplarmente por sus culpas.  Pero con la legislación que hoy tenemos, se puede lograr. 

Sería una discusión más sensata, por ejemplo, eliminar todas los atenuantes que tienen las condenas ordinarias. Contra ellos no operaría ningún tipo de rebaja, de manera que los 40 ó 50 años, se cumplirían plenamente.

Volveríamos, otra vez, al principio: ¿Confiamos en los investigadores que se encargan de esclarecer los casos, y en los fiscales que nos representan en los procesos, y en los jueces que tienen que decidir, y en los administradores que deben garantizar por las penas en las cárceles? 

Lo que hay que reformar, en consecuencia, es la mentalidad de políticos, funcionarios y periodistas, para que los unos sean definitivamente más responsables, y los segundos, menos ingenuos. 

@AlbertoMtinezM

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