En tiempos de incertidumbre y reconfiguración geopolítica, Colombia enfrenta un riesgo estructural que rara vez ocupa el centro de la conversación pública: su profunda dependencia del comercio marítimo. Hoy, cerca del 98 % del comercio exterior del país se mueve por vía marítima. Mientras el debate económico suele concentrarse en variables como la inflación, el tipo de cambio o la inversión, este factor silencioso sostiene, y al mismo tiempo expone, la estabilidad nacional.

Más que una fortaleza logística, este nivel de dependencia representa un riesgo sistémico que aún no dimensionamos en toda su magnitud.

En la práctica, significa que cualquier disrupción en el sistema marítimo y portuario, desde eventos climáticos extremos hasta bloqueos logísticos, ciberataques o tensiones geopolíticas, tiene la capacidad de impactar de manera inmediata la economía. No se trata de riesgos aislados, sino de efectos en cadena que pueden frenar exportaciones, encarecer importaciones y presionar la inflación.

Un ejemplo actual que ilustra con claridad la magnitud de este riesgo, son las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo. Este conflicto ha encendido alertas sobre la fragilidad del comercio global. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), por este paso transita cerca del 25 % del petróleo que se consume a nivel mundial, lo que lo convierte en un punto crítico para la estabilidad económica internacional.

Cualquier interrupción en el estrecho, ya sea por conflictos, bloqueos o amenazas a la seguridad marítima, puede generar aumentos inmediatos en los precios del crudo, presionar la inflación global y afectar las cadenas de suministro, lo cual es justo lo que ha ocurrido. En Asia ya hay escasez de gas, en Oceanía, el precio de la gasolina ha subido y en el oriente medio, vuelos se han visto afectados por la falta de combustible. Si un evento de esta magnitud impacta al mundo entero, en una economía como la colombiana, altamente dependiente del transporte marítimo, sus efectos podrían ser aún más profundos.

La situación se vuelve más crítica al considerar la alta concentración portuaria del país. Más del 80 % del movimiento de carga se concentra en pocos nodos, principalmente en la región Caribe. Esta eficiencia operativa, clave para el crecimiento del comercio, también configura un punto único de falla: si uno de estos hubs se ve afectado, el impacto se amplifica a nivel nacional.

A esto se suma que Colombia no solo depende del mar en volumen, sino en valor estratégico. Productos como petróleo, carbón, café, azúcar, químicos y alimentos dependen de una logística marítima estable. Una interrupción no solo retrasa envíos; puede comprometer contratos internacionales, afectar la reputación del país como socio comercial y generar pérdidas económicas significativas.

Sin embargo, el verdadero desafío no es la exposición al riesgo, inevitable en cualquier economía globalizada, sino la baja sofisticación con la que históricamente lo hemos gestionado.

En Colombia, el seguro marítimo y la gestión integral del riesgo no han evolucionado al mismo ritmo que el comercio exterior. Con frecuencia, las decisiones de aseguramiento siguen viéndose como un requisito operativo y no como una herramienta estratégica. Esto limita la capacidad de anticiparse a escenarios complejos y responder con resiliencia ante eventos adversos.

Además, persiste una alta dependencia del reaseguro internacional para cubrir riesgos de gran escala. Si bien esto hace parte de la dinámica global del sector, también introduce variables externas como la volatilidad en precios, la restricción de capacidad y la exposición a tensiones internacionales que escapan al control local.

El resultado es claro: un país altamente dependiente del comercio marítimo, pero aún insuficientemente preparado para gestionar sus riesgos de forma integral.

Hacer visible este “riesgo país invisible” es el primer paso. El siguiente es avanzar hacia una mayor madurez técnica: fortalecer las capacidades locales en gestión de riesgos, promover una cultura empresarial más preventiva y sofisticar el uso del seguro como herramienta de protección estratégica.

Esta conversación también debe escalar al ámbito público. La resiliencia del sistema logístico no es solo un asunto empresarial; es un componente crítico de la competitividad nacional. Invertir en infraestructura es fundamental, pero invertir en gestión del riesgo es igual de urgente.

Colombia tiene el potencial de consolidarse como un actor relevante en el comercio internacional. Pero en un entorno global cada vez más incierto, ese potencial solo será sostenible si logramos anticipar, gestionar y mitigar los riesgos que hoy permanecen fuera del radar.

En economía, lo verdaderamente crítico no siempre es lo más visible. Y en el caso colombiano, el mayor riesgo es precisamente aquel del que menos se habla.

* Vicepresidente Marine de Gallagher Colombia