El feminismo no tiene el monopolio de la participación de las mujeres en la política. Como tampoco la izquierda -como quedó ampliamente demostrado en este gobierno, tal vez el más machista de la historia democrática de las últimas dos décadas- tiene la exclusiva de la defensa pública de los derechos de las mujeres.
Hace poco me topé con un video de la congresista Jennifer Pedraza - una mujer que sin duda ha enriquecido el debate naciona-, sosteniendo que Paloma Valencia no se merece nuestro voto solo por ser mujer, y advirtiendo que “pilas, porque el feminismo no se trata de aplaudir a cualquier mujer porque sube”. La advertencia es legítima como principio. El problema es su aplicación concreta: las mujeres que van a votar por Paloma no lo hacen solamente porque sea mujer, sino por sus méritos, su trayectoria y porque representa junto a Juan Daniel Oviedo una fórmula que une visiones divergentes en un país altamente polarizado.
Otras voces feministas sostienen que su llegada a la presidencia no supondría un avance real para los derechos de las mujeres, en buena parte porque sus posiciones sobre derechos reproductivos y temas como la adopción por parejas del mismo sexo han sido notablemente conservadoras. Frente a eso vale preguntar: ¿es necesario suscribir todas las visiones del feminismo contemporáneo para avanzar en los derechos de las mujeres en un país que jamás ha tenido una presidenta? ¿O es incluso contraintuitivo exigir esa adscripción cuando, como demostraron Hillary Clinton y Kamala Harris, puede restarle votos a cualquier candidatura femenina? Este es quizás el mayor dilema ético que han enfrentado las mujeres en la vida pública, y lo encarnó con nitidez Frances Perkins, arquitecta del New Deal, quien construyó reformas históricas sin jamás abanderar públicamente el feminismo de su época.
El feminismo sí ha sido el motor histórico de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Eso no se discute. Pero de ahí a exigirle a cada mujer en política que se inscriba en esa lucha hay un salto ilegítimo. Y entonces viene el dato incómodo: gran parte del feminismo organizado colombiano votó por Petro con entusiasmo militante. Y Petro resultó ser uno de los mandatarios más cargados de dinámicas machistas en la historia reciente, algo que merece una profunda reflexión para estas elecciones.
Un estudio reciente de la Fundación Mujeres por la Democracia muestra que el 33% de los colombianos identifica la discriminación como la principal barrera para la participación femenina, con independencia de la ideología del discriminador. Estas elecciones ofrecen una oportunidad que Colombia no había tenido: debatir si las luchas de género solo se ganan desde una visión progresista, o si una mujer conservadora puede abrir espacios que otras no pueden. La representación política de las mujeres es más grande que cualquier movimiento. Reducirla a una sola tradición ideológica es, paradójicamente, otra forma de limitarla.
@tatidangond
