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Actualizado hace 10 dias

2017: récord de participación

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En lo corrido de este año la Registraduría ha celebrado 16 eventos electorales de participación ciudadana a lo largo y ancho del país: nueve revocatorias de mandato y siete consultas populares. Otras siete convocatorias están ya oficialmente programadas hasta diciembre (dos revocatorias y cinco consultas), y lo más probable es que otras más lleguen a las urnas entre hoy y fin de año. Todo esto sin añadir unas 80 solicitudes que se encuentran en trámite, que incluyen la revocatoria al alcalde de Bogotá.

Estos datos confirman a 2017 como el año de mayor participación ciudadana desde la reglamentación de los mecanismos de participación de la Constitución de 1991. Ese era el objetivo principal del gobierno Santos al impulsar la Ley 1757 de 2015, el Estatuto de la participación democrática. Esta legislación bajó los requisitos para que los ciudadanos promovieran y convocaran estas herramientas para “incidir en la vida pública”. En el trámite de este proyecto de ley están las firmas de protagonistas actuales de la política, como los candidatos presidenciales Germán Vargas y Juan Fernando Cristo, así como el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el secretario de la Presidencia, Alfonso Prada. 

Lo curioso es que tras haber matado el tigre, muchos están asustados con el cuero. En el caso de las consultas populares, las nuevas normas y fallos recientes de la Corte Constitucional han convertido este mecanismo de participación en una poderosa arma contra las industrias extractivas. Todas las 12 consultas municipales a celebrarse este año y las tres convocadas entre 2013 y 2014 contemplan la prohibición de actividades de minería y de petróleo. 

La crítica al boom de las revocatorias es su uso como arma de revancha política. Desafortunadamente la baja convocatoria de votantes en las urnas les dan la razón a esos opositores al mecanismo: el más alto porcentaje de participación en las 22 revocatorias desde 2013 es de 26% en San Benito Abad (Sucre). Aunque la herramienta hoy se usa más, ningún alcalde o gobernador ha sido revocado en 23 años. 

El gobierno Santos está en mora de aclarar de una vez por todas el alcance tangible de los No de muchos pueblos a las minas y los pozos de crudo. Si bien bajar los requisitos llevó a más convocatorias, la revocatoria del mandato como instrumento necesita unos cambios adicionales:  por ejemplo, demorar su arranque al segundo año de mandato, pero recortar el tiempo de su trámite. 

El pico de participación ciudadana en 2017 es un logro de la Ley 1757, pero refleja las falencias de nuestra cultura política. En vez de ampliar las avenidas para que los ciudadanos incidan en las decisiones públicas, el referendo, la consulta, el plebiscito y la revocatoria son hoy canales incompletos de rabias y revanchas. Tampoco podemos exigirles a estas herramientas que mejoren la calidad de lo que ellas ayudan a fabricar. De tanta participación no debe quedar solo el cansancio y la frustración.  

@pachomiranda

Imagen de cheyenn.lujan

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