Colombia nunca se ha distinguido por ser una sociedad que cuide realmente a su población vulnerable, los niños, los ancianos, las poblaciones marginadas. Ni siquiera defiende los derechos de las mujeres –que no son parte de los sectores vulnerables– y que conforman la mayoría de la población del país. Por eso somos como somos: desiguales, injustos, con patrones de comportamiento que no siempre cumplen las normas de una sociedad sensible y responsable. No sorprende que la situación de los menores de edad, niños y niñas, llene las páginas de los periódicos sin que se observe realmente una mejoría en su calidad de vida ni en los sistemas de protección.
Hecha esa salvedad, lo que se está convirtiendo en un verdadero horror que debería avergonzarnos, es la vida de los niños y niñas de la Región Caribe. Ahora que al frente de Bienestar Familiar está Cristina Plazas, una mujer dinámica y comprometida, es hora de que se sienta realmente un cambio en las regionales de Bienestar Familiar en estos 8 departamentos caribeños. Lo de La Guajira, solo comprable con lo que sucede en el Chocó, el departamento más pobre del país, es una realidad desde hace muchos años y que el ICBF conoce perfectamente desde tiempo atrás. Que los niños de las familias indígenas se mueren de hambre y de todas las consecuencias de no recibir la atención que el Estado debe prestarle, es una ya larga historia. Que muchos de los hogares de madres comunitarias, a pesar de la contribución subestimada de estas mujeres, no disponen de los medios para no reproducir la pobreza, es una realidad desde San Andrés hasta el resto de los departamentos caribeños. Que cuando se denuncia en Bogotá estas situaciones no hay respuesta inmediata es algo que se volvió recurrente.
Por conocimiento de causa se puede afirmar que mientras la politiquería esté llenando las instituciones regionales, la directora, en este caso Cristina Plazas, puede ser una maravilla, pero la gestión regional será tremendamente deficiente. Como los niños no votan, a los caciques regionales, que son los que ponen los candidatos, no les importa la capacidad de sus recomendados. Este no es solo el caso del ICBF sino de muchas entidades territoriales, pero en el caso de los menores de edad es inadmisible.
Para ser justos, no solo falla el ICBF regional. Ahora resulta que a los niños, esos contratistas de quinta categoría les están dando comida contaminada. ¿Dónde estará el corazón de estos bárbaros y de los que les adjudicaron esa crítica labor a una mano de corruptos e irresponsables? Después de la denuncias que publicó EL HERALDO no se ha anunciado ninguna sanción y aparentemente no se ha despedido a nadie. Tanta alharaca sobre las maravillas de Barranquilla y sus niños pobres son tratados en la peor forma posible y no pasa nada.
Más que repetir la desgastada frase de que los menores, niños y niñas, son el futuro del país y en este caso del Caribe colombiano, lo que se debe anotar es que crímenes de está naturaleza deberían sacudir a esta sociedad. Precisamente porque Barranquilla es una ciudad pujante, los beneficios deben llegarles a los más débiles, a los niños pobres; no solo a los empresarios y a la élite de esta ciudad. No más insensibilidad de esta sociedad que solo parece reaccionar positivamente cuando frente a una emergencia se trata de donar mercados. Debe afirmarse que la solidaridad real y efectiva se ejerce todos los días.
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