Las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano se dan a espaldas de los intereses y la participación de las mujeres, género que debería ser protagonista en un proceso donde se pretende salir de un conflicto armado que ha discriminado y victimizado a las mujeres.

El Estado colombiano tiene la obligación internacional de propiciar la intervención de las mujeres en la toma de decisiones encaminadas a buscar soluciones de conflictos armados o procesos de paz, así como la de crear mecanismos institucionales que promuevan la perspectiva de género en los diálogos. Conforme a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, los Estados están obligados a cumplir con estas disposiciones, no obstante, el Gobierno, desconociéndolos en su totalidad, no ha incluido representantes de las mujeres entre sus negociadores, como tampoco ha propiciado espacios para que las mujeres opinen sobre las decisiones que se tomarán en La Habana.

La discriminación y la violencia contra la mujer han sido patrones constantes en tiempos de paz, pero estos hechos se agravan en medio de un conflicto armado, donde las mujeres son víctimas directas o colaterales del actuar de los grupos armados. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia las mujeres ha sido objeto de trato inferior y discriminación por parte de los grupos armados, donde la guerrilla, de manera generalizada y sistemática, ha desarrollado diferentes formas de violencia física, psicológica y sexual para lesionar al enemigo.

Los sufrimientos que han tenido que vivir las mujeres del campo, quienes han sido las más afectadas de la toda la sociedad, no pueden ser entendidos por quienes escasamente alcanzan a dimensionar los perjuicios de una víctima que no ha sido objeto de violencia sexual.

Por lo que unas negociaciones donde se pueden estar previendo mecanismos de reinserción o penas alternativas a los miembros de la guerrilla, sin tener en cuenta las experiencia de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género implica una revictimización de las mujeres que han sido blanco directo de sus acciones. ¿Qué puede sentir una mujer víctima de violencia sexual cuando el victimario vuelve la vida civil sin ser sancionado por los daños que le causó?

Es imposible alcanzar la paz sin la participación de las mujeres, en tanto sería desconocer los derechos de la mitad de la sociedad, entender la verdad de la historia desde la versión de los victimarios mas no de las víctimas, y perpetuar los índices de impunidad característicos en nuestro país.

La materialización de los derechos humanos de la mujer se tiene que dar de manera transversal en todas las decisiones del Estado que puedan vulnerar sus derechos o intereses, por lo que en Colombia el Gobierno debe adoptar medidas que logren proteger estos derechos, y que entiendan las necesidades de las mujeres, en particular las que viven en el campo, las cuales no son representadas por figuras que desde las instituciones centrales pretenden dar soluciones a asuntos cuya complejidad desconocen.

Nuestros derechos merecen quien los defienda, la igualdad de la mujer es una ilusión en Colombia mientras la discriminación es una constante que atenta todos los días contra nuestros derechos. Santos se comprometió a promover la participación de la mujer en su gobierno, y en práctica ni siquiera se cumple con la Ley de Cuotas al interior del Ejecutivo.

Por Tatiana Dangond
@tatidangond