Víctimas piden que Mancuso sea extraditado
“Falta mucho por ser revelado: las relaciones entre las AUC y proyectos políticos y económicos protegidos desde el Estado”, se lee en la carta.
A través de una carta pública, un centenar de víctimas del exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, le pidieron a la Fiscalía y a la Cancillería que procuren la extradición del exparamilitar a Colombia y eviten su deportación a Italia, "pues aún tiene procesos por los cuales responder en el país".
Ponen de presente ante "la posibilidad de que Salvatore Mancuso sea deportado a Italia el próximo 26 de agosto, lo que consolidaría un escenario de impunidad para las víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo en Colombia", que "actualmente el exjefe paramilitar tiene dos solicitudes de extradición vigentes según la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla".
Estas peticiones, recuerda, fueron emitidas el 11 de marzo pasado: "La primera es del 24 de octubre de 2019 por 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros, medida de aseguramiento que quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 2020. Y la segunda orden de captura fue expedida el 6 de marzo de 2020 por un proceso relacionado con 14 homicidios en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas".
Califican por ello la actitud del Estado como "negligencia para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria".
Señalan en este sentido que Mancuso debe responder en "aproximadamente 650 procesos a los que ha sido vinculado y de los cuales ha reconocido 123 mil hechos en Justicia y Paz".
Registran las víctimas en la misiva los altibajos del proceso de solicitud de extradición: El 15 de abril del presente año, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia informaron que Mancuso fue pedido en extradición por solicitud de Justicia y Paz. Sin embargo, el juzgado penal con función de Ejecución de Sentencias para las Salas del Tribunal de Justicia y Paz ordenó cancelar el pedido de extradición porque la condena a 27 años y 8 meses que se le impuso por el delito de secuestro extorsivo fue objeto de acumulación en el modelo de Justicia y Paz, y por lo tanto, esa pena ya estaría redimida. Este fallo implica, que la orden de captura que estaba vigente por ese delito y que fue prorrogada por el juzgado 18 de Ejecución de Penas se canceló, porque ese juzgado no tenía competencia para ello.
"Aun con esta decisión, una vez Mancuso fuese deportado a Colombia enfrentaría otra orden de captura por un proceso de lavado de activos, delito presuntamente cometido después de su desmovilización. Este caso no fue utilizado por la Fiscalía y no aparece en la solicitud de extradición de Colombia a Estados Unidos", se lee en la carta.
Advierten que "falta mucho por ser revelado", por ejemplo, la información que "devela las relaciones entre las estructuras paramilitares y proyectos políticos y económicos defendidos y protegidos desde el Estado".
Y concluyen: "Las víctimas de las 139 masacres perpetradas por Salvatore Mancuso que cobraron la vida de más de 837 personas, entre ellas, las víctimas de la masacre del Aro, Antioquia (22 de octubre de 1997); La Granja (15 de junio de 1996); Pichilín, Sucre (4 de diciembre de 1996); Pijiguay, Sucre (6 de septiembre de 1997); masacres de La Gabarra y la de Tibú, Norte de Santander (agosto de 199 y julio de 2000, respectivamente); masacre de Chengue (enero de 2001), sabemos que no toda la verdad ha sido contada y que importantes verdades están siendo negadas a la sociedad".
Ante lo que se preguntan: "¿Qué se pretende ocultar con la inacción e inoperancia del Estado colombiano? ¿Quién le teme a la verdad?".
