El Heraldo
Catalina Calderón, directora asociada de Women's Equality Center para Latinoamérica y el Caribe. Cortesía
Colombia

“Son las barreras del sistema las que obligan a las mujeres a abortar en estados avanzados”: Catalina Calderón

La directora asociada de Women's Equality Center para Latinoamérica y el Caribe, Catalina Calderón, conversó con EL HERALDO sobre el caso de interrupción del embarazo en Popayán que ha generado polémica entre la opinión pública.

Ante la controversia que ha suscitado en el país el caso de la mujer que, amparada en un cuadro de depresión, interrumpió su embarazo a los siete meses de gestación, por lo que su exnovio y aparente progenitor del feto anunció que la denunciará por supuesto homicidio, la directora asociada de Women's Equality Center para Latinoamérica y el Caribe, Catalina Calderón, le dijo a EL HERALDO que son las mismas barreras del sistema de salud colombiano las que obligan a las mujeres a abortar en avanzados estados de gestación.

La discusión está planteada además, porque la mujer presentó un cuadro de depresión, lo que según el dictamen médico constituye una de las causales en que se permite interrumpir el embarazo en Colombia: peligro para la vida de la madre, así como también se despenaliza en casos de violación y malformación del feto.

Calderón, representante de la organización internacional con sede en Nueva York que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, hace un llamado a que, como lo plantea la ponencia que se discute en la Corte Constitucional, se despenalice completamente el aborto en el país durante las primeras semanas del embarazo.

P.

¿Qué opinión le merece este caso de Popayán?

R.

Como organización precisamente hemos oído voces que dicen que son las barreras que existen hoy en Colombia para la interrupción voluntaria del embarazo las que finalmente terminan empujando a que en muchos casos las mujeres terminan navegando un sinfín de barreras que hacen que lleguen hasta estados avanzados de la gestación. El llamado debe ser a que se eliminen el 100% de las barreras en el sistema de salud colombiano y aun así hacer un llamado para que en el primer trimestre quede despenalizado totalmente.

P.

¿Estas barreras que atrasan el procedimiento no ponen, paradójicamente, en mayor peligro a la mujer?

R.

Pero es clarísimo y no solamente la ponen en peligro sino que hace poco escuchamos un caso en donde una mujer nos decía que en el tiempo en que se enteró se encontraba en una causal, y mientras navegaba todo el sistema pensó hasta en cómo quitarse la vida. Y además es un trauma al que sometemos a muchas mujeres.

P.

¿El exnovio del caso tiene alguna potestad jurídica para decidir sobre la interrupción del embarazo de la mujer?

R.

Absolutamente ninguna. Asidero jurídico no hay. Y realmente frente a este caso particular hemos escuchado el relato del señor, pero no tenemos idea de cuál es el relato de la mujer y no tenemos claridad de si los hechos son ciertos o no, pero como quiera jurídicamente las personas adquirimos derechos con el nacimiento. Antes de eso no hay ciudadanía, y lo que sí está claro es que este señor no tiene ningunos derechos, no hay paternidad probada. Hay que ratificar que un tercero distinto a la mujer no puede decidir sobre su salud reproductiva, la mujer es la única que debe determinar en qué momento será madre.

P.

¿Qué consideraciones le merecen los anuncios de denunciar a la mujer por supuesto homicidio?

R.

Nosotros sencillamente como no tenemos acceso al caso específico tomamos las anotaciones que hizo Profamilia, en donde dice que la interrupción está amparada por la ley colombiana. La mujer está incursa dentro de una de las causales. Y hace un par de semanas la Fiscalía revelo que más de 5 mil mujeres han sido perseguidas en el último año con este tema. Las denuncian y la Fiscalía finalmente cumple con su obligación al tener la penalización del delito del aborto. ¿Vale la pena que la Fiscalía se desgaste en estas investigaciones?

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