Solicitud de libertad de Uribe continúa el próximo martes
Las víctimas pidieron que el proceso se envíe a la Ley 600 mientras que la Fiscalía, Procuraduría y defensa dicen que se debe quedar en la Ley 906.
La jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, dispuso el miércoles la continuación de la audiencia de solicitud de libertad del expresidente Álvaro Uribe para el próximo martes 22 de septiembre a las 9 de la mañana.
Previo a ello, la togada deberá resolver si el proceso debe cursarse por la Ley 600 de 2000, antiguo sistema penal que rige en la Corte Suprema de Justicia, o por la Ley 906 de 2004, nuevo sistema penal acusatorio.
Reynaldo Villalba, integrante del Cajar y representante del senador Iván Cepeda –considerado víctima en el proceso por presunta manipulación de testigos–, consideró que “si se cambia el sistema se pierde la calidad de la prueba y se vulnera uno de los principios de la justicia, se pierde un alcance jurídico sustancial y se produce la interferencia. Se debe cambiar el juez instructor y no el sistema penal”.
El exfiscal general Luis Eduardo Montealegre, acreditado como víctima en el caso junto al ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, coadyuvó la solicitud de Villalba y expuso que “en este caso no estamos frente a un tránsito de legislación, sino a una coexistencia de procedimientos, porque los hechos fueron cometidos bajo la Ley 600, que de acuerdo con el Artículo 29 de la Constitución es la ley preexistente”.
El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, expuso que “nadie se atrevería a plantear que es más garantista para el investigado la Ley 600 que la Ley 906. Y también para las víctimas es más adecuado: es de oralidad y publicidad, por la verdad y la justicia que reclaman las víctimas”.
La procuradora del caso, María Lourdes Hernández, indicó que “es claro que el tránsito de una legislación a otra en razón del fuero está avalado por la Corte, no existiría una razón para negarse. Esto es: que una persona al perder su fuero tenga derecho a que se le juzgue por la ley de los no aforados, que es la Ley 906”.
El defensor del expresidente, Jaime Granados, puso de presente que “a partir del 2008 en todo el territorio nacional el único sistema penal que se aplica para hechos cometidos en Colombia será la Ley 906. Y se determinó que se diera un paralelismo, y la excepción que se dio fue el criterio del fuero. (...) Si los delitos no tienen una relación con la función de congresista desaparece esa competencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca exhortó el pasado lunes al presidente Iván Duque a que “en lo sucesivo y mientras mantenga la investidura como primer mandatario sea imparcial en sus publicaciones (sobre Uribe)”.
Esto luego de la tutela interpuesta por el escritor Sergio Pérez, quien invocó el derecho fundamental a la igualdad.
Análisis
El abogado penalista Óscar Sierra le dijo a este diario que el paso del proceso contra Uribe de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía implicaría que se hiciera un borrón y cuenta nueva con el trabajo probatorio del proceso. “Es una pregunta muy polémica, pero lo cierto es que todo lo que estructuralmente en temas probatorios no sea compatible con la Ley 906 debería practicarse de nuevo, de manera tal que tanto las formas como el debido proceso y el derecho de defensa puedan ejercerse a plenitud bajo el amparo de esta norma”.
Agregó que las víctimas “fundamentaron su solicitud erróneamente en que como los actos procesales de un sistema no pueden ser homologados al otro, por ejemplo las pruebas recaudadas deberían repetirse y eso sacrificaría el debido proceso y las garantías”.
Las partes
