Silencio en Caracas ante la detención de 59 colombianos
Gobierno asegura a través del Consulado que ha emitido 24 notas diplomáticas pidiendo explicación de la situación de los connacionales.
Luego de que EL HERALDO diera a conocer la situación en la que se encuentran desde hace más de un año 59 colombianos (entre ellos 54 costeños) en un centro de reclusión en Caracas, Venezuela, aún se desconocen las razones de por qué se encuentran detenidos.
Mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha mantenido en completo silencio, el del presidente Santos tampoco ha mostrado, al menos públicamente, interés en dar a conocer a fondo la situación.
Entre tanto, EL HERALDO tuvo acceso al último comunicado del Consulado colombiano en Caracas, emitido el 5 de octubre, donde se le solicita al director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano (Saime), Juan Carlos Dugarte, que “dé a conocer la situación migratoria y la posible fecha en la que se decidirá la expulsión de los connacionales detenidos”.
El documento, firmado por Juan Norberto Colorado Correa, cónsul de Colombia en Caracas, resalta que “el despacho del Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, manifestó oficialmente que los ciudadanos recluidos en el comando de la Policía están a la orden del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)”.
Ante esta situación, Germán Castañeda, encargado de Negocios de Colombia en Venezuela, explicó esta semana a este diario que “si la detención se da por estar indocumentados en Venezuela, lo que debe ocurrir es que el Gobierno venezolano realice una deportación de este grupo”.
El caso
El 1o. de septiembre de 2016 el presidente Maduro anunció, durante su participación en una concentración oficialista, los resultados de un operativo policial adelantado en la capital venezolana contra “un campamento de paramilitares colombianos”.
“Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas, a 500 metros del Palacio de Miraflores”, detalló el mandatario venezolano.
A la fecha están en prisión solo 59 colombianos de los 92 capturados. Los mismos detenidos afirman que el resto “se ha fugado, otros tres han fallecido y como a cinco les han dado medida humanitaria de salida”.
El consulado colombiano en Caracas, por su parte, indica que dentro de los detenidos se encuentran 10 colombianos que por orden del gobierno venezolano “debían ser expulsados luego de haber cumplido sentencia y haber pagado su pena”.
“Esto es político”
Andrés Barreto González, abogado y miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, deduce que el silencio del Gobierno de Venezuela a las 24 notas consulares emitidas por el consulado en Caracas responde a un juego político y no jurídico debido a la reciente acusación que Colombia le hizo a Venezuela de ser una dictadura.
La tensión política, explica el experto, también se evidencia en hechos como el cierre de la frontera en 2015. “Todo esto produjo que se rompieran los canales diplomáticos y políticos entre ambos Estados”.
Es por ello que la situación de los 59 detenidos sin haber de por medio una orden judicial, salvo la acusación de Maduro, evidencia aún más la “ruptura de esos canales”. Barreto detalla que la diplomacia tiene unos lineamientos para este tipo de casos que van desde notas consulares hasta notas de protesta.
Ante el agotamiento de la asistencia consular, el jurista señala que “la Cancillería colombiana debería elevar una nota de protesta contra Venezuela como medida diplomática y política, aunque esta no surtiría ningún efecto práctico”.
“Colombia tiene la posibilidad de elevar el tema ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del cual Venezuela hace parte, algo que es absurdo porque ese país tiene un récord internacional en detenciones abusivas sin órdenes judiciales, pero es la instancia a la cual se puede acudir”, apunta Barreto.
“Maduro no va a ceder”
Para el abogado y catedrático internacionalista Vicente Torrijos, la retención de los 59 “son maniobras propias de un régimen totalitario”. Maduro hace esto con el fin de mantener en zozobra a un gobierno como el colombiano y, con ello, asegurar en el área un clima de impunidad y de irrespeto a la democracia. Mientras tanto, el gobierno Santos se ha movido pragmáticamente en dos aguas: por un lado, favoreciendo a la dictadura porque la ha necesitado para negociar los acuerdos con las Farc y el Eln y, por otro, queriendo complacer a Trump mostrándose distante ante Maduro. Los afectados de todo esto son los compatriotas como los que están en prisión, o como los que fueron expatriados sin ningún motivo, y aquellos que están allá, que también padecen los rigores que sufren los venezolanos”.
Frente al hecho de que la Cancillería estudia una posible denuncia ante la Cidh señala el analista que “todas las opciones pueden ser exploradas, y esa de la Cidh podría eventualmente ser un mecanismo de presión, pero dudo que la dictadura vaya a ceder ante eso, pero por otro lado lo habitual es una negociación bilateral y que el gobierno tenga una voluntad política para desarrollar una iniciativa que enfrente a Maduro”.
Finalmente, sobre si hay acuerdos o convenios de derecho internacional que obliguen a Venezuela a liberar a los colombianos detenidos irregularmente, Torrijos advierte que “no hay nada que lo obligue porque hace parte de la administración de ese gobierno”, pero agrega que se han cometido delitos y se han violado derechos en esa encarcelación: “porque no hay un proceso, ni garantías, y por lo tanto sus derechos fundamentales han sido afectados”.
Presidente del Congreso pide a Venezuela una respuesta “concreta”
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, solicitó a las instituciones del Gobierno venezolano una respuesta concreta en relación a la situación de los 59 connacionales detenidos desde hace más un año en Caracas.
“Pedimos que haya una acción de fondo tras la exigencia que le hacemos al Gobierno venezolano en emitir una respuesta sobre el caso. Me parece que desde el Congreso, desde nuestra autoridad, hemos hecho lo que nos corresponde, aunque creemos que esto al Congreso venezolano le puede parecer inocuo. Las instancias de Congreso a Congreso son importantes, pero la Asamblea venezolana está disuelta por la Constituyente, poco será lo que surja”, explicó el senador conservador barranquillero.
En cuanto a la posición de la Cancillería, Cepeda indicó que la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, “está preocupada por el asunto”. “Ella tiene el firme propósito de hablar directamente con el canciller venezolano. Aunque las relaciones entre ambos países no son las mejores. Le propuse que si no ve respuesta satisfactoria de Venezuela debería ir a una instancia superior internacional”.
“El Gobierno colombiano ha sido duro con Venezuela en los últimos pronunciamientos”, asevera el congresista, al descartar una ‘pasividad’ por parte del gobierno de Santos ante la situación.
El clamor de Rosa Domínguez para que le devuelvan a su hijo
La vida de Rosa Domínguez no es la misma desde que hace poco más de un año el segundo de sus cuatro hijos, Héctor Machado, fue detenido en Caracas. Las autoridades de ese país lo capturaron el 21 de agosto de 2016, precisamente cuando se dirigía a tramitar el pasaporte para regresarse a Colombia. “Lo cogieron por indocumentado, pero después lo señalaron de paramilitar, cuando él es un muchacho trabajador, que nunca le ha hecho daño a nadie”, dice la mujer en medio de la angustia que la embarga.
En un apartamento de la etapa tres de la urbanización Leandro Díaz, al sur de Valledupar, Rosa y su hija Maira Mojica viven pendientes del teléfono para estar al tanto de su ser querido. Indicaron que Héctor se fue hace 11 años para Venezuela en busca de nuevos horizontes y mejor futuro. “Era un muchachito cuando se fue con uno de sus tíos, tenía en ese entonces 15 años, ahora tiene 26, pero después de todo este tiempo, cuando por fin decidió regresar, fue puesto preso, está en un establecimiento carcelario en Venezuela bajo condiciones críticas, se ha enfermado varias veces, y una de ellas de gravedad”, contaron.
“Le pido al presidente Maduro que libere a mi hijo, quien es inocente. Esto es muy duro, ha sido un año de sufrimiento”, precisó entre lágrimas Rosa Domínguez, quien espera a la vez que el Gobierno de Colombia interceda para la liberación. Maira, hermana de Héctor, sostuvo que “él está deprimido, dice que no es justo que lo tengan allá”.
Con la fe puesta en que se dará la libertad de Yair Tapia
Yolanda Tapia Valdés habla con la firmeza de quien tiene la fe puesta en Dios para que su hijo sea liberado. La mujer, que es natural de San Onofre pero vivió durante mucho tiempo en Unguía (Chocó), tuvo que desplazarse a Venezuela junto con sus 6 hijos por la violencia que allí se presentó. Las circunstancias, no obstante, la obligaron a regresar.
De nuevo en su país, relata Yolanda, se le presentó una oportunidad de enviarle dinero a su hijo Yahir Tapia para que se viniera, pero “él tuvo miedo porque se encontraba indocumentado” y en diversas ocasiones había sido maltratado por la Guardia Venezolana.
“Cuando él tomó la decisión de venirse a Colombia, tuvo que dormir durante dos noches en el terminal de La Bandera, esperando por alguien que le comprara el pasaje, por él estar indocumentado. Por eso prefirió entregarse en Migración para que lo deportaran, pero nunca pasó, se quedaron con él hace más de un año, y hoy lo acusan de paramilitar”, explicó Yolanda.
La mujer pide al Gobierno colombiano que “haga algo porque mi hijo nos dice que allá lo tratan de paramilitar y él no es eso, es albañil, honrado y trabajador”, dijo la madre.
Yolanda reside en el barrio El Salvador, en la zona norte de Sincelejo, junto a la mujer de Yahir y sus dos hijos. “Yo creo en un Dios grande y poderoso, y lo que el hombre no hace, lo hace Él; siempre le digo que tenga fe y no desmaye, que el Padre escucha las oraciones”, concluyó la mujer.
“Que se acabe la pesadilla para Luis Gabriel”: Marbelis Roa
El sábado en la mañana, a las 9:30, Marbelis Roa se comunicó con su compañero sentimental, uno de los 23 bolivarenses que está privado de la libertad en La Yaguara, Caracas. Contuvo el llanto cuando escuchó que su esposo Luis Gabriel Villa Valdez no tenía alimentos y que estaban preparando lo último que quedaba de una harina pan que le habían enviado.
Asegura que cada día que pasa mira al cielo y le pide al Todopoderoso para que esta pesadilla que están viviendo por cuenta de un presunto plan de paramilitares contra el presidente Nicolás Maduro logre superarse y que recobren su libertad luego de que les definan su situación.
Natural de San Cayetano, Bolívar, este jardinero de 35 años salió para el vecino país como todos los colombianos, buscando un mejor porvenir. Infortunadamente, no contaba con los documentos que dieran cuenta de la legalidad de su estadía en Venezuela. Así como él, fueron detenidos 59 colombianos.
Marbelis asegura que todos los días habla con su compañero, a quien conoció en Caracas y decidieron unir sus vidas.
Valora los esfuerzos que hacía Luis Gabriel para sostener el hogar compuesto por ella y sus dos hijos. Con una voz bastante resquebrajada por la situación, señala que su marido le dice que los tienen encerrados y nadie les dice nada. Todos los días terminan siendo lo mismo, pues además de que no tienen nada en qué ocuparse, no cuentan con la alimentación y son pocas las medidas de higiene que mantienen en esta dependencia.
