Se requiere regular los servicios que prestan los exmilitares: Rafael Guarín
Así lo afirmó en una entrevista con EL HERALDO, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional.
El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, se refirió en entrevista con EL HERALDO al caso de la veintena de exmilitares colombianos presuntamente implicados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, frente al que señaló que “se requiere una regulación sobre la prestación de servicios en materia de seguridad por parte de ex miembros de la fuerza pública colombiana a empresas privadas extranjeras o nacionales, cuando tienen lugar en el exterior, e inclusive cuando se da a otros gobiernos. Hay que transparentar ese mercado laboral y garantizar la trazabilidad”.
¿Qué sabe de la supuesta participación de su primo en los hechos en Haití?
La investigación está a cargo de las autoridades de Haití y con la Policía se está haciendo acompañamiento. Es tremendamente lamentable que exmiembros del Ejército aparezcan vinculados en la serie de acontecimientos relacionados con el asesinato del presidente Jovenel Moise. Respecto al hijo de uno de los diez hermanos de mi padre, con el que no he compartido a lo largo de mi vida, carezco de información sobre su participación, distinta a lo publicado en medios.
¿Está fallando en algo el proceso de retiro de militares en el país y qué ha pensado el Ejecutivo para evitar que situaciones como las de Haití se repitan?
Los colombianos que han estado en las FF. MM. son muy apetecidos por las empresas de seguridad privada legales para prestar sus servicios en contextos muy complejos, dada su experiencia, conocimiento y adiestramiento. No olvide que el Ejército colombiano es de los más preparados del mundo y ha contado con hombres con experiencia real en contrainsurgencia y contraterrorismo, cuestiones que otras fuerzas solo conocen en los libros y en las películas. Eso lleva más de una década y hasta ahora no habían aparecido vinculados a circunstancias como ésta.
Sin duda, se requiere una regulación sobre la prestación de servicios en materia de seguridad por parte de ex miembros de la fuerza pública colombiana a empresas privadas extranjeras o nacionales, cuando tienen lugar en el exterior, e inclusive cuando se da a otros gobiernos. Hay que transparentar ese mercado laboral y garantizar la trazabilidad de las personas, empresas y servicios, para evitar situaciones como las de Haití y preservar el buen nombre de Colombia y de las Fuerzas Armadas.
¿Qué opinión le merece el informe de la CIDH?
Los fundamentos de la política de Gobierno coinciden en gran parte con los expuestos en el informe de la CIDH. En particular, respecto a la política de seguridad, hemos sido absolutamente claros, comenzando por el presidente Iván Duque, en que la legitimidad de la fuerza pública radica en el respeto y garantía de los derechos humanos. Todas las recomendaciones que en el contexto de Colombia contribuyan a cumplir esa obligación de respeto y garantía, se recogerán.
¿Qué recomendaciones de la CIDH se acogerían, y las que no, por qué para el Gobierno son inconvenientes?
Son 40 recomendaciones, que en su mayoría coinciden, insisto, con los fundamentos de la política de gobierno en las más diversas materias. Por eso, muchas ya están en ejecución. Hay asuntos en que existe diferencia respecto al medio, no frente al fin, que es el respeto por la dignidad humana.
Ejemplo, separar la Policía del Ministerio de Defensa. Esa sugerencia omite el desarrollo histórico de las instituciones colombianas y cabalga sobre dos equivocadas suposiciones: que la Policía está militarizada y que eso se debe a que está en ese. Primero, la Policía es un cuerpo civil armado no solo por definición constitucional sino porque todo el componente de seguridad ciudadana tiene una formación para actuar bajo el régimen jurídico de derechos humanos. Hay otras razones que justifican la actual ubicación orgánica de la Policía, una de ellas, la necesidad de coordinación con las FF. MM. para enfrentar amenazas violentas de gran dimensión como el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’. Otra, no vamos a repetir la historia de la nefasta injerencia partidista en la policía de los años 40 y 50, cuando estaba en el hoy Ministerio del Interior.
¿No queda mal Colombia en lo internacional al no asumir la totalidad de recomendaciones de este organismo, sobre todo cuando Bogotá ha asumido un rol en el reclamo del respeto a los DD. HH. en Venezuela?
No se trata de quedar bien o mal, sino de cumplir estrictamente con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución. Eso lo está haciendo el gobierno Duque. Dos cosas: los actos de vulneración de derechos humanos no corresponden a una política estatal y por eso es el Gobierno el principal impulsor de que la administración de justicia actúe con total rapidez y decisión para sancionar a quienes han incurrido en exceso de uso de la fuerza o en otras situaciones que configuren delito. Y eso se debe hacer por la justicia ordinaria, no por la justicia penal militar. De la rigurosa justicia y sanción depende la legitimidad de la política de seguridad y del Estado. Y, segundo, no es comparable la democracia colombiana, con un sólido estado de derecho, como lo reconoce la CIDH, con una dictadura como la de Maduro.
