Se cae nombramiento de Nicacio Martínez en la Otan
Frente al escándalo de los nuevos perfilamientos de inteligencia y seguimientos ilegales, Duque afirma que la instrucción es “llegar hasta el fondo” de los hechos.
El Gobierno tomó ayer la determinación de no seguir adelante con el nombramiento del excomandante del Ejército, general Nicacio Martínez como agregado militar de la Otan, en medio del nuevo escándalo de los perfilamientos de inteligencia y seguimientos ilegales a periodistas, activistas, sindicalistas y funcionarios estatales desde dependencias militares.
El cargo para Martínez, que se retrasó por las restricciones en los traslados que impuso el coronavirus, estaba listo desde poco después de haber pedido la baja el pasado 27 de diciembre, en el marco de otro escándalo de ‘chuzadas’ castrenses.
“Llegar al fondo”
El presidente Iván Duque aseguró ayer que ha dado la instrucción de “llegar hasta el fondo sobre autores materiales e intelectuales de estas prácticas inadmisibles”.
“Mi instrucción es una y muy clara: acá se tiene que llegar al fondo, hasta las últimas consecuencias de quiénes son los autores materiales e intelectuales de este tipo de prácticas. No solamente porque yo rechazo que se hagan perfilamientos de periodistas, de líderes de organizaciones protectoras de derechos humanos, sino también de funcionarios de la Presidencia de la República, incluyendo al secretario general de la Presidencia, que es la cabeza administrativa”, dijo el jefe de Estado en entrevista con Emisora ABC de Barranquilla.
El presidente, igualmente, recordó que el año pasado le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que realizara una “auditoría exhaustiva de cómo ha funcionado la inteligencia militar en los últimos 10 años”.
Y explicó que esa tarea la asumieron el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.
“No es institucional”
El general Navarro aseguró precisamente ayer que este nuevo episodio de espionaje ilegal “no es una política institucional”.
La idea de las Fuerzas Militares, agregó el alto mando en entrevista con la emisora ‘Blu Radio’, es “que las investigaciones nos lleven a establecer quiénes estaban detrás de esto”.
Frente al diagnóstico inicial del porqué se destapan reiteradamente este tipo de hechos, el general señaló: “Hay unas fallas de protocolo de supervisión, de control, de responsabilidades en cadena de mando de ciertas unidades”.
Afirmó además el comandante de las fuerzas castrenses que en las ‘chuzadas’ no están implicados recursos de la cooperación internacional, y sobre todo de la de los Estados Unidos.
Debate en Senado
El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, propuso ayer a la Comisión Segunda del Senado citar a un debate de control político por estos hechos a los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del Interior, Alicia Arango.
Así mismo, se busca que respondan en la sesión virtual los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército; el jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, general Gonzalo García, y el director de Inteligencia, almirante Rodolfo Amaya.
Finalmente, como invitados, se citaría al fiscal Francisco Barbosa y al procurador Fernando Carrillo.
Piden documentos
La Comisión de la Verdad solicitó al ministro de Defensa entregarle los documentos relacionados con los nuevos seguimientos y espionajes informáticos, “a fin de esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.
Agrega el organismo de la justicia transicional que “la puesta en evidencia de la reiteración de estos hechos lamentables tiene que ser ocasión para que la sociedad y el sector defensa, cuya legitimidad nos importa a todos, lleguen hasta las transformaciones necesarias que tocan el fondo del problema”.
Por ello, se lee, “dentro del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588”, la Comisión hace la solicitud a la cartera de seguridad.
“En diversas ocasiones el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales que han incurrido en estas conductas. Sin embargo, los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces. Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública. Esperamos que el retiro de oficiales del Ejército comprometidos, además de una investigación exhaustiva, produzca los cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable”, concluye la Comisión.
Se pronuncian víctimas
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, víctima en numerosas oportunidades de las ‘chuzadas’ desde diversas dependencias del Estado, pidió a través de un comunicado que la Procuraduría asuma las pesquisas.
“Solicitamos que la Procuraduría General asuma estas investigaciones haciendo uso del poder preferente, conductas de tal gravedad que afectan la democracia y la defensa de los derechos humanos no deberían ser investigadas por la misma entidad en la que se han cometido estos graves hechos”, solicitó el colectivo, haciendo referencia a señalamientos por hechos similares en contra de integrantes de la Fiscalía que en oportunidades previas han salido a la luz pública.
Advierte además el Cajar que resulta “de suma gravedad que al interior de las Fuerzas Militares varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal”.
Defiende la organización su labor en el país, dirigida a defender a víctimas de violaciones de derechos humanos, debido a que “es legal, legítima, y en pro de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”.
Y solicita el colectivo a la Fiscalía y la Procuraduría presentar los avances en sus investigaciones a Nicacio Martínez Espinel, y demás integrantes del Ejército vinculados en los hechos de ‘chuzadas’ revelados en enero pasado y que preceden este nuevo escándalo de seguimientos desde dependencias militares.
