Revive el fantasma de la violencia en Bojayá
300 paramilitares confinaron a un centenar de familias en el corregimiento de Pogue. El Gobierno asegura que la fuerza pública retomó el control de la zona.
El último día del año pasado los paramilitares volvieron a rondar el municipio de Bojayá, en el norte del Chocó, como cuando en mayo de 2002 lo hicieran las AUC con el desenlace trágico que todo el país lloró: más de un centenar de muertos por la pipeta de las Farc sobre la iglesia de la localidad para enfrentarlas.
Esta vez el enfrentamiento se da entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln, que se disputan las rutas fluviales del narcotráfico que dejaron las desmovilizadas Farc.
La comunidad alertó en pleno 31 de diciembre que al menos 300 hombres de las Autodefensas confinaron al centenar de familias que habitan el corregimiento de Pogue, en Bojayá, a orillas del río Atrato.
De hecho, denuncias similares se han venido haciendo desde hace por lo menos un año en zonas aledañas y la Defensoría del Pueblo ha emitido por ello una veintena de alertas tempranas el año pasado, advirtiendo sobre el confinamiento de más de 2 mil personas en distintos puntos y la presencia de las Autodefensas en los cascos urbanos de Uramita, Dabeiba y Cañasgordas, así como ha evidenciado acciones del Eln en Bojayá y en el nororiente de Córdoba.
El ente del Ministerio Público concluyó que había una “grave crisis humanitaria y la sistemática violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra las comunidades afros e indígenas perpetrada por actores armados legales e ilegales”.
La lucha de estos grupos ilegales es para quedarse con los corredores del narcotráfico que van desde la Costa Pacífica hasta Centroamérica y los Estados Unidos. Rutas que dejaron tras de sí las Farc al desmovilizarse. Por ello hacen presencia en el Chocó la facción del Clan del Golfo, al mando de alias Monseñor, y los elenos.
Luego de las denuncias del martes, el pasado jueves al amanecer llegaron a la población del norte chocoano tropas con más de un centenar de hombres y desde allí el general Luis Fernando Navarro Jiménez, ministro de Defensa encargado y comandante general de las Fuerzas Militares, aseguró que la meta es “neutralizar cualquier accionar de Grupos Armados Organizados, Gaor, que como el Eln y el Clan del Golfo, delinquen en la zona”.
Al término de un consejo de seguridad en la localidad, Navarro, acompañado por el comandante del Ejército, el general cartagenero Eduardo Zapateiro, y el comandante de la Séptima División, el general Juan Carlos Ramírez, aseguró que “tan pronto se conoció la información de la comunidad, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán se desplazaron al caserío de Pogue, que era donde se estaba generando la alerta para atender la situación de manera inmediata”.
Y anunció que el comandante de la Séptima División “dispuso el envío de 70 hombres más adicionales a los que tenemos en el área”, al tiempo que se ordenó aumentar la presencia de las tropas en la cabecera municipal de Bojayá, establecer controles permanentes en los caseríos de Corazón de Jesús, Lomas de Bojayá, Piedra Candela y Pogue y adelantar operaciones en el área general del río Cuía para neutralizar los corredores de narcotráfico que son disputados por los mencionados grupos ilegales.
Finalmente, adelantó que la próxima semana el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, irá a Bojayá “para suplir las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad”.
A su vez, el Comando de la Séptima División del Ejército reportó en un comunicado que “como producto de las operaciones militares desarrolladas en el último año”, las estructuras armadas del Clan del Golfo en esta región han sufrido 37 capturas, dos muertes en desarrollo de operaciones militares, 44 kilos de explosivos neutralizados y 1.147 galones de base de coca en proceso y 16 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes destruidos.
No obstante, la Procuraduría pidió el viernes al Gobierno “tomar medidas urgentes e inmediatas para eliminar la situación de confinamiento a la que se ha visto sometida la población de Bojayá y de otras regiones del departamento por la presencia de hombres de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y del Eln en la zona”.
En carta enviada a la ministra del Interior y al gobernador de Chocó, el Ministerio Público pidió convocar “inmediatamente una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías, y demás instituciones involucradas con el fin de concretar acciones para lograr el cese de la situación que padece el municipio, donde se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas”.
Además, solicitó el ente de control, por fuera del accionar militar, coordinar de manera prioritaria una estrategia de atención de la población víctima de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato, que se brinde asistencia humanitaria urgente a través del acceso a alimentos, brigadas de salud y dotación de infraestructura para su protección, con el objeto de mitigar los impactos causados por el confinamiento y el desplazamiento forzado.
El mismo viernes, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, hizo presencia en la localidad y aseguró que la situación de orden público era “de absoluta tranquilidad” y aseguró que había control del área militar por parte del Ejército y presencia de la Policía en las cabeceras municipales.
Así mismo, anunció medidas como el financiamiento por parte de la cartera política de la adecuación de la infraestructura para que el Ejército pueda tener presencia permanente en el municipio y la adquisición de lanchas para fortalecer a la Infantería de Marina y recuperar los ríos y la capacidad natural de la población para la pesca.
También indicó que el próximo miércoles se convocará el Comité de Justicia Transicional, liderado por la Unidad de Víctimas, para aplicar el plan de contingencia y así hacer entrega de kits alimenticios a las comunidades afectadas por algún tipo de restricción en la movilidad. Y “asumió el compromiso, con una inversión de $200 millones, de entregar materiales para adecuación del puesto de salud del corregimiento de Pogue, una necesidad manifestada por la comunidad”.
De igual modo, el viceministro se reunió con el líder social y sobreviviente de la masacre de Bojayá, Leyner Palacios, quien el viernes fue amenazado por haber precisamente denunciado el confinamiento de la población, según lo dio a conocer la representante María José Pizarro, de los Decentes.
El funcionario informó tras el encuentro: “Nos reunimos con Leyner, con el comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección. Le hemos dado todas las medidas de seguridad para que pueda seguir ejerciendo esa labor social tan importante. Ningún bandido le va decir a un líder social qué puede y qué no puede hacer. El Gobierno ha fortalecido las medidas de protección de Leyner Palacios para que siga ejerciendo su liderazgo en Bojayá”.
El temor que hay en el territorio es a una segunda masacre de Bojayá, ya que en noviembre pasado, cuando se entregaron los restos de 70 de las más de 100 víctimas que dejó la matanza perpetrada en 2002, se reportó la desaparición del líder social Pedro Palacios, cuyo cadáver apareció tres días después.
La Masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo de 2002, cuando en el interior de la iglesia de la localidad fallecieron más de 100 civiles tras la explosión de un cilindro bomba que lanzó el Bloque 58 de las extintas Farc, en medio de enfrentamientos con las desaparecidas AUC y la ausencia de la fuerza pública.
De hecho, 10 días antes de la matanza los 250 paramilitares que se enfrentaron con la guerrilla atravesaron varios puestos de control que tenía la fuerza pública en el río Atrato, sin que hubiera incidentes ni detenciones.
La ONU y la Defensoría lanzaron alertas acerca de que las AUC se habían tomado Bojayá y otras poblaciones cercanas.
El 1 de mayo se iniciaron los combates entre las Farc y las Autodefensas, por lo que la comunidad se refugió en la iglesia. Al día siguiente, a la media mañana, la guerrilla disparó varias pipetas, y una de ellas cayó en la sede religiosa causando la tragedia.
La ONU responsabilizó por los hechos a las Farc, las AUC y al Estado. En el marco del proceso de paz de La Habana, las antiguas Farc pidieron perdón por lo sucedido ante los sobrevivientes de la masacre.
