Renuncia subcomisión que presentaría acusación contra Pretelt
Dicen que Comisión de Acusaciones es la que debe encargarse.
Los tres representantes a la Cámara nombrados en la subcomisión que debía presentar la acusación por presunta corrupción contra el magistrado cordobés de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, renunciaron, lo que retrasa el proceso del aforado por el escándalo de Fidupetrol.
Ayer renunció el conservador Telésforo Pedraza y la semana pasada ya habían dimitido Albeiro Vanegas, de La U, y Harry González, del Partido Liberal.
Vanegas dijo que no estaba capacitado para ser fiscal o juez, pues no es un jurista con tal especialidad. González, por su parte, argumentó que desde marzo pasado en sus redes sociales compartió publicaciones en las que se pedía la renuncia de Pretelt, lo que podría declararlo como inhabilitado.
Pedraza señala que la labor de la subcomisión, que es la de formular la acusación contra el magistrado -que es su copartidario-, no tiene razón de ser y que tal debía cumplirla la misma Comisión de Acusaciones, que conoció inicialmente el proceso y desde la cual, el representante investigador liberal Julián Bedoya, decidió acusar a Pretelt por el delito de concusión.
Es decir, el proceso contra el togado monteriano vuelve a estar como hace dos semanas atrás, para que la plenaria de la Cámara seleccione otra subcomisión encargada de la acusación, o diga qué paso se debe seguir en este caso inédito, pues nunca un proceso contra un magistrado había pasado de la Comisión de Acusaciones.
Dos semanas atrás, en sesión reservada, la plenaria de la Cámara escogió a la subcomisión para revisar el expediente de más de 8 mil folios contra Pretelt, luego de que la Comisión de Acusaciones hubiera aprobado, hace un mes, en primera instancia, acusar a su vez por concusión al togado cordobés ante la plenaria.
El togado conservador es investigado por un supuesto soborno de 500 millones de pesos que habría pedido al abogado barranquillero Víctor Pacheco, representante de Fidupetrol, para favorecer el trámite de una tutela que le hubiera ahorrado a la fiduciaria el pago por orden judicial de 22.500 millones de pesos.
La célula legislativa valoró las otras decisiones proferidas por la Fiscalía y los jueces, que han suscrito preacuerdos con Pacheco y han judicializado al máximo accionista de la fiduciaria comprometida, Hélbert Otero.
Si la Cámara aprueba la acusación, el caso será estudiado por una comisión de instrucción del Senado, que deberá recoger nuevo material probatorio y escuchar a las partes. Esa célula, a su vez, expondrá el proceso ante el pleno de la cámara alta, y éste decidirá por mayoría calificada si Pretelt debe o no ser destituido, si debe perder sus derechos políticos, y si el caso debe trascender a la Corte Suprema de Justicia.
