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Colombia

Gobierno radica proyecto que crea alta corte de lo agrario

El ministro de justicia, Néstor Osuna explicó que se creará una alta corte agraria.

El Gobierno, el Partido Comunes y la coalición oficialista radicaron este miércoles en la Secretaría de la Cámara el proyecto de acto legislativo para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural contemplada en el Acuerdo de Paz, tenido como el prólogo de la anunciada reforma agraria.

La iniciativa, según se lee en el texto que la acompaña, “busca fortalecer la institucionalidad colombiana para que comprenda y resuelva de manera eficiente los problemas presentados en nuestro campo en torno a la tierra y el territorio, garantizando así los mínimos vitales de las comunidades y los grupos culturales y étnicos que la habitan”.

Con el articulado, se agrega en los motivos, se demuestra una “voluntad política al reconocimiento de los derechos del campesinado colombiano y la materialización de la Agenda Nacional Campesina”.

Agrega el documento que los conflictos que vive hoy el campo colombiano son consecuencia y respuesta a años de exclusión, estigmatización y olvido por parte del Estado, por lo que el resolver las controversias respecto a la propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural “se ha convertido en una necesidad imperiosa que requiere de una Corte y juzgados especializados que diriman estas controversias”.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Cecilia López, señaló que “el punto uno del Acuerdo de La Habana se complementa con la reforma agraria, que ya está en camino: ya tenemos la lista de población a la que se le debe adjudicar, empezaremos con las tierras de narcotraficantes, que están ocupadas y estamos mirando otras tierras para hacer acuerdos con los municipios y poderlas incluir. Aceleraremos la titulación y por otro lado vamos a empezar a implementar el catastro multipropósito”.

Frente a la anunciada reunión de cocaleros, la funcionaria la calificó como “histórica: es una cumbre con los cocaleros, fue impresionante la respuesta en el sur del país, lo que se va a discutir es una transición hacia una producción agroindustrial local a pequeña escala en las regiones. Los productos prioritarios los definen los cocaleros”.

A su vez, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, precisó que con la reforma constitucional radicada “se crean jueces municipales de base, de segunda instancia y una alta corte para resolver los temas agrarios que equivaldría a la Corte Suprema de Justicia, pero exclusiva para temas agrarios y rurales”.

Y sobre los jueces indicó que tendrían atribuciones semejantes a las de los magistrados de los altos tribunales.

Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que con el proyecto se desarrolla la posibilidad de tener una instancia judicial que resuelva las controversias de tierra en el territorio.

“Establece una jurisdicción especial para cumplir los acuerdos de paz y facilitarles a los campesinos el acceso a justicia especializada”, dijo el jefe de la cartera política.

El presidente del Senado, Roy Barreras, del Pacto Histórico, manifestó por su parte sobre la reforma: “Doscientos años de guerras civiles por la tierra es a través de la Constitución y la ley que se resolverán, no es a través de la guerra. Todos los grupos sociales colombianos tienen derecho a la tierra cuando tienen esa vocación”.

El proyecto de acto legislativo, de iniciativa de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, tiene como propósito establecer el marco constitucional para la resolución de controversias en lo rural.

La nueva alta corte, que estará integrada por un número impar de togados, se encargaría de revisar decisiones judiciales relacionadas con reforma agraria, dirimir conflictos de competencias y preparar y presentar proyectos de ley. Sus magistrados serían elegidos por una única vez por la Corte Constitucional

Para el jefe de la cartera de Justicia, la presentación de esta iniciativa de manera conjunta, es decir entre el Congreso de la República y varios de los ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro, “ratifica el compromiso político del Gobierno nacional con el proceso de paz”.

“Este acto legislativo es fruto de los acuerdos de paz de La Habana y busca fortalecer la presencia institucional del Estado en las zonas rurales, así como tramitar las controversias sobre las diferentes dinámicas que impiden, entre otras cosas, el acceso a la tierra, su legalización y su tenencia. Esas son algunas de las tareas que la jurisdicción tendrá dentro de sus responsabilidades”, aseguró Osuna Patiño, quien añadió que las zonas rurales de Colombia no cuentan con la suficiente oferta en cuanto a acceso a la justicia.

“En promedio, a nivel nacional hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en los municipios PDET este promedio es de apenas seis”, explicó el jefe de la cartera del derecho.

Actualmente, más del 80 % de los municipios PDET no cuenta con centros de conciliación y más del 72 % no tiene casas de justicia ni centros de convivencia ciudadana. Además, los conflictos sobre la tierra que se presentan en centros poblados y rurales son el triple que en las zonas urbanas: 0,3 % a 0,1 %.

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