Radicada moción de censura contra Karen Abudinen
Representantes opositores e independientes radicaron en la Cámara la proposición para que la ministra de las TIC "sea retirada del cargo".
Una veintena de representantes opositores e independientes radicaron este jueves la proposición de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato para llevar internet a más de 7 mil colegios públicos.
Advierte el documento, de siete páginas, que ha habido "omisiones" de la funcionaria y que "se han presentado múltiples irregularidades respecto a las normas de contratación pública".
Señalan que el 1 de diciembre de 2020, en desarrollo de la audiencia de adjudicación, "la Veeduría en Contratación Anticorrupción, Veecon, le presentó al Ministerio de las TIC la denuncia de que el señor Camilo Ernesto Valencia Suescún, que se presentó en la audiencia como apoderado del oferente Unión Temporal Ses Inred, (...) había suscrito con un contrato de prestación de servicios de asesoría jurídica especializada al despacho de la ministra, (...) por lo que se constituyó un claro conflicto de interés frente a la licitación pública".
Valencia, agregan, negó dos veces su vinculación con el Ministerio, y luego la aceptó cuando se expuso el contrato en cuestión.
"La fecha final de adjudicación de la licitación se dio el 9 de diciembre de 2020. En esta audiencia, de los 10 oferentes fueron seleccionados dos: Comcel S.A y la Unión Temporal Centros Poblados. (...) Se resolvió adjudicar la Región A al operador Comcel S.A por un valor de $1,06 billones y la Región B al operador Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 $1,07", se lee.
Advierte la proposición al respecto que "a pesar de todas las polémicas que envolvían a las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, la ministra aseguró en entrevista a W Radio el 10 de diciembre de 2020 que los consorcios ganadores habían sido seleccionados no por su experiencia sino por ofrecer la mayor cantidad de centros digitales, que cumplían absolutamente con todos los requisitos pedidos por el proceso de licitación y que el proceso de licitación se había llevado a cabo con absoluta transparencia".
Ponen de presente que el acta de inicio del contrato se suscribió el 20 de diciembre de 2020 y que el 10 de febrero de 2021 fue entregado al operador UT Centros Poblados Colombia 2020 el primer desembolso del contrato, por un valor de $70,243,279,599.
Así mismo, indican que el 25 de junio de 2020, en el marco de una audiencia de incumplimiento al operador UT Centros Poblados Colombia 2020, los representantes del Banco Itaú le informaron al Ministerio de las TIC que la Garantía Bancaria No. 2020-1156-01002 no había sido nunca expedida por el Banco, por lo que se había presentado falsedad en el documento.
"Además, desde W Radio se informó el 28 de julio de 2021 que la Garantía Bancaria No. 2020-1156-01001 y la Garantía Bancaria No. 2020-1156-01003 tampoco habían sido expedidas por el Banco, por lo que son tres las garantías falsas presentadas por el operador UT Centros Poblados Colombia 2020. Por este motivo, la ministra declaró ante los medios que iba a declarar la caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020”.
(...) La audiencia de caducidad se llevó a cabo el 19 de julio de 2021, en la cual se leyó el acta declarando la caducidad y dándole al operador UT Centros Poblados 2020 10 días paracpresentar un recurso de reposición", señala la moción.
Sostienen de igual modo que el Ministerio suscribió en el 2020 el contrato de prestación de servicios profesionales No. 187 de 2020 con la empresa SesColombia SAS, cuyo representante legal es el señor Alex Pilonieta Hofheinz, cuyo objeto es prestar servicios profesionales con el fin de apoyar al Ministerio en la administración de riesgos, seguros y garantías, por un valor de $546 millones.
"Esto es, una empresa contratada por el Ministerio para la revisión de todas las pólizas y garantías que se den en los procesos de contratación del Ministerio, empresa que nunca se dio cuenta de que las garantías bancarias presentadas por el operador UT Centros Poblados Colombia 2020 eran falsas", afirman.
Por ello, aseguran, Abudinen afirmó el 2 de agosto de 2021 que le había solicitado a la Fiscalía que revisase toda la documentación revisada por la empresa SesColombia SAS en el marco de su contrato con el Ministerio de las TIC.
"En esa misma entrevista, la ministra afirmó que los más de $70 mil millones entregados a la UT Centros Poblados Colombia 2020 en el anticipo del 10 de febrero de 2021 se encontraban en una fiducia por fuera de Colombia, solicitando la ayuda del FBI para el rastreo del dinero".
Y agregó que se le iba a comenzar un proceso de incumplimiento a la interventoría del contrato, la cual está a cargo del Consorcio P2020 C Digitales, quien le fue adjudicado el Contrato de Aporte No. 1045 por un valor de $19.454.583.271.
Pero "el 9 de agosto de 2021 un juez laboral de Zipaquirá admitió una tutela presentada por el consorcio interventor para la suspensión del proceso de incumplimiento del Ministerio de las TIC, por violación del debido proceso".
Concluyen los firmantes de la proposición de moción de censura considerando que la funcionaria "debe ser retirada de su cargo por llevar a cabo un proceso de licitación plagado de señalamientos e irregularidades, situaciones ante las que la ministra no acepta responsabilidad alguna”.
(...) No es aceptable que para un contrato superior al billón de pesos haya tenido que ser una entidad privada completamente ajena al Ministerio como lo es el Banco Itaú la que haya alertado sobre la falsedad de documentos tan importantes como las garantías bancarias diseñadas justamente para compensar al Ministerio, y por ende a la Nación, en caso de que el contratista no cumpliese con sus obligaciones".
