¿Qué pasará en la Corte tras las denuncias de acoso?

Luego de la polémica que desató la filtración de un informe elaborado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que reveló la existencia de actos de acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional, esta se pronunció y aseveró que continuarán, con esta misma consultora, la segunda fase de un proyecto que busca construir una política de igualdad y equidad de género en la corporación.

Vale la pena resaltar que dicho informe fue solicitado por la misma Corte Constitucional.

El magistrado Alberto Rojas, presidente del alto tribunal, explicó que el informe definitivo fue entregado el 12 de julio y el 15 fue puesto a disposición de la sala plena de la Corte Constitucional.

No obstante, la consultora USAID habría sido contratada desde diciembre de 2019 y hace cuatro meses habría entregado el informe. Rojas indicó, en este sentido, que se conocía una primera parte del mismo; pero el definitivo se entregó en julio.

“Hay un proceso de socialización que se viene realizando desde esas semanas de julio hacia acá. (…) Se hace un daño al filtrarse esta información, porque esto podría contribuir a que personas relacionadas con este informe, cuando ven que hay un debate público, tengan temor de hablar”, expuso el magistrado.

Para el informe se encuestó a 260 funcionarios y contratistas de la Corte, entre los cuales nueve mujeres y tres hombres, de manera reservada, denunciaron que habían sido acosados sexualmente por sus compañeros o jefes, frecuentemente, con ofrecimientos de mejorar sus condiciones laborales.

¿Qué viene ahora?

Aunque el presidente de la Corte Constitucional indicó que no han recibido ninguna queja ni denuncia ante las instancias dispuestas por la corporación, dio a conocer que ahora continuarán con la segunda fase de este proyecto que busca construir una política integral de género y cero tolerancia a la violencia de género.

“En este momento se está en proceso de contratación de un equipo multidisciplinar de expertos en género, relaciones laborales y estrategas de comunicación en materia de igualdad de género”, le dijo una fuente del alto tribunal a EL HERALDO.

Tal contratación se realizará a través de la misma entidad que realizó el informe, USAID.

¿Qué puede hacer la Corte?

Este medio consultó a dos expertos juristas para conocer hasta dónde llega la competencia de la Corte, tras haber conocido que unas personas denunciaron acoso sexual y laboral en el interior de la corporación.

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia de Justicia, puso de presente que la Corte tiene facultades para efectos de llamar a tales personas presuntamente agredidas por medio del acoso sexual o laboral, protegiendo su derecho a la honra y su identidad, y exponer esos casos a la Fiscalía General.

“La Corte podría hacer indagaciones adicionales con el ánimo de colaborar  a la Fiscalía, si fuese el caso, que considere importante, que sea la Fiscalía que determine si tales circunstancias se presentaron y promuevan sanciones penales”, explicó Herrera.

Añadió que el acoso sexual es una conducta que está tipificada y se refiere al hostigamiento, valiéndose de superioridad jerárquica para efectos de conseguir algo que va en contra de la dignidad de las personas.

Sobre la polémica por el informe que reveló casos de acoso sexual y laboral en el alto tribunal, el presidente de la Corporación Excelencia de Justicia calificó como positivo el hecho de que la misma corporación haya sido la que contrató la firma para el mencionado estudio, con el fin de indagar las circunstancias de equidad de género.

“Si se trata de garantizar la dignidad de las mujeres también las otras entidades deberían hacer lo mismo, que un estudio así se hiciera en el Congreso, en los ministerios, en las entidades públicas para que la mujer no pueda ser objeto de pretensiones indebidas y de manera colectiva así dignificamos la postura de la mujer”, expresó.

Sin embargo, también rechazó que estos casos se hayan presentado en el interior de “la entidad que está llamada a proteger los derechos de todas las personas”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Fernando Navas explicó que si un magistrado ha sido el responsable de estas conductas delictivas deberían ser investigados por el Congreso y la Fiscalía; pero si los autores han sido subalternos la competencia la tiene el ente de investigación y acusación.

“Mientras no haya una denuncia, solo queda como un comentario y, a mi modo de ver, no habría lugar a abrir un proceso. Sin embargo, el procurador si puede investigar tales comentarios y abrir una investigación de oficio para comprobar lo que se está diciendo”, precisó Navas.

Reacciones. Tras la tormenta que se desató al conocerse el informe de la USAID, la organización internacional Women's Link se pronunció al respecto.

“Manifestamos nuestro firme apoyo a las mujeres afectadas y exigimos a la Corte que así como históricamente ha protegido a las mujeres a través de su jurisprudencia, proteja también a las mujeres que trabajan y hacen la judicatura en la entidad”, se lee en una carta publicada por  Women's Link y firmada por 160 personas y 54 organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de los derechos de mujeres.

En la misiva, además expresaron propuestas en concreto. Entre estas que la Corte Constitucional active, inmediatamente y de forma transparente, investigaciones “por los hechos denunciados que garanticen la independencia y protección de las denunciantes”.

Así mismo, estas organizaciones insistieron en que el sistema judicial sea paritario, diverso y se incorpore la perspectiva de género en los procesos de elección y contratación.

“En estos momentos hay nueve personas en la Corte, tres son mujeres. Por eso pedimos que se nombre a dos mujeres en las vacantes que hay; ya que en ambientes donde también hay mujeres jefas la propensión del acoso se puede disminuir”, refirió Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.

Quintero expuso que como organización, en este tipo de casos (que reciben con frecuencia por parte de universidades), la primera posición que asumen es creerles a las mujeres. “Lo segundo es que tenemos que buscar como sociedad la manera de que haya justicia, que el comité que se nombre para investigar no sea amigo del acosador y que se haga rápida la indagación”.

A su vez, Vanessa Manotas, directora de la Fundación Crassula, aseguró que el silencio suele ser una característica  en la mayoría de casos de violencia y acoso sexual.

Añadió que la desconfianza en el sistema y en la institucionalidad se ve reflejada en el miedo a denunciar estas conductas. “Existe un Comité interno que debería atender estos casos, impulsarlos hasta llegar a una solución efectiva”, refirió sobre el caso de la Corte.