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Colombia

Propuesta de penalización de la dosis personal no resuelve problemas de fondo

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo que “si la Fiscalía no prueba que la finalidad es la distribución, la venta o el tráfico, pues simplemente no se puede condenar a una persona por llevar consigo droga”.

El pasado viernes 23 de marzo la Fiscalía anunció  que miembros del CTI habían capturado a 196 personas sindicadas de pertenecer a 17 organizaciones criminales, que se dedicaban al microtráfico en diferentes zonas del país.

El fiscal general Néstor Humberto Ramírez afirmó que había sido un “duro golpe” al narcotráfico en entornos escolares y universitarios. Días después, sin embargo, más de la mitad de los aprehendidos quedaron en libertad, por falta de pruebas y porque alegaron que los alucinógenos que les incautaron eran parte de su dosis personal.

El fiscal Martínez aseguró que presentará, junto con la Policía, una propuesta para penalizar el porte de estupefacientes para uso personal, afirmación que causó múltiples reacciones. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, dijo que “si la Fiscalía no prueba que la finalidad es la distribución, la venta o el tráfico, pues simplemente no se puede condenar a una persona por llevar consigo droga”.

Recordó Hernández que no se penaliza el consumo, y dijo que si lo que se busca es evitar que los traficantes queden libres, “las autoridades tienen que cumplir mejor su trabajo de investigación”.

Los alcaldes que forman parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales también se pronunciaron sobre este tema. Mediante una carta anunciaron que apoyarían la propuesta de la Fiscalía. Sin embargo, varios constitucionalistas que fueron consultados por EL HERALDO para conocer su opinión sobre este tema, aseguran que penalizar la dosis personal no acabará con las ‘ollas’ de microtráfico.

“La propuesta del fiscal tiene una pretensión sancionatoria y punitiva que no resuelve el asunto de fondo. Pensemos que efectivamente niños, habitantes de calle y personas son sorprendidas con una cantidad que excede el límite señalado por la ley penal, ¿se meterán todos a la cárcel? Los problemas de salud pública y del manejo de una adecuada política criminal, así como la ausencia de argumentación y pruebas por parte de este órgano de control, no se resuelven aumentando penas ni creando nuevos delitos. Hay que hacer unos estudios más profundos, más serenos”, afirma el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano. 

Otro de los abogados constitucionalistas opina, no obstante, que el gobierno deberá definir una posición clara sobre este tema, a raíz de las reacciones que se han conocido en los últimos días. “Hay que establecer controles, pero no satanizar a los adictos sino a quienes trafican con estupefacientes”, dice el jurista y catedrático de la Corporación Universitaria Republicana, Carlos Amaya.

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