Procuraduría advierte sobre riesgo de derrumbe y represamiento del río Magdalena
El Ministerio Público convocó para este jueves 7 de junio una mesa de gestión del riesgo en el departamento del Huila para analizar la emergencia.
La Procuraduría General de la Nación convocó de manera urgente una mesa de gestión del riesgo en el departamento del Huila, ante el peligro inminente de derrumbe en la vía que une los municipios de Altamira y Timaná, a la altura del sector conocido como ‘Pericongo’, que podría ocasionar pérdidas humanas y el represamiento del río Magdalena en ese sector.
Al abrir una acción preventiva, la Procuraduría Regional del Huila citó para hoy a las entidades competentes para analizar la grave situación que se presenta, conocer las acciones emprendidas y generar las alertas pertinentes para mantener informada a la ciudadanía.
El Ministerio Público indagará las medidas adoptadas para gestionar el riesgo ante un posible represamiento del Magdalena en ese sector como consecuencia de un eventual desprendimiento de rocas y una remoción en masa, hecho que podría afectar a las represas de El Quimbo y Betania y generar una emergencia de mayor magnitud, ya que podría afectar sectores bajos de la ciudad de Neiva que se encuentran sobre el cauce del río.
Ese mismo día el órgano de control liderará un desplazamiento al lugar con todos los asistentes, para establecer el nivel de riesgo actual.
Las entidades citadas en la sede de la Procuraduría Regional del Huila son: Ministerio de Transporte, Invías, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación del Huila, los alcaldes y personeros de los municipios de Timaná y Altamira, Defensa Civil y el Consorcio Aliadas, que opera la concesión de la vía que puede verse afectada.
De igual modo, la Procuraduría solicitó de manera formal a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), por medio de una carta, a que den explicaciones sobre todos los aspectos que presentaron fallas en el proyecto de Hidroituango y que hoy en día tienen en alerta máxima a tres departamentos del norte del país.
En el documento se indaga sobre temas sensibles como: cuáles fueron los cambios que se dieron entre el proyecto aprobado y la obra en construcción, quiénes calcularon los riesgos, quiénes autorizaron los cambios en la obra, cuáles son los protocolos de información a las autoridades competentes, cuáles fueron las recomendaciones de las autoridades ambientales antes del inicio de la obra y cuáles son las recomendaciones de la interventoría.
Así mismo, se pregunta cuáles fueron los niveles de resiliencia original y cuáles son los actuales, cuáles son las diferencias entre el diseño y construcción del tercer túnel de desvío.
Estos cuestionamientos del Ministerio Público deberán ser respondidos por EPM en medios físicos y magnéticos en un plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción del escrito.
