Perspectivas de Colombia en lío con Nicaragua
Expertos comentan en EL HERALDO que Managua yerra y que es un “adefesio” pedir extender su plataforma hasta la Costa Caribe.
Este 20 de septiembre arrancan las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en uno de los dos litigios que tienen Colombia y Nicaragua.
Una es por la plataforma continental extendida a más de 200 millas náuticas que reclama Managua y otra es por la supuesta violación que alega el régimen de Daniel Ortega por parte de Bogotá al fallo de 2012 de ese mismo tribunal que le dio una porción de mar mayor en un 40 % al país centroamericano.
Las audiencias citadas entre septiembre y octubre son para dirimir la denuncia de Nicaragua de que la Armada colombiana está ejerciendo soberanía en aguas que el país centroamericano reclama como suyas, pero que han pertenecido históricamente a Colombia. Managua se queja además de que los uniformados colombianos les piden a sus pesqueros que no hagan pesca depredadora y critican también los sobrevuelos antinarcóticos colombianos. Y dice el país centroamericano que las islas colombianas no tienen derecho a zona contigua integral y que esas son sus aguas, pero Colombia alega que todas las islas tienen derecho a esa zona contigua.
De igual forma, La Haya analizará la contrademanda colombiana, que advierte que Nicaragua viola los derechos de las comunidades raizales isleñas al no dejarlos pescar en sus bancos tradicionales de pesca.
“Nicaragua se equivoca”. Antonio Rengifo, PhD en derecho internacional de la Universidad de Londres, observa que lo que Nicaragua está haciendo con los recursos jurídicos “es utilizar un caso en la Corte pretendiendo que se cumpla un fallo proferido en otro caso. Ha escogido un mecanismo equivocado, por eso no le veo muchas opciones. Sí me parece que Colombia debe liderar la sustentación de posiciones claras y contundentes sobre las inconsistencias del fallo y los aspectos controversiales del mismo”.
Añade el catedrático de la Universidad Nacional en diálogo con este medio que los Estados pueden sustentar ante la Corte argumentos en interés de las comunidades: “Uno de los aspectos más controversiales del fallo de 2012 es precisamente la afectación a los derechos de las comunidades de pescadores artesanales que desde hace mucho tiempo han venido faenando en los espacios alegados por Nicaragua. Otro aspecto central es la fragmentación a la Reserva de Biosfera Seaflower”.
A su vez, Vicente Torrijos, profesor de relaciones internacionales, advierte que aunque este es un litigio en la Corte Internacional de La Haya “en la práctica ya Colombia no reconoce a esa Corte, estamos fuera de su órbita, cosa que debimos haber hecho hace varios lustros, pero la paquidermia de los diferentes gobiernos de los últimos años nos llevó a una lamentable situación en la que la soberanía se ha visto constantemente en entredicho y los intereses nacionales se han visto afectados directamente, por cuanto la integridad territorial ha sido socavada”.
Agrega el experto a este diario que una de las pretensiones de Managua “es extender la plataforma prácticamente hasta las mismas costas del Caribe colombiano, lo cual es no solamente un adefesio y un estropicio, sino que tiene que ser enfrentada con todos los medios que dispone el Estado soberano para rechazar cualquier tipo de injerencia que viole la soberanía colombiana”.
Rafael Piñeros, con maestría en análisis de problemas políticos e internacionales contemporáneos, considera que el proceso de reclamo de la ampliación de la plataforma “es una situación compleja y yo creo que la Corte insta a que se encuentre una solución entre las partes, a que Colombia y Nicaragua puedan firmar un tratado que delimite su frontera, porque eso no ha sucedido”.
Para el catedrático de la Universidad Externado el fallo "fue acatado pero no ha sido resuelto: la argumentación de Colombia debería ir dirigida a que la pretensión de Nicaragua, más allá de las 200 millas que en teoría hacen parte de su zona económica exclusiva, no tiene lugar ni validez a pesar del fallo anterior de la Corte en el que hay una ampliación de las aguas en el mar Caribe".
Sebastián Pacheco, profesor del departamento de historia de la Universidad Sergio Arboleda, tiene una perspectiva crítica frente a todo el proceso: "Siempre terminan estos temas siendo discutidos por los jurídicos y los internacionalistas, pero no se tiene en cuenta la variable histórica, que nos dice que en este país ha existido siempre desinterés sobre la frontera marítima Caribe y lo de Nicaragua viene siendo una expresión de la historia republicana de Colombia y pasa por la separación de la Gran Colombia, por lo de Panamá y por la desidia del conflicto amazónico".
Sostiene en este sentido el historiador que "la razón de ser de un país, de un Estado, es en parte la defensa de su territorio. Un Estado que no pueda defender sus territorios y garantizar su integridad no tiene razón de ser y, por ejemplo, países como Estados Unidos no reconocen tribunales internacionales que quieran tener injerencia sobre su integridad territorial. En un país que se tomara en serio su política internacional no habría un tema más importante que este litigio con Nicaragua, porque estamos hablando de la pérdida de una parte significativa del país, además en una zona fundamental y de una posición privilegiada".
Al respecto, Rengifo opina: "Creo que lo que menos interesa a nadie es un conflicto bélico. No hay que perder de vista que Estados Unidos mantienen vigilancia sobre el Caribe y la presencia de una poderosa flota naval, lo cual da idea de la importancia de la región y de la necesidad de mantener un mínimo de equilibrios pacíficos. El derecho internacional aporta mecanismos para tramitar pacíficamente las controversias y desechar la opción bélica. De ahí la importancia, para los Estados, de sustentar posiciones claras, para persuadir y convencer".
“La situación de derechos humanos en Nicaragua y la persecución a toda forma de oposición política democrática efectivamente son un desastre para Ortega. Pero lo que me parece grave, respecto de los casos que continúan en trámite ante la Corte, especialmente el caso en que Nicaragua pide se declare a su favor una plataforma continental extendida en detrimento de Colombia, es que Nicaragua está rompiendo los equilibrios geopolíticos en el Caribe pretendiendo apropiarse de amplios espacios marítimos, para lo cual recurre a un intenso activismo judicial y diplomático contra sus vecinos, con varias demandas, también contra Costa Rica y Honduras. Y creo que es la evolución geopolítica en el mar Caribe, de cara al siglo XXI, lo que debe preocupar no solo a Colombia, sino a todo el vecindario", advierte Rengifo.
Y plantea que Colombia debe liderar, desde el Estado, “unos procesos que analicen bien esa evolución geopolítica y la hagan explícita, sin limitarse solamente a la presentación de memoriales jurídicos ante la Corte, que si bien son necesarios, no son del todo suficientes. Está en juego el futuro de valiosos recursos naturales marinos, vivos y no vivos, y también recursos culturales”.
En la consideración de Torrijos, Colombia no tiene por qué sentirse obligada a acatar un fallo de la Corte por cuanto además "ya conoce perfectamente la orientación ideológica afín a ciertos regímenes, y con Nicaragua ha adoptado una posición sesgada. Entonces Colombia debe mantenerse firme en lo que es su integridad territorial en los términos establecidos por la Constitución: los límites solo se pueden modificar mediante tratados. Así que no hay que sentir ningún temor desde lo jurídico a lo estratégico de decir ‘rechazamos el fallo’. Y que se acuda como lo establece la carta de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad si consideran que Colombia está faltando a sus obligaciones y que se ventile el problema directamente”.
Cuestiona que el del país centroamericano “es un régimen pendenciero que irrespeta sus propios preceptos constitucionales y que desafía a la comunidad internacional a partir de la pantomima democrática que se ha inventado, cuando están en la cárcel todos los opositores”.
Y coincide en que Colombia debe presionar “a que libere a sus presos políticos y a que se comporte en una convivencia respetuosa”.
Piñeros, por su parte, disiente: "No creo que haya validez en afirmar que las críticas sobre las credenciales democráticas de ese país hacen que el resultado sea distinto. Las decisiones de la Corte son en derecho y por lo tanto se basan en la argumentación, en un asidero histórico y social para soportar los hechos, y no creo que haya una razón de peso para decir que tenga un grado de influencia la situación política interna. Eso históricamente no ha sido importante en la Corte”.
