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Partido Farc rechaza masacre de cinco personas en Bolívar

La vicepresidenta del Senado advirtió que a la ex-Farc Rosa Mendoza "la asesinaron junto a su pequeña hija recién nacida".

El partido Farc rechazó el pasado domingo la masacre contra cinco personas en Montecristo, Bolívar, entre ellas la excombatiente Rosa Amalia Mendoza y su hija recién nacida.

"Asesinaron a Rosa Mendoza (Karen Palmera), indígena firmante de la paz. Socia fundadora de Asovisbol, Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar. Víctima de la masacre en la Quebrada Honda, Montecristo, Bolívar, junto a cuatro personas de una familia. QEPD", publicó la colectividad de desmovilizados en su cuenta de Twitter.

A su vez, la segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, de la Farc, 'trinó' el domingo: "¡Muy lamentable esta noticia! A Rosa Amalia Mendoza la asesinaron junto a su pequeña hija recién nacida, en una masacre en Quebrada Honda, Bolívar. Exigimos que este Gobierno indolente dé garantías de vida a quienes le apostamos a la paz. #ParenYa las masacres!".

Pidió la parlamentaria de la mesa directiva de la cámara alta al presidente Iván Duque pronunciarse ante el hecho de sangre: "Sigue el exterminio contra firmantes de paz. Asesinaron a Rosa Amalia Mendoza, mujer indígena y comprometida con la transformación social de Colombia. Señor @IvanDuque, dos asesinatos de firmantes de la paz en un solo día. ¿Cuál es su silencio ante tantas masacres?".

Y el líder de la bancada firmante del acuerdo de La Habana, Rodrigo Londoño, Timochenko, cuestionó: "Dos firmantes del acuerdo de paz asesinados el mismo día. Suman 249. Siguen con la idea de asfixiar el proceso. No lo lograrán. Por dura que pueda ser esta batalla, no nos rendiremos. #HemosCumplido #EstamosCumpliendo #NoNosEstanCumpliendo #NosEstanMatando #AccionDeMasas".

Se refieren Ramírez y Londoño también al crimen de Manuel Alonso, de 55 años, conocido como Romel o Carmelo, denunciado el pasado domingo y perpetrado en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.

Sobre estos crímenes, el Gobierno aseguró el pasado 25 de noviembre que ha actuado "con diligencia" para proteger a los exguerrilleros de las Farc que dejaron las armas en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a altos funcionarios y al partido sobre la violencia contra los firmantes.

En esa diligencia judicial la Farc insistió en que hay un "genocidio" contra sus militantes y acusó al Gobierno del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener "el desangre" que los afecta.

Por su parte, la vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, puntualizó que la Fiscalía a corte de 11 de noviembre tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectación, bien sea por homicidios, tentativa de homicidios o desaparición forzada.

En esa ocasión el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, advirtió que "si se mantiene la tendencia, en diciembre de 2024 habrán asesinados 1.600 excombatientes de las Farc".

En julio pasado, la JEP ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exmiembros de las Farc.

A finales de octubre, excombatientes de todas las regiones del país comenzaron una peregrinación a Bogotá "Por la paz y por la vida", en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.

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