El Heraldo
Las protestas ciudadanas se iniciaron el 28 de abril y se fueron diluyendo a mediados de 2021 en fracasados diálogos entre el Comité del Paro y el Gobierno.
Colombia

Paro nacional: la protesta, la violencia, lo político y lo diplomático

Las de este año fueron las manifestaciones ciudadanas más masivas y prolongadas que ha vivido el país en las últimas décadas. Sin embargo, el balance es agridulce y doloroso.

El paro nacional de 2021 empezó el 28 de abril y se mantuvo durante el resto de ese semestre en varias ciudades del país, pero con mayor intensidad en Cali y Bogotá.

Lo desencadenó la reforma tributaria presentada por el Gobierno y lo precipitó la difícil situación económica de muchos colombianos cuando ya se completaba un año de pandemia y, al mismo tiempo, reencauchó varias de las peticiones ciudadanas que se estaban haciendo desde el paro nacional de 2019.

Fue un paro violento, tanto por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados estatales y por la aparente omisión para con los civiles armados que arremetían contra los manifestantes, así como por las infiltraciones de grupos armados ilegales que sufrieron las protestas, según el Gobierno, y que provocaron hechos de vandalismo contra lugares públicos y establecimientos privados, bloqueos de carreteras y agresiones a la fuerza pública.

Los bloqueos pararon la economía.

Un elemento que había sido advertido por las autoridades sanitarias y que exacerbaron las protestas fue el incremento de contagios de la covid-19 en todo el país, lo que concluyó en, hasta el momento, el pico más mortal de la pandemia a nivel nacional, con alrededor de 30 mil casos y 600 muertes.

En medio de las manifestaciones ciudadanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitó el país y condenó las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas.

Aunque es el paro más multitudinario que ha vivido Colombia en su historia –no solo dentro del territorio nacional sino también en cerca de una veintena de países, donde hubo protestas de connacionales y originarios–, el Comité del Paro se atribuyó la convocatoria, no logró una cohesión entre los promotores y los manifestantes, que marcharon desde diferentes sectores y lugares por diversas causas y reclamos, y ello, sumado al poco provechoso diálogo con el Gobierno, hizo que pareciera diluirse en el tiempo.

Unas manifestaciones fueron violentas.

Sin embargo, se reconocen como logros del paro la caída de la impopular reforma tributaria y del cuestionado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y el hecho de que el Gobierno se obligara a mirar hacia los jóvenes y planteara medidas de participación política, como los Consejos de Juventud, y medidas también para proveer más empleo y asistencia a este sector protagonista de las protestas.

En lo económico los bloqueos pusieron el país a media marcha, obligando al presidente a decretar la polémica figura de la asistencia militar para permitir el paso de las mercancías desde los puertos y hacia las diferentes ciudades.

Y en lo político, aunque no se logró el reclamo de una policía más civil y menos militar, como incluso la pidió en su informe la CIDH, el Ejecutivo debió presentar al Congreso proyectos para fortalecer el régimen disciplinario de la Policía y para profesionalizar el servicio, así como para establecer medidas contra el vandalismo.

ONU y CIDH condenaron los hechos.

Para el politólogo Rubén Sánchez, Ph. D. en ciencias económicas y catedrático de la Unirosario, “lo principal fue que el paro puso en los reflectores problemas estructurales que no han recibido la respuesta adecuada. El Gobierno ha llamado al diálogo, pero paradójicamente lo que veo es que ha arreciado el autoritarismo y esto se debe a la brecha que no se cierra entre la población y sus representantes, lo cual tiene como conclusión una debilidad institucional, porque la clase política va detrás de sus intereses y el resto sigue a la deriva”.

Observó además que hubo errores, por un lado, en el hecho de “confrontar los organismos internaciones con soberbia, con lo que estamos aislándonos cada vez más porque seguimos empeñados en un manejo parroquial del Estado que va en contravía de un mundo democrático y basado en un Estado de Derecho” y, por otro, el hecho de que “muchos manifestantes ni siquiera sabían quiénes habían convocado el paro, lo que demuestra una falta de consistencia que tenemos en la sociedad y eso hace que la convivencia sea muy difícil”.

Reforma y pobreza, las causas.

Entre tanto, Carlos Charry, Ph. D. en sociología e investigador del Observatorio del Conflicto Social, afirma que “ha sido la mayor expresión de protesta e insatisfacción social que se haya vivido de manera reciente en el país, incluso para los historiadores que hacían referencia a los eventos ocurridos por allá en el 77  (...), pero estos son los más masivos y los más prolongados en el tiempo. Sin embargo, las conclusiones son más bien agridulces porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares como Chile, donde las manifestaciones derivaron en una transformación institucional que tiene a este país ad portas de la construcción de una nueva constitución política, en nuestro caso no se avizora en el panorama una transformación importante de las instituciones y los partidos”.

Concluye en este sentido que las encuestas realizadas en la Universidad del Rosario “demuestran que los principales actores de estas protestas han sido los jóvenes y ellos tienen una gran desconfianza en las instituciones, en el Congreso, los partidos, aunado a la falta de legitimidad, a la mala imagen que tiene el actual gobierno, y estos son elementos que no deben quedar en el tintero porque en el trasfondo de todo lo que se ve es que las inequidades, la desigualdad socioeconómica, son la fuente de todas estas grandes manifestaciones”.

Y el politólogo, catedrático y consultor internacional, Fernando Giraldo, señala que “lo que está en el fondo es que hay una, así no sea consciente, puesta en tela de juicio del funcionamiento del sistema político y social colombiano, porque los ciudadanos llegaron a la conclusión de que la protesta es la expresión de un sistema político que no le ayuda a los ciudadanos de los estratos más pobres y medios que han visto deteriorado su nivel de vida, y han concluido que este sistema no les resuelve los problemas”.

Complementa al respecto que “el sistema político colombiano es tan precario que no contempla una verdadera participación ciudadana, entonces lo primero que creen es que la fuerza es la solución, y lo segundo es que el Gobierno no quiso negociar, no fue honesto con los de la protesta, (...) y los gobiernos tienen la obligación de atender a los ciudadanos, porque el mensaje que envían es que ‘la democracia son las instituciones y otra cosa son ustedes que participan con protestas’ que dicen que fueron de vándalos”.

El Gobierno denunció infiltrados.
Las causas de la protesta: la reforma y la necesidad
Algunos uniformados usaron fuerza desmedida.

Las principales causas de las protestas en 2021, aunque hay quienes consideran que el paro nacional venía desde 2019, fueron la reforma tributaria planteada por el Gobierno y propuesta por el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y la situación económica de muchos colombianos en medio de la pandemia. Pero también tuvieron que ver el descontento social con el Ejecutivo y el rechazo a la brutalidad policial que se dio durante las manifestaciones de 2019 y en 2020 tras el crimen de Javier Ordóñez.

La Ley de Solidaridad Sostenible de Carrasquilla buscaba aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA) afectando a los productos de primera necesidad, y a los servicios públicos básicos de agua, energía eléctrica, gas natural y telefonía, así como a los servicios funerarios, para recaudar $23 billones.

El DANE reportaba el 28 de abril un aumento del 6,8 % en el índice de pobreza del país, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, lo cual significó que el nivel de pobreza en el país subió a 42,5 %.

El descontento social se sustentaba en el señalado incumplimiento a los acuerdos de paz y con ello el aumento de masacres y de asesinatos de líderes sociales.

No obstante, el Comité del Paro no era representativo de todas estas causas y los diálogos con el Gobierno no llegaron a nada.

44 civiles y dos policías asesinados
Se registraron 2.149 heridos, entre manifestantes y policías.

El pasado 15 de diciembre, la ONU publicó un informe en el que afirma que verificó 46 asesinatos en las protestas (44 civiles y dos policías), de los cuales 28 fueron cometidos por la fuerza pública, por lo que recomendó al Estado que “apliquen efectivamente los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica” y que se llegue a “la adopción de medidas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el paro nacional”.

Según el Ministerio de Defensa, hubo además 2.149 heridos (1062 civiles y 1083 policías), 103 víctimas de lesiones oculares, 331 capturados, daños en 1136 buses y 206 estaciones de transporte, en 108 estructuras gubernamentales, 96 CAI afectados, 126 ataques a misiones médicas y dos menores de edad muertos por los bloqueos.

Preocupación internacional
Hubo 108 estructuras gubernamentales afectadas.

Más de una veintena de países, entidades multilaterales y organismos de derechos humanos rechazaron lo ocurrido en el país durante las manifestaciones, refiriéndose sobre todo a la violencia policial y a los disturbios sociales. Se manifestaron al respecto Estados Unidos, España, Argentina, Chile, la ONU, la Unión Europea, la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, ante el informe final de Naciones Unidas en este sentido, respondió que el Gobierno tiene “cero tolerancia con la violencia” y agregó: “No podemos permitir que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre todo, porque aquí hay políticos que están haciendo la política a costa de destruir la confianza ciudadana en las instituciones”.

Se cayeron la tributaria y Carrasquilla
Al Congreso llegaron un nuevo estatuto disciplinario y reformas a la Policía.

Como consecuencia del paro nacional se cayó el 2 de mayo la reforma tributaria de Carrasquilla y un día después renunció este junto con su viceministro, Juan Alberto Londoño. Se planteó una nueva reforma menos lesiva para los estratos más bajos y se anunciaron reformas a la Policía, un estatuto disciplinario y una Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras, vía Congreso.

La oposición, encabezada por el candidato presidencial Gustavo Petro, apoyó las protestas, pero el Gobierno atribuyó a la búsqueda de réditos electorales la misma, acusó de politiquero al Comité del Paro y aseveró que las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, estaban financiando y participando violentamente en las manifestaciones.

Al tiempo que se instalaron los fracasados diálogos con el Comité del Paro – tras lo cual el 22 de mayo renunció el comisionado de paz, Miguel Ceballos, coordinador de las conversaciones–, el Ejecutivo desarrolló una decena de reuniones con distintos sectores sociales, económicos y políticos del país, que resultaron con el anuncio de la gratuidad educativa con la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3. 

Estos encuentros fueron criticados por los opositores al señalar que se hicieron con sectores afines. De igual modo, la oposición cuestionó las reformas elevadas al Legislativo calificándolas como “cosméticas”.

El país perdió el grado de inversión de calificadoras
Hubo toques de queda y militarización de ciudades.

El paro causó una devaluación del precio del peso, hubo pérdida de la calificación de riesgo que poseía Colombia – de BBB- a BB+, quitándole el grado de inversión–, hubo escasez de dólares en circulación y la inflación alcanzó el 1 % mensual y el 3,30 % anual.

Así mismo, alrededor de 40 mil comerciantes cerraron sus negocios, según Fenalco. 

A $19,3 billones ascendieron las pérdidas con corte al 6 de junio – una suma equivalente al 2% del PIB–.

Por los bloqueos de carreteras, los precios de los alimentos aumentaron, el sector productivo reportó escasez de huevos y pollos en el mercado. También hubo escasez de combustible, se elevaron los precios de la carne, el huevo, el pollo y la leche.

En el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas, se presentaron importantes afectaciones al turismo. Perdió esta región el 4 % de su economía y el 16 % de las empresas quebraron, mientras que esta cifra fue del 21 % en el departamento del Cauca. El 90 % de las empresas en esa región no pudieron operar por más de un mes, y esa misma cifra fue del 22 % a nivel nacional.

En Bogotá se estableció que los costos de la recuperación de la infraestructura por vandalismo ascendieron a $6.900 millones.

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