Colombia

“Necesitamos de los grupos armados voluntades genuinas de diálogo”: defensor

El jefe de la Defensoría del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió en diálogo con EL HERALDO a los acercamientos que el gobierno ha tenido con el Eln y el eventual sometimiento de otros grupos como el Clan del Golfo. 

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, estuvo de visita el pasado viernes en la capital del Atlántico con la intención de hacerle seguimiento a la alerta temprana 037-2020, que abarca Barranquilla y su área metropolitana.

Durante su estadía en la ciudad el funcionario se reunió con gremios del sector transporte y de comercio con la finalidad de conocer de primera mano la situación de las extorsiones de la que están siendo blanco. EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar con él sobre varios temas coyunturales relacionados con los derechos humanos, situación de violencia, y por supuesto el actual estado de los diálogos entre el Gobierno y el Eln que en cualquier momento podrían arrancar. 

P.

El país está a la expectativa por la reanudación de los diálogos entre el gobierno y el Eln, ¿cómo ve usted ese proceso?

R.

Nosotros hemos sido enfáticos e inequívocos en la posición desde la Defensoría del Pueblo ante todos esos procesos que se tengan para mejorar la vida de la vida de los colombianos. Bienvenidos todos los senderos, todos los caminos de diálogo. Necesitamos de los grupos armados expresiones y voluntades genuinas de diálogo, lo que se les solicita es que si tienen una verdadera voluntad de diálogo hagan gestos tendientes a lograr la consolidación de la tan anhelada paz. Ese tiene que ser un propósito de todos los colombianos y nosotros como institución de derechos humanos vamos a estar acompañando los eventuales diálogos territoriales que ha anunciado el señor presidente de la república, Gustavo Petro. El propósito de nosotros como institución de derechos humanos es promover e incentivar el diálogo social como un instrumento y mecanismo que tenemos para la solución de las controversias.

P.

En los últimos días se dio otro paso en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela con el nombramiento de embajadores, ¿qué opinión le merece este avance?

R.

Esto muy importante, nosotros registramos con satisfacción que se den pasos siempre pensando en los más altos intereses de la patria, siempre pensando en el interés general y por supuesto con los hermanos países, comenzando por el hermano país de Venezuela que nos une culturas, nos une idiosincrasia, nos une usos, costumbres y tradiciones, de  manera que celebro de manera significativa la apertura de estas relaciones binacionales.

P.

Tiene usted un diagnóstico de país bastante claro, sabe lo que está pasando en materia de vulneraciones a los DD. HH. en el país. ¿Ya se pudo reunir con el presidente Gustavo Petro?

R.

Estamos muy pendientes de esa reunión con el señor presidente de la república para precisar detalles de lo que es la misionalidad de la Defensoría, pero de antemano expresarle como defensor del Pueblo, como colombiano, mi mayor interés de acompañar todas las políticas públicas del gobierno nacional como órgano rector, lo que se busca es precisamente que sumemos esfuerzos y logremos repotencializar todas esas políticas públicas de atención, de protección y garantía de los derechos fundamentales  en los distintos territorios y en las distintas poblaciones del país.

El compromiso nuestro es con todos los colombianos, de manera que vamos a estar prestos a aunar esfuerzos con toda la fuerza del Estado con el Ministerio Público, lo propio vamos a hacer con todas las instituciones adscritas al gobierno nacional para prestarles todo el acompañamiento y el seguimiento a las políticas públicas.

P.

En el último año la violencia en el sur de Córdoba y el sur de Bolívar se ha agudizado, ¿qué han podido identificar?

R.

Nosotros a través de los defensores comunitarios y a través de nuestros analistas que integran el sistema de alertas tempranas hemos venido monitoreando todos los factores de riesgo que se vienen presentando en el territorio. Hemos emitido sendas alertas tempranas tanto para el sur de Córdoba, bajo Cauca antioqueño, así como también para el sur de Bolívar, donde señalamos las acciones que vienen haciendo los grupos armados en esas zonas por la lucha de las rutas del narcotráfico.

P.

¿Qué llamado le hace a esos grupos?

R.

Les decimos de manera enfática a los grupos armados irregulares es que si verdaderamente tienen el  interés e intenciones de someterse a la justicia o de adelantar un proceso de diálogo con el Estado, que hagan expresiones sinceras, francas e inequívocas de tener esa voluntad. 

Entonces, aquí seguimos desde la Defensoría a través de nuestro equipo en territorio, de nuestro sistema de alertas tempranas, advirtiendo sobre las distintas situaciones de riesgo para prevenir con el concurso de toda la institucionalidad del Estado. 

P.

En Arauca, otro territorio que no ha tenido respiro con la situación de violencia, ¿qué ocurre en esa zona?

R.

Desde el mismo 2 de enero del presente año hemos venido monitoreando las distintas situaciones de derechos humanos que se presentan en el departamento de Arauca, vemos que las situaciones de desplazamiento forzado, de confinamiento de comunidades, es el pan de cada día, por eso el llamado a los grupos armados ilegales es a mantener a la población civil por fuera de cualquier hostilidad, de cualquier hostigamiento, de cualquier enfrentamiento que tengan los grupos armados ilegales que buscan mantener el control del territorio. El llamado es a que los grupos irregulares mantengan al margen a la población civil de cualquier afectación en los derechos.

P.

El sistema carcelario es un tema que hemos seguido muy de cerca y del cual usted ha hecho pronunciamientos, ¿qué salida podría haber para esto?

R.

Es muy importante esa inquietud porque nosotros desde la Defensoría hemos venido proponiendo soluciones en ese sentido. Hoy el verdadero cáncer que ya hizo metástasis en este país es el sistema carcelario y penitenciario. También hay que tener presente algo que viene generando una problemática como lo son el sobrehacinamiento de los centros de detención transitoria que se encuentran en los distintos municipios y departamentos del país. Observamos cifras gigantescas y dantescas de cómo se encuentra el hacinamiento y las condiciones de derechos humanos de la población privada de la libertad.

P.

¿Cree usted que exista una fórmula para terminar con esta problemática?

R.

Desde la Defensoría del Pueblo hicimos con el gobierno del expresidente Iván Duque y haremos lo propio con el gobierno del presidente Gustavo Petro de seguir haciendo propuestas para buscar una fórmula que permita buscarle soluciones a la crisis carcelaria que es bastante profunda en nuestro país. Nosotros el único interés que tenemos como Defensoría es seguir visibilizando esa y otras problemáticas que sufren las personas privadas de la libertad que se encuentran en condiciones precarias, no solamente en el derecho a la salud, sino también en el derecho a la alimentación y a condiciones mínimas de ellos de subsistencia en cualquier centro penitenciario o detención transitoria.

P.

En el Tapón del Darién en las últimas dos semanas, al menos, once migrantes han muerto cruzando esa zona, ¿cómo buscar una solución de fondo y real a la crisis que ahí se vive?

R.

Nosotros hemos venido haciendo una altísima incidencia tanto nacional como internacional. Con mis pares de Panamá, Costa Rica y de otros países centroamericanos, hemos hablado para lograr una atención, una focalizada a esta problemática. La Defensoría ha hecho presencia activa en el Golfo del Urabá-Darién. Con el defensor del pueblo de Panamá nos une esta misma problemática, pero también estamos en la  búsqueda  de soluciones conjuntas que permitan atender esta situación migratoria.

P.

Han dado a conocer cambios en las dinámicas de movilidad en esa zona, ¿cuáles han sido?

R.

En el año inmediatamente anterior (2021) teníamos una migración mayoritariamente haitiana, donde también encontramos personas provenientes de distintas nacionalidades, de Bangladesh, de Guinea y de otras latitudes, pero ya este año encontramos una mutación en el proceso migratorio que pudimos evidenciar en el Golfo de Urabá, en Necoclí, Acandí, Capurganá y en Urabá chocoano, donde observamos una población mayoritariamente venezolana, una población que se encuentra en condiciones precarias. En esas zonas hemos estado haciendo el acompañamiento permanente también a la divulgación y al proceso de promoción de lo que es el Estatuto Temporal para el migrante venezolano, para ofrecer alternativas seguras para evitar que esta población corran algún tipo de riesgo al intentar cruzar esa zona fronteriza. 

P.

Los niños de La Guajira se siguen muriendo por desnutrición, ¿qué hacer para evitar que estas situaciones lamentables se sigan registrando?

R.

Bueno, nosotros hemos venido trabajando en atención a la sentencia del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, específicamente a la población wayuu, donde hemos observado importantes esfuerzos de los gobiernos, pero que todavía son insuficientes frente a las precarias condiciones humanitarias y de prestación de los servicios públicos elementales y básicos que tienen estas poblaciones. El propósito es redoblar esfuerzos, exhortar al Gobierno nacional y a todas las instituciones a que volquemos la mira hacia La Guajira, específicamente fortaleciendo todas las capacidades que hoy se encuentran muy por debajo de las condiciones ideales. Aspiramos a que se fortalezcan esas capacidades para lograr protección de vida de estas poblaciones.

Aspectos de la reunión sostenida con los choferes.
P.

¿Cuál ha sido la mayor preocupación que ha podido ver en Barranquilla y el área metropolitana en su visita?

R.

Tuvimos la oportunidad de conversar, escuchar atentamente a los clamores y sobre todo las necesidades apremiantes de los distintos gremios de la producción. Iniciamos un diálogo fluido con agentes del gremio de transportadores, tuvimos la oportunidad de escuchar atentamente a miembros, a choferes, a conductores de distintas empresas transportadoras, donde nos expresaron sus preocupaciones, pero básicamente la mayor es que vienen siendo víctimas de amenazas de extorsiones por parte de grupos de delincuencia organizada. Ellos planteaban una preocupación —no solamente los transportadores— sino también de los comerciantes frente a esas conductas vulneratoria, pues nos dicen que esas acciones son comandadas desde los centros carcelarios y de detención transitoria que están en el departamento.

El defensor conversó con comerciantes del Centro.
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