500 funcionarios de la Procuraduría reforzarían el poder judicial
EL HERALDO revela en primicia la iniciativa que lidera el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El funcionario también anunció la reactivación de la extradición de Aida Merlano.
Hace poco más de tres semanas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que solicitaría al Ministerio de Hacienda la asignación de una partida presupuestal de $1.2 billones con la intención de poder incrementar la planta de juzgados en el país para que estos puedan concentrar sus labores en la investigación y resolución de casos de una manera más efectiva.
En diálogo con EL HERALDO, el funcionario explicó que frente a esa solicitud el Consejo Superior de la Judicatura se reunió con la intención de sustentar ese monto presupuestal para que se incluya en el proyecto de presupuesto del próximo año.
“En la actualidad están el equipo del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Hacienda acercando posturas, porque $1.2 billones está difícil todo para el año entrante, pero sí va a haber una adición presupuestal importante el año entrante que permita crear más juzgados de modo inmediato”, explicó Osuna.
Adicional a esa petición, el funcionario dijo en primicia a este medio que bajo el liderazgo del presidente se va a comenzar a trabajar “en una reforma” de la Procuraduría General de la Nación para que parte de las funciones y de los funcionarios que hoy en día están en esa entidad general pasen al poder judicial.
“Dentro de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación hay alrededor de 500 personas que son de carrera y que cumplen con los requisitos para ser jueces. Ya estamos dialogando con la procuradora Margarita Cabello para mirar una forma en la que, sin causar traumatismos a las dos instituciones, se pueda trasladar un buena parte de esa planta”, detalló el ministro.
Destacó que este trámite requiere de una modificación legal para rediseñar las funciones de la Procuraduría sin un costo adicional, debido a que, según Osuna, “será un traslado y sin masacre laboral y sin afectaciones laborales”.
“La intención también es incrementar la planta del poder judicial, para esto habrá que presentar algún proyecto de norma, puede ser ley que se logre concertar como acto legislativo para aclarar algunas de las funciones que hoy tiene la Procuraduría. El propósito del Gobierno es hacerlo de modo concertado con la entidad y con la actual procuradora”, aclaró el funcionario.
Por otra parte, frente a la petición que la semana pasada hizo el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para ampliar el número de fiscales en 6.000 mil, Osuna indicó que esa propuesta está en cabeza del Congreso de la República.
“El Gobierno es consciente de que también habría que aumentar el número de fiscales, sobre todo en regiones apartadas donde la presencia de la Fiscalía es deficitaria, por lo que acompañamos esa idea de que hay que ampliar la nómina del poder judicial”, dijo el ministro.
Toda esa oferta de justicia está pensada, según el jefe de la cartera, para cubrir todos los flancos de justicia, es decir, la civil, la laboral, etc; sin embargo, hay un especial interés del Gobierno en fortalecer los jueces anticorrupción y los de extinción de dominio.
“Este incremento de la oferta judicial tendrá un especial relieve en ofertas de jurisdicción penal y creo que eso coincide específicamente con el clamor que he escuchado aquí, Barranquilla, de aumento de la oferta judicial, especialmente con jueces penales. Soy consciente de que el Distrito Judicial de Barranquilla está por debajo del promedio nacional de índice de oferta judicial, de acuerdo con la población de la ciudad, en eso el Gobierno lo que hace es ofrecer buenos oficios para que el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien diseña el mapa judicial, tenga en cuenta esa situación”, aseguró Osuna.
La propuesta es que se puedan crear 500 despachos judiciales nuevos en 2023. “Esa propuesta de la adición presupuestal incluye los jueces y la infraestructura física”.
En Atlántico, una de las estrategias que a corto plazo ayudarían a reducir el hacinamiento carcelario está relacionado con los 510 cupos que fueron inaugurados por el anterior gobierno, pero que no han entrado en funcionamiento. Frente a ese caso, el ministro de Justicia señaló que esos espacios “hay que terminarlos”.
“Evidentemente la obra está presupuestada, está ejecutada. La Uspec está en la obligación de entregar esos cupos. Retrasos hay, pero nuestra labor es intentar recuperar ese retraso porque además ya está muy adelantado”, dijo el funcionario.
No obstante, Osuna resaltó que esos 500 cupos tampoco es que “vayan a resolver ese problema”, pues esto solo podrá contener por 10 meses la situación. “Todo indica que por ahí no es la cosa”.
“Cuando decimos que no haremos más cárceles no quiere decir que no terminemos las cárceles que están en construcción. Si hay otro proyecto como el de la megacárcel de La Candelaria, hay que mirar a ver qué se puede hacer ahí, pero la idea es que el hacinamiento no se resuelve construyendo más cárceles”, aseveró el funcionario.
Señaló el ministro que esta situación se resuelve de distinto modo. Uno es con más tecnología, que ya existe en el mundo y que no es imposible de comprar, para que la detención domiciliaria funcione mejor, además de que se “puede estudiar” la figura de la detención domiciliaria en el que se haga uso de una tecnología más sofisticada. “Hay unos dispositivos parecidos a un celular en el que cada cierto tiempo a lo largo del día la persona tiene que tomarse una foto y sale un vigilante a cotejar esa información”, dijo.
Es por eso que la figura de detención domiciliaria y la libertad bajo fianza tendrán mayor sentido, para el ministro, como una medida eficaz para reducir el hacinamiento carcelario. “Avanzar en una política de prisión domiciliaria para personas ya condenadas podría ser una solución”.
Frente a la libertad bajo fianza, el ministro indicó que esa figura “bien utilizada” colocando unas fianzas “que duelan” pueden tener un efecto positivo. “A una persona que gana un salario mínimo no le podemos pedir una fianza de $100 millones pues porque no es realista, en muchos países del mundo funciona. Ahora bien, si es una persona que no tiene la capacidad económica, se pueden tasar fianzas que duelan, pero que no sean difíciles de pagar”, propuso.
Despenalizar algunas conductas “que no hacen grave daño social” también está sobre el tablero para alcanzar este objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria.
A medida que avanza el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, hay otros escenarios binacionales que ya están retornando a la normalidad, como es el caso de la cooperación judicial. Frente a este hecho, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que en los próximos días se reanudará la solicitud de extradición que pesa sobre Aida Merlano, quien está en Venezuela.
“La autoridad judicial competente en su momento había pedido la extradición de Aida Merlano. El gobierno anterior la tramitó con el presidente Juan Guaidó, que no tuvo más efecto que el simbólico, entonces yo supongo que se reactivará esa solicitud”, dijo el ministro a la cual la cartera le da el trámite y pasará por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otro lado también será decisión del Gobierno venezolano si la concede o la niega. “Quien pide la extradición no es el Gobierno, sino un juez o fiscal y el Gobierno la tramita”.
Osuna reveló que la semana pasada, desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, recibió una carta de saludo protocolario “a la cual respondí pues también con un saludo”.
“No hemos avanzado más desde el Ministerio de Justicia en ese acercamiento, eso está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de nuestro embajador allí, pero lo que sí les puedo adelantar es que al renovar la cooperación judicial se dará un beneficio de inmediato”, dijo.
En los últimos días la condena, en primera instancia, de Aida Victoria Merlano por haber favorecido la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, ha sido objeto de todo tipo de interpretación jurídica, debido al monto de la pena carcelaria que podría pagar, la cual podría estar en 17 años.
Frente a este caso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en diálogo con EL HERALDO señaló que es respetuoso de la decisión judicial que tomen los jueces, el Gobierno simplemente la cumple y la ejecuta.
Sin embargo, dejó sobre el tablero la posibilidad de aplicar la justicia restaurativa para la joven.
“Se me ocurre unas medidas de trabajo comunitario. Si esta persona es influencer, pues podría ser que utilice sus redes sociales para concientizar y para difundir mensajes sobre la necesidad de evitar conductas como la que ella cometió o la de explicarle a la ciudadanía por qué cometió eso y cómo tiene pensado redirigir sus actuaciones de modo que no rompa con esas expectativas sociales que se tienen sobre una influencer, pero también alternadas con algo de castigo, por supuesto”, dijo Osuna.
Esta figura jurídica, explicó el ministro, podría darse en muchos escenarios, puede ser donde se inicia la investigación penal en la Policía, puede ser en la Fiscalía o en la misma sede judicial, incluso puede ser después de la condena.
