Mineducación remite a la Fiscalía caso Uniautónoma

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Mineducación remite a la Fiscalía caso Uniautónoma

La cartera laboral advierte que con las pesquisas previas adelantadas "ha sido posible determinar el grado de probabilidad de la existencia de una falta, para identificar a los presuntos responsables de ésta".

Archivo
Fachada de la sede de la Universidad Autónoma del Caribe, ubicada en el norte de Barranquilla. Archivo
Por: Tomás Betín @tombetri
Colombia

La cartera laboral advierte que con las pesquisas previas adelantadas "ha sido posible determinar el grado de probabilidad de la existencia de una falta, para identificar a los presuntos responsables de ésta".

A la Fiscalía trasladó el Ministerio de Educación las investigaciones contra la Universidad Autónoma del Caribe por los requerimientos de normalización de pagos a trabajadores y seguridad social.

La ministra Yaneth Giha suscribió al respecto las resoluciones número 0145 y 0146 del 2 de febrero de 2018, mediante las cuales se abren dos pesquisas administrativas contra la alma máter barranquillera.

La primera indagación está ligada a con “presuntas deficiencias de orden financiero, administrativo y contable, entre otros aspectos, los cuales pueden constituir una indebida conservación y/o aplicación de rentas, vulnerando normas jurídicas que regulan la prestación del servicio público de educación superior, así como aquellas institucionales”.

Y la segunda busca esclarecer si se “ha incurrido en alguna falta o vulneración de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior (...)”.

Estas autorizaciones de pesquisa se unen a la iniciada el pasado 29 enero por no haber entregado una respuesta de fondo al requerimiento de normalización de pago a los docentes.

Entre tanto, el Ministerio del Trabajo le formuló cargos a la Autónoma por el incumplimiento en los pagos de salarios a los trabajadores, personal administrativo y docente del centro de educación superior y aportes a la seguridad social que se les adeuda.

“De comprobarse violación a las normas laborales, la Dirección Territorial del Atlántico podría imponer sanciones de uno hasta 5.000 salarios mínimos, es decir, multa por cerca de $4.300 millones”, indicó esa cartera en un comunicado.

Para el Ministerio de Trabajo “el retraso en el pago de la seguridad social por parte de la Universidad Autónoma del Caribe pone en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores y la de sus familias, y con el no pago de los salarios, se afecta el mínimo vital de quienes de manera subordinada prestan los servicios a dicha institución”.

Aunque la Universidad aportó una serie de documentos dentro del término, advierte la cartera laboral, no se resolvió el requerimiento relacionado con el pago de la seguridad social y las prestaciones sociales a todos los trabajadores, por lo cual se determinó, mediante Auto No. 0197 del 5 de febrero del presente año, formular cargos a la universidad.

Las clases

Las directivas de la universidad han señalado que las actividades académicas se desarrollan en “completa normalidad”. Hicieron un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que rodeen a la institución, con el propósito de proteger el derecho fundamental a la educación de los estudiantes.

Hay pruebas fehacientes para investigar a la universidad: Mintrabajo

En el auto número 197 del 5 de febrero de 2018, Iliana Cabarcas, coordinadora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio de Trabajo, asegura que hay “pruebas fehacientes” para abrir una investigación formal a la Universidad Autónoma del Caribe por el no pago de salarios a trabajadores y aportes en la seguridad social. 

La pesquisa se originó porque la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, Sintrauac, presentaron una querella el 31 de octubre de 2016 contra la alma máter.

Un año después, el 21 de noviembre de 2017, la cartera laboral abrió averiguación preliminar y decreto de pruebas, al tiempo que se encargó a la inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio, Octavia Celedón, para la averiguación.

Así, luego de unas visitas del 18 y 24 de enero de 2018, en las que la cartera de Trabajo pidió una serie de documentos para que fueran aportados por el centro educativo, la funcionaria dispuso abrir el procedimiento administrativo sancionatorio porque la universidad “viene incumpliendo en los pagos de salarios de los trabajadores y aportes en la seguridad social, como consta en las pruebas recaudadas en el expediente”, y pone de presente que tiene “pruebas fehacientes” para abrir el proceso.

Por su parte, en los descargos, la universidad dice que “el motivo del incumplimiento obedece a una situación financiera que está atravesando la Universidad Autónoma”.

Además, el rector del claustro, Ramsés Vargas, a través de un ‘trino’, señaló: “En las dificultades es cuando se muestra el carácter. La resiliencia de la comunidad Uniautónoma ha demostrado que cuando se obra en derecho, con excelencia y de buena fe, siempre se sale adelante”.

No obstante, el Ministerio reitera que “en las pruebas recaudadas se evidencia la mora en el pago de salarios y en los aportes a la seguridad social” y advierte que con las pesquisas adelantadas “ha sido posible determinar el grado de probabilidad de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos responsables de ésta”.  

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