El Heraldo
Aspecto de la vivienda donde se encontraban los ocho jóvenes asesinados en samaniego, Nariño. Cortesía
Colombia

Masacres de jóvenes duelen e indignan a los colombianos

 En total, han asesinado a 18 personas durante la última semana en el país, incluidos menores.

El país amaneció este domingo lamentando el asesinato de nueve jóvenes en Nariño. Ocho de ellos fueron víctimas de  una masacre en el municipio de Samaniego. Ya son 18 las personas asesinadas en hechos violentos en la última semana en el país.

Según el gobernador de Nariño, John Rojas, en dos meses se han registrado 20 homicidios en Samaniego. En este municipio, como en otras zonas del país –entre ellas el departamento del Cauca y la ciudad de Cali–, el ‘caudal’ de violencia sigue agitándose entre las disputas por el control territorial.

Un ‘río de sangre’ bañó al país en una semana. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería para la Niñez y la Adolescencia y la Consejería para la Juventud recapitularon varios asesinatos contra menores de edad en esta última semana.

El pasado domingo, el 9 de agosto, dos adolescentes del Cauca, de 15 y 18 años que estudiaban en el municipio de Leiva (Nariño) fueron asesinados mientras se dirigían a cumplir con sus deberes escolares.

Después, el 11 de agosto (pasado martes), cinco  adolescentes afrocolombianos entre los 14 y 16 años fueron hallados, tras ser asesinados, en un cañaduzal aledaño al barrio Llano Verde, de la ciudad de Cali.

Un hecho más lamentaron: el pasado 30 de julio cuando un joven de 17 años en Sincelejo, Sucre, perdió parte de su brazo izquierdo al ser herido con un machete por parte de otro adolescente que lo hostigaba por su orientación sexual.

En la lista de hechos violentos también aparecen dos indígenas asesinados en un enfrentamiento con el Ejército Nacional, el pasado jueves 20 de agosto.

En una semana, del 9 al 16 de agosto, a 18 personas la violencia los desterró, les arrebató la vida. Las secuelas que va dejando este  baño de sangre son el dolor y el miedo de una época sangrienta que parecía haber desaparecido. Nuevamente, las masacres son noticias de los diarios.

Hipótesis

Según versiones de los residentes del municipio de Samaniego, que fueron dadas a conocer por las autoridades, ocho jóvenes departían en una vivienda cuando al lugar llegaron varios hombres fuertemente armados, quienes irrumpieron a la vivienda y dispararon contra sus víctimas.

En Nariño operan distintos grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC hasta numerosas bandas dedicadas al narcotráfico.

Tras cometer el ataque armado, los desconocidos se dieron a la huida, mientras que vecinos auxiliaron a otros jóvenes que quedaron gravemente heridos.

Semanas atrás, grupos al margen de la ley habían amenazado con matar a las personas que incumplieran con las medidas decretadas para evitar la propagación de la pandemia en esa zona del país.

Si bien las autoridades manifestaron que el hecho es materia de investigación, llama la atención la atención la advertencia hecha por la ONG Human Right Watch sobre las “brutales medidas” que el ELN, las Autodefensas Gaitanistas y las disidencias de FARC están imponiendo para controlar la pandemia.

En su momento, el pasado 15 de julio, Human Right Watch señaló en un informe: “Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de la pandemia en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”.

Según HRW, los grupos armados han impuesto toques de queda, restricciones en los horarios de circulación, apertura de comercios y prohibiciones de entrada a las personas que vengan de otras zonas del país.

“Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, expresó en ese momento José Miguel Vivanco, director de HRW.

Sumando a ello, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hizo referencia al negocio del narcotráfico como una de las razones de disputa en la zona donde ocurrieron los hechos.

¿Quiénes eran?

Los ocho jóvenes asesinados eran Óscar Andrés Obando Betancourt, estudiante de 27 años; Laura Mishel Riasco Melo, estudiante de medicina de 17 años; Byron Patiño; Jhon Sebastián Quintero, estudiante de 24 años; Daniel Vargas Jurado, de 23 años; Rubén Darío Ibarra Andrade,  Campo Elian Benavides Erazo, de 22 años, y Bryan Cuarán, de 24 años.

La novena persona asesinada es una adolescente, identificada como Yésica Zúñiga Jaramillo, de 26 años. Este sería un hecho aislado a la masacre, según informaron las autoridades.

Consejo de Seguridad. Tras conocerse la noticia, el presidente Iván Duque le ordenó al ministro de Defensa trasladarse al departamento de Nariño, para presidir un consejo de seguridad con autoridades de Nariño y así analizar situación de orden público y nuevas medidas de seguridad para el departamento.

Al consejo, que se desarrolló en el Aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí,  también asistieron el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el Director de la Policía, el general Óscar Atehortúa.

Horas antes de aterrizar, Trujillo expresó: “Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sevicia y sin ningún tipo de respeto y solo están interesadas en lucrarse de negocios criminales y destructivos como es el narcotráfico”.

Enfatizó que todos los servicios de investigación de la fuerza pública están a disposición de las autoridades de Nariño para esclarecer los hechos ocurridos e identificar a los responsables del crimen.

A su vez, la Fiscalía General anunció la creación de un grupo de tareas especiales con fiscales destacados, investigadores de CTI y la Sijín, coordinados por la Seccional Nariño, para investigar los hechos.

Durante este consejo, el ministro de Defensa anunció  una recompensa de $200 millones por información que conduzca a la captura de los responsables de la masacre de los ocho jóvenes.

Además, para fortalecer la seguridad en Samaniego anunció el despliegue de 30 unidades de reacción de la Policía Nacional, así como 20 expertos en investigación e inteligencia.

ONU y Defensoría

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades a redoblar los esfuerzos y a abandonar la apatía para detener la acción criminal.

“El mensaje que dejan a los jóvenes del país es de desesperanza y sin futuro. La barbarie es el peor camino para una sociedad. Las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Según esta entidad, la ocurrencia de las masacres en el país manifiesta “el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia”.

Por su parte, el director de Human Rights Watch señaló: “Colombia: Mi repudio por la masacre de 8 personas en Samaniego, Nariño. La zona es disputada por las AGC y disidencias “Jaime Martínez” y “Carlos Patiño”. La situación de seguridad para las comunidades se ha deteriorado notoriamente. Urge aumentar protección y asegurar justicia”.

También la ONU se pronunció a través de su cuenta de Twitter y repudió los asesinatos y afirmó que le darán seguimiento a los recientes casos violentos.

La ONU pidió responder “con una investigación pronta y eficaz para judicializar a los responsables y con acciones de prevención para proteger la vida de las comunidades en la cordillera nariñense.

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