Inconsistencias del operativo en Putumayo; Mindefensa, en el ojo del huracán

El Ejército y el Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguran que se trató de una “operación legítima que fue planeada por más de cinco meses, con información”.

La Fiscalía informó que “el componente militar a cargo de la actividad no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”.

Entre tanto la Defensoría señaló que, en medio de los hechos, murió Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.

El Ejército ha mantenido la tesis de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, cuyo objetivo era el de atacar la estructura 48 y a los cabecillas de las comisiones de finanzas alias Bruno y Managua encargados de la comercialización del narcotráfico en esta zona del país.

Desde Nueva York, el presidente Iván Duque se refirió este lunes al operativo y sostuvo que este se hizo con planificación.

“Yo creo que es importante tener en cuenta y es que esa operación tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio”, sostuvo el Duque desde Estados Unidos.

Sobre el accionar de las fuerzas militares, el mandatario señaló que “se procedió con una información clara. Hubo un intercambio de disparos, hay miembros heridos de la fuerza pública y se ha obrado con todos los protocolos”.

Por otro lado, destacó que la Fiscalía, una vez se conocieron los hechos, inició todas las labores investigativas de rigor: “De hecho algo que es muy importante es que la Fiscalía General de la Nación inmediatamente después se procedió con todos los actos urgentes, y con toda la investigación que le corresponde como ente investigador”, subrayó.

“Lo cierto es que el actuar de la fuerza pública ha sido conforme a todos los protocolos de uso de fuerza y de conformidad también con el derecho internacional humanitario”, concluyó.

La representante a la Cámara del partido Alianza Verde Katherine Miranda anunció este lunes que citará al ministro de Defensa, Diego Molano, a una moción de censura en el Congreso.

Según cuenta la parlamentaria, las razones de la solicitud para revocar a Molano de la cartera de defensa serían las denuncias de la población civil a medios de comunicación sobre posibles irregularidades en el operativo realizado en el Putumayo.

“La masacre por parte del ejército nacional denunciada por diferentes medios de comunicación pero sobre todo por la población civil hace absolutamente necesario que todos los sectores políticos nos unamos para pedirle cuenta al ministro Molano y los altos mandos del ejército nacional”, dijo.

Comentó que “no es posible que se sigan violando los derechos humanos en nuestro país por eso estamos considerando pedir moción de censura a Diego Molano para que le responda al país”.

Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río, en diálogo con EL HERALDO indicó que dentro de todo el caso hay datos que coinciden con las distintas versiones que han surgido, pero hay otros que son “totalmente incongruentes”.

“En terrenos, los habitantes de El Remanso nos dijeron que estando en el bazar llegó un grupo armado que generó los asesinatos, y que después fue que llegó el Ejército quien recoge a este grupo armado. La población identificó un campamento que fue de donde salió este grupo armado que llegó vestido con colores negro y verde”, dijo Ciro a este medio.

La comunidad relató que estos hombres armados llegaron gritando, amenazando y disparando. “Ellos dicen que lograron identificar a un francotirador y que hubo tiros directos e indiscriminados contra la población”. 

Para la integrante de ese grupo de pensamiento es claro que el Ejército “debe responder” sobre las funciones de esos actores que no llevaban consigo uniforme. “La población dice que ese grupo actuó en conjunto con los soldados y deben responder. Destacan en todo momento que no hubo intercambio de disparos”.

Las investigaciones realizadas por el Centro dan cuenta que no hay claridad de quién ordenó las operaciones dentro de un contexto que no era militar ni de confrontación, sino más bien de recreación de la comunidad, es decir netamente civil.

“Se sabe que dentro del bazar habían algunos actores armados dentro de esa festividad, pero esa no es un dato ajeno a la institución que sabe que en los territorios cocaleros en conflicto y fronterizos estas personas hacen parte de la convivencia cotidiana”, destacó Ciro.

Putumayo, para la investigadora, debe ser comprendido como un escenario transnacional donde la porosidad y la reactivación del conflicto están presentes.

“Acá no ocurren temas menores. Estas dinámicas existentes hacen parte del incumplimiento de los Acuerdos de Paz, hay un resurgimiento de grupos armados y conflictos que no solo están relacionados con el narcotráfico. Este es un territorio que también donde hay unas particularidades con petroleras y resguardos indígenas, pero se empeñan en reducirlo al tema del narcotráfico”, resalta la investigadora.

Ciro destaca que en la actualidad el análisis de lo que ocurrió en Putumayo está siendo “errado” al intentar reducirlo en si eran narcos o no. “El contexto es muy importante dentro de todo esto”.

Los distintos candidatos a la presidencia de la República pidieron este lunes al Ministerio de la Defensa esclarecer los hechos que se desarrollaron en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo en la que, según las cifras oficiales murieron 11 presuntos disidentes de las Farc y que la comunidad señala que serían civiles sin vínculos con el grupo al margen de la ley. 

Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, resaltó que “las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los DD. HH. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad”. Además, pidió a las autoridades investigar “con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido”.

En defensa de las Fuerza Militares, el aspirante Enrique Gómez de Salvación Nacional manifestó que actualmente  “lo sucedido en el Putumayo debe pasar por una serie de investigaciones que respeten el debido proceso a las Fuerzas Armadas, lejos de los tribunales mediáticos, que sin conocer los hechos completos hacen parecer las reuniones de narcoguerrilleros como un campamento de Boy Scouts”.

Sergio Fajardo, a su llegada a la jornada en Pereira, reiteró que se deben adelantar las investigaciones, sin embargo comentó que existen dudas sobre el procedimiento que deben ser aclaradas por el ministro Molano. 

“Las preguntas tienen que responderlas las personas que están en lo público y se tiene que asumir una responsabilidad con lo que se hace. Pero este Gobierno no lo hace porque nos ha llevado a unos niveles altos de irresponsabilidad y ese es un punto que aumenta la desconfianza de la ciudadanía”, dijo. 

Entre tanto, el candidato Gustavo Petro en su momento resaltó: “El ministro de defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población del Putumayo. En mi gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos”.

La candidata de Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, también manifestó su rechazo ante las denuncias realizadas por ciudadanos: “Esto es muy grave, no hay ninguna excusa para estar matando las personas inocentes, creando miedo y no dar ninguna explicación que valga. Estos sucesos no pueden seguir siendo el pan de cada día”.