Lamentablemente, el 2016 también dejó, como ya es costumbre en el país, sonados escándalos de corrupción a nivel regional y nacional.
Tal es el caso de los multinacionales sobornos de Odebrecht, el millonario y permanente servicio de escoltas del exprocurador, los desfalcos sin vigilancia de las libranzas, los contratos sospechosos que halló el exgoberndor (e) de La Guajira, las concurridas evasiones de los ‘Panamá Papers’, los infames y monopolizados servicios de alimentación para los niños del PAE, la confirmación de los hallazgos en Reficar, los sorprendentes carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales en Córdoba y Sucre y los programas de normalización incumplidos por Electricaribe, denunciados en su momento en primicia EL HERALDO.
En julio pasado, la Contraloría encontró un fraude a la salud en Córdoba por 50 mil millones de pesos, en el que entre 2013 y 2015 las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana habrían cobrado recursos del Sistema General de Participaciones por haber suministrado medicamentos no incluidos en el POS del régimen subsidiado para el tratamiento de la hemofilia pero por pacientes que al parecer nunca tuvieron la enfermedad.
Aquí se usaron nombres de pacientes reales pero se falsificaron sus exámenes para hacer creer que tenían hemofilia y se alteraron las órdenes médicas de hematólogos para simular que les recetaban el medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, que es una ampolla que cuesta 8.870 pesos, pero que la recetaban los supuestos hematólogos en hasta 13 mil dosis, con lo que resultaban cuentas, por paciente, de 300 millones de pesos.
De acuerdo con funcionarios del ente de control fiscal “estos resultados los alteraron en la IPS porque es ésta la que le presenta los exámenes a la Secretaría de Salud de Córdoba para el recobro. El procedimiento consiste en que sin que haya contrato, la IPS presenta unas facturas y dice ‘nosotros les entregamos a estas personas estos medicamentos, y como es un medicamento no POS, les corresponde a ustedes como Secretaría de Salud pagar’, y como justificación presentan todos los exámenes médicos, la orden médica del hematólogo, etcétera”.
El ente de control fiscal estableció además una serie de hallazgos en la Gobernación de Sucre por el pago de 3.173 millones de pesos para hospitalización y tratamiento de enfermos mentales que no existían. Al respecto, el contralor, Edgardo Maya explicó: “La Gobernación de Sucre, durante la vigencia 2015, no aplicó los procedimientos adecuados para el reconocimiento de servicios no POS; tampoco implementó los controles necesarios para detectar pagos inconsistentes o improcedentes, para de esta forma garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al sector salud”.
En resumen, la Gobernación de Sucre pagó facturas a diferentes IPS de la región, por concepto de prestación de servicios de internación y atención de pacientes con trastornos mentales y patología de drogodependencia. Sin embargo, la documentación y las firmas de los médicos psiquiatras con las que se soportaban las facturas, habrían sido presuntamente falsificadas.
En diciembre reventó otro escándalo de alcance internacional: la brasilera Odebrecht, involucrada en investigaciones por corrupción debido al pago de dádivas para obtener contratos y beneficios, salpicó a Colombia y tocó el contrato de Asociación Público Privada, APP, para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los casi USD 800 millones que Odebrecht pagó en sobornos en varios de los 23 países donde opera, USD 11 millones fueron entregados en Colombia.
Al respecto, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, dijo que de los proyectos en los que participa la empresa y que fueron adjudicados en el período crítico que señala el gobierno estadounidense, se encuentran la concesión del proyecto Ruta del Sol II (ANI), APP del río Magdalena (Cormagdalena), el proyecto Transversal de Boyacá Fase II (Antiguo Inco - Invías) y el Colector Canoas - río Tunjuelo (administración de Bogotá).
Se reveló en los informes cómo operaba el ilícito: la multinacional contaba con una división de estructuración de operaciones, la que se tenía como finalidad realizar los pagos y negociar con los funcionarios corruptos, esta contaba con un presupuesto propio y con su red de comunicaciones. Los pagos llegaron a realizarse en efectivo en maletines que eran entregados en sitios previamente acordados.
En octubre los medios de comunicación informaron de los 48 escoltas y 16 vehículos de alta gama que el exprocurador Alejandro Ordóñez se aseguró mediante resolución hasta el 2020 y que le costarían al Estado, de acuerdo a la denuncia, unos $62 mil millones.
La misma Procuraduría informó en un comunicado que “el 3 de abril de 2009, el entonces procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, estableció, mediante la Resolución 109, un nuevo reglamento de protección y seguridad personal para los servidores y exservidores de la entidad y sus familias”.
Un mes antes la reelección de Ordóñez había sido anulada por el Consejo de Estado al encontrar que hubo en el proceso de escogencia irregularidades relacionadas con la cuestionada práctica del ‘yo te elijo; tú me eliges’.
Poco después de haber llegado como encargado a la Gobernación de La Guajira, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, envió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría 53 contratos por $50 mil millones con aparentes irregularidades.
Uno de ellos fue el contrato No. 471 firmado en 30 de julio de 2015 con el consorcio Puente Guajira por valor de $2.973 millones, durante la administración de José María Ballesteros, para la construcción del puente sobre la quebrada Moreno, ubicado en el corregimiento de Villa Martín, jurisdicción de Riohacha. Según Vélez, lo que encontró le genera “mucha preocupación porque se están saltando hasta los requisitos mínimos para la firma de un contrato”.
Otro de ellos fue firmado en octubre del 2014 durante la administración de José María Ballesteros por valor de $17.584 millones para hacer un estudio sobre las características del dengue en La Guajira y establecer acciones para la reducción de los afectados. Según Vélez, esta contratación lo dejó muy preocupado porque “los resultados son graves y por fortuna solo se han pagado unos 2.500 millones de pesos”.
La exministra de Educación, Gina Parody, reveló en abril pasado tres grandes redes que se han quedado, desde 2007, con $578 mil millones de la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el país: dos desde el Cesar, y la tercera en Córdoba.
La primera red, según el Ministerio, está conformada por Katia Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo, quienes por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con éstas en el Cesar, han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de $449.613 millones.
La segunda, que también nace en el Cesar, tiene como protagonistas a Adiela Álvarez y Hugo Álvarez, Marlene Vásquez, Berna Luz Guillén Carranza, Nino Johanna Baraja y Leung Waiy Hon Díaz, quienes han celebrado contratos de alimentación escolar desde 2012 por un monto aproximado de $129.011 millones. Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, Gers -denunciada por EL HERALDO por monopolizar la contratación y con un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en Aguachica-.
Y la tercera red está liderada por José Antonio Manrique, quien ha celebrado contratos de alimentación escolar desde 2012 en Norte de Santander y Córdoba aproximadamente por $40.426 millones, y de prestación del servicio educativo desde el año 2012 aproximadamente por $222.000 millones, para un total de $262.426 millones.
Aunque la Contraloría reveló que había hecho los primeros hallazgos en la construcción de la Refinería de Cartagena, Reficar, desde diciembre de 2015, fue el año pasado cuando se estableció que en dichos trabajos se habían causado detrimentos por la estratosférica suma de 8,5 billones de pesos.
En diciembre de 2016 se confirmaron un total de 36 hallazgos fiscales en la construcción desde 2007 de Reficar, en la que, según el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, se malgastó lo que equivaldría a becar durante dos siglos a los 22 mil estudiantes que actualmente tiene el Programa Ser Pilo Paga, o a construir 600 mil viviendas gratis.
De acuerdo a los cálculos, además, en 4.022 millones de dólares se incrementaron los costos de ejecución de Reficar, entre otros factores, porque hubo pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por USD7.947; porque se dieron otros pagos de servicios de transporte, por ejemplo de buses que nunca se usaron, por $724,5 millones y en el alquiler de grúas hidráulicas se causó un presunto daño fiscal por valor de $37.855 millones.
Un escándalo financiero salió a flote en el país en septiembre pasado. Esta vez se vieron comprometidos unos $1,5 billones, suma que corresponde a más de 10 mil inversionistas de estratos medio y alto. Se trató de la operación de libranzas manejadas por los intermediarios de Élite, Estraval, Vestigroup, Plus Values y Optimal.
La Supersociedades manifestó al respecto que la indagación en contra de Estraval -que hacía operaciones supuestamente legales a través de la compraventa de cartera- reveló que la firma “recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas y, además, que no existía una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente”.
Con las libranzas se otorga crédito a empleados y pensionados más fácilmente que en el mercado tradicional. Pero el tema se enreda cuando los pagarés que respaldan la deuda se negocian en el mercado secundario. Es decir, son vendidos a inversionistas que obtienen a cambio rendimientos muy jugosos.
En abril apareció un escándalo que sacudió a los evasores nunca penalizados en Colombia: la plataforma periodística americana sin ánimo de lucro Connectas reveló una lista de 1.245 colombianos involucrados en el escándalo de los Papeles de Panamá, principalmente empresarios de Bogotá, Medellín y Barranquilla, que tendrían unos USD14.125 millones en el istmo.
No obstante, se aclaró en el portal que “tener actividades ‘offshore’ -empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, generalmente en ‘paraísos fiscales’, para evitar la tributación- no es ilegal mientras el origen de los dineros sea lícito y mientras se registren ante la Dian”.
La información expone la operación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es la de abrir empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades.
La Fiscalía anunció, en noviembre pasado, investigaciones contra tres alcaldes y dos representantes de Electricaribe por los hallazgos de la Contraloría que fueron revelados en primicia, desde julio, por EL HERALDO, y que tienen que ver con $65 mil millones provenientes de 83 contratos Prone que no se ejecutaron por la intervenida empresa, afectando a más de 41 mil usuarios de la región durante 2011 y 2012.
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, creado en 2006, consiste en la financiación, por parte del Gobierno -en este caso específico del Ministerio de Minas- de planes, programas o proyectos elegibles, para, fundamentalmente, “la legalización de usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas en barrios subnormales.
Electricaribe fue la empresa del país que más recursos del Prone recibió, pues en 2011 se hizo a $46 mil millones y en 2012 a $107 mil millones.
