Colombia

Me siento asaltada en mi buena fe: María Paula Correa tras caso de exasesor

La jefa de gabinete habló del caso de Andrés Mayorquín y los contratos de su esposa.

La jefa de gabinete, María Paula Correa, dijo este miércoles a periodistas que se siente "asaltada" en su "buena fe" con el caso de su hasta el pasado martes asesor Andrés Mayorquín, cuya esposa, Karen Vaquiro, es señalada de tener más de una veintena de contratos estatales en varias entidades por más de $1.200 millones.

"Él llegó a la Presidencia en 2019, llevaba desde 2014 en el Congreso, incluso era conocido por el presidente Iván Duque cuando fue senador. (...) Como jefa de gabinete no conocía a la señora, nunca la vi, nunca supe dónde trabajaba, respeto la vida privada de las personas que trabajan conmigo", dijo la funcionaria.

Así mismo, declaró: "Me siento asaltada en mi buena fe", aunque aclaró que "no existe prohibición legal para tener un número determinado de contratos con el Estado, pero está el tema ético".

Por su parte, el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Víctor Muñoz, explicó que con los empleados como Mayorquín y contratistas de la Presidencia, como Vaquiro, "se verifican antecedentes y vínculos con grupos armados ilegales (...), y además la señora manifestó estar soltera y firmó bajo la gravedad del juramento que no tenía inhabilidad".

Frente al cuestionamiento de por qué no se había despedido a Mayorquín sino hasta que el pasado martes la emisora capitalina 'Blu Radio' reveló el escándalo, dijo el funcionario: "Se mantenía en planta porque existe el debido proceso, sigue avanzando en sus etapas y tiene reserva. (...) Ayer se conversó con él y el señor presentó la carta de renuncia y se le aceptó".

Agregó Muñoz que nunca se borró la información de Vaquiro de Función Pública, como lo denunciaron algunos medios, sino que "a 31 de diciembre se acaban los contratos y eso es lo que muestra la página del Sigep".

Finalmente, sobre lo que sigue en la pesquisa indicó el director del Dapre: "Hubo una omisión y los encargados de revisar las hojas de vida de estas personas tendrán que responder. (...) Vamos a trasladar la investigación a la Procuraduría. Deberá responder en lo disciplinario y en lo penal si hizo tráfico de influencias".

Y concluyó que se está evaluando a futuro "cómo se pueden analizar contratos recurrentes en el sector público para que esto no se presente más".

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