Las voces que se niegan a olvidar la guerra que marcó los cuerpos
Víctimas de los Montes de María denunciaron actos de violencia sexual y detenciones masivas en informes entregados a la Comisión de la Verdad.
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“Tengo un dolor que es aquí, ese dolor permanente ahí. Fue cuando tuvieron que sacarme el útero, yo no lo tengo, a mí me lo sacaron. Hasta el año pasado yo lo tenía en un frasco porque yo decía que no me quería ir incompleta”.
Justicia, justicia, justicia. Eso piden las víctimas de violencia sexual y reproductiva tras largos años de silencio.
“No se olviden de nosotras, tomen como verdad lo que decimos”, fue la petición de Daniela*.
“Quise no ser más una voz callada ni estar más en lo oculto”, expresó Sonia*
Carolina* afirmó: “Nunca nos prestaron atención, uno deja pasar el tiempo, es difícil para uno como mujer estar comentando lo que nos pasó”.
“Justicia para todas, por eso decidí entregarle mi caso a la JEP y a la Comisión de la Verdad para que no se repita todo lo que me pasó”, pidió Estefanía*.
Esta semana la Comisión de la Verdad recibió varios informes de diferentes organizaciones (Humanas Colombia y Centro de Derechos Reproductivos) que recogieron las voces que se niegan a olvidar, los testimonios de mujeres que luchan para que su verdad sea conocida, para que el país sepa qué ocurrió durante más de 50 años en guerra.
A 39 mujeres en la subregión del caribe colombiano conocida como Montes de María las violaron, algunas en varias ocasiones. Por eso el informe ‘Por el derecho a la justicia integral: participación de las mujeres víctimas en la JEP’ documenta 47 casos de violencia sexual.
Entre las víctimas de los Montes de María hay 7 mujeres que fueron violadas cuando tenían una edad en el rango de 5 y 13 años. Pero fueron violadas mujeres de distintas edades, la más adulta, a los 46 años.
Ovejas, Morroa, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, María La Baja, Zambrano, El Carmen de Bolívar, Córdoba y San Andrés de Sotavento son los municipios donde ocurrieron los hechos.
La edad no importó, el municipio no importó, la condición de embarazo no importó, ser hombre trans no importó. A cada una le dieron una dosis de dolor que siguen sintiendo a pesar de que algunos de los casos ocurrieron en 1983 y, el más reciente, en 2014.
En Norte de Santander fueron 21 mujeres las que vivieron 23 casos de violencia sexual, tal como documenta el informe ‘Justicia para todas’.
En Bolívar, denuncia otro informe, el Bloque Norte de las Autodefensas, entre 1998 y 2000, utilizaron la violencia sexual para despojar a mujeres de sus tierras. Abandonaron predios en Chimorazo, Cantagallar, Las Nigrinis y los Ceibones.
“No somos capaces de decirlo y gritarlo porque nos da miedo, y pena, que nos recriminen. Porque por lo general cuando hay algo en contra de una mujer, la gente dice que es culpa de ella. Y no, eso que nos sucedió es algo que nosotras no buscamos”.
Como Camila*, muchas de estas mujeres callaron por años, por miedo a ser culpadas y rechazadas. Algunas hablaron y fueron revictimizadas.
“Cuando el marido mío vino, me dijo: ‘Ay, a ti, ¿qué te pasó? Entonces yo le conté y me dijo: ‘¿Tú por qué eres así?’. Ahí empezaron problemas porque él dijo que todo lo que me pasó fue mi culpa, porque una mujer en su rancho tiene que cuidarse, saberse cuidar. Yo le decía: ‘¿Cómo me voy a cuidar si eran muchos? Eran muchos…”.
La guerra a muchas mujeres les dejó marcados los cuerpos. Hoy siguen cargando con secuelas físicas y psicológicas. Es el caso Karina* que desde el día que fue violada, las pesadillas no han cesado. “A veces sueño que estoy en mi finca, en mi rancho, y me despierto con ese susto. Sueño con la situación que viví, me levanto llorando porque me veo muriendo”.
Esther* se sentía sucia tras haber sido violada, contó que sentía vergüenza con ella misma, con sus hijos, con su esposo y el resto de las personas.
A Carla* le quedaron secuelas en su cuerpo: “Tengo un dolor que es aquí, ese dolor permanente ahí. Fue cuando tuvieron que sacarme el útero, yo no lo tengo, a mí me lo sacaron. Hasta el año pasado yo lo tenía en un frasco porque yo decía que no me quería ir incompleta”.
Otras no se han podido recuperar y han continuado la vida padeciendo la muerte. “El mundo me da lo mismo, si es sábado, domingo, un lunes de fiesta, diciembre, no fiesta, a mí me da igual, siempre vivo con una tristeza y soledad”.
“Se registran casos (en Cartagena) de acoso sexual a mujeres jóvenes y niñas por parte de miembros de la Infantería de Marina y casos en los que soldados les pagan a niñas para tener relaciones sexuales con ellas. Los soldados las enamoran, las invitan a cosas, les compran regalos y las peladitas se van con ellos. Ellos comienzan a manosearlas y las niñas acceden a eso. Algunas niñas han quedado embarazadas de los soldados y ellos no responden por la paternidad de los niños. A los soldados que las embarazan rapidito los sacan de la zona”, esta afirmación hecha por la Defensoría del Pueblo se cita en el informe ‘Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva’.
El fusil, el uniforme y el poder reforzaban la jerarquía militar, tanto de los ilegales como legales, y ufanándose en sus cargos fueron propinando ‘balas’ de dolor en las vaginas de cientos de mujeres.
El mismo informe en mención documenta el caso de una niña de 13 años a la que por cuatro años le tocó vivir con un paramilitar. De Putumayo se la llevó al Atlántico, la amenazó con matar a sus hermanos menores y a sus papás. “Él me llevó forzadamente, me llevó para el Atlántico, a Barranquilla. Allá me tenía encerrada, incomunicada; no podía salir, me pegaba, abusaba de mí, quedé embarazada, tuve dos hijos. (…) Entonces, allá me encerraba, no podía salir, no podía hablar, no podía comunicarme, ni con mi familia. Estuve como cuatro años sin comunicarme con mi familia”, denunció.
Las voces de estas mujeres que se niegan a olvidar cómo la guerra colombiana les marcó el cuerpo se alzan en tiempos en los que todavía no hay garantías de no repetición, por eso cada una de ellas oculta su nombre real.
Pese a que el Estado, según relataron, no les creyó y estos delitos han permanecido impunes volvieron a confiar, pero dejaron claro cuál es la justicia que ellas esperan, aportaron sus testimonios para dejar ante los tribunales los hechos de los que fueron víctimas, con nombres, responsables, lugares y fechas.
“La justicia para mí significa que paguen lo que hicieron, que se conozca la verdad, que no se vuelva a repetir, que esas personas den la cara, que paguen lo que ha pasado con todas nosotras, pero una justicia no es solamente llegar y pagar, es necesario que se sepa lo que han hecho”, dijo una de las víctimas de Norte de Santander.
Otra mujer reiteró: “Nunca dije nada por temor y vergüenza, pero hoy hablo para que estos hechos no queden impunes”.
Esta semana todas estas mujeres revivieron su dolor con el único fin de ser escuchadas, depositaron su confianza (como dijeron) ante la JEP y la Comisión de la Verdad y les rogaron, nuevamente, que hubiese justicia y que el perdón no las condene al olvido.
El pasado viernes 97 testimonios fueron presentados ante la JEP y la Comisión de la Verdad, en el informe ‘Solo preguntaron por mi nombre’ entregado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos’ y el Movice Sucre. En este se registra que más de seis millares de personas fueron privadas de la libertad por ser supuestos subversivos, aunque pocos de ellos fueron juzgados. “Se da cuenta de las prácticas de detención que utilizó el gobierno colombiano, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el afán de demostrar que su guerra contra la guerrilla estaba prosperando”, señaló el Movice.
Uno de los testimonios relata que el 17 de agosto de 2003, la Fiscalía capturó a 156 personas en los municipios de Chalán, Ovejas, Corozal, Sincelejo y Colosó por una investigación abierta tan solo cuatro días atrás. “Las acusaciones contra los procesados se sustentaron en su totalidad en testimonios entregados por supuestos desmovilizados acogidos en el programa de la red de informantes, bajo el cual recibían beneficios económicos y jurídicos.
Por la ausencia de coherencia y veracidad de las pruebas, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo estudió el proceso, y decidió revocar la medida de aseguramiento el 7 de noviembre de 2003. Sin embargo, el Estado Colombiano no solo decidió hacer caso omiso de la decisión judicial y ordenar nuevamente la recaptura de todas las personas bajo las mismas pruebas y cargos, sino que ordenó la destitución y detención del fiscal que actuó en derecho”, se lee en el documento.
El informe, además, señala que 42 personas fueron condenadas pese a las evidencias de la irregularidad y arbitrariedad de la detención. Por ello, las víctimas de detenciones masivas en Montes de María piden a la JEP que revisen las sanciones o investigaciones penales impuestas durante esta época y hacen un llamado al Estado para que les pida perdón por haberlos presentado ante el país como guerrilleros cuando, en realidad, eran campesinos.
