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Colombia

‘La última lágrima’, la camioneta de la muerte que sembró terror en la Costa

Durante una audiencia de la JEP en Barranquilla, las familias de las víctimas hablaron sobre los engaños que cometieron los miembros del Ejército para presentar resultados.

En Cuachamal, un pequeño corregimiento de San Juan del Cesar que está enclavado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, era vox populi que a los jóvenes que eran movilizados en unas camionetas negras de último modelo, casi siendo despedidos por las calles de un pueblo lleno de pobres, los iban a matar a balazos miembros del Ejército Nacional.

Aquel ‘paseo de la muerte’, ejecutado por integrantes del Batallón de La Popa, fue naturalizado por la gente del pueblo con resignación, rabia y dolor. No importaba que los muchachos fueran locales o foráneos.

Para las autoridades, en cambio, aquella horrible cotidianidad era todo lo contrario. No había angustia y, si la había, era opacada por la complicidad de permitir aquella barbarie de los ‘falsos positivos’.

El viaje sin retorno y toda la tragedia que lo rodeaba fue hasta romantizado con el bautizo de las pick up, que fueron llamadas ‘La última lágrima’.

Seguramente en una de esas camionetas de la muerte fueron transportados hacia ese fin los jóvenes Douglas Tavera y Danny Alberto Díaz, a quienes presentaron como guerrilleros del frente 59 de las Farc que habían muerto en un combate con el Ejército en San Juan del Cesar, el 2 de abril de 2006.

“En Cesar las entidades conocían ‘la última lágrima’ y nadie hizo nada, nadie la detenía aunque sabían que en ella secuestraban a nuestros hijos para ser asesinados. Del CTI me dijeron que ellos conocían sobre esas situaciones, pero no pasaba nada”, contó Martha Díaz, madre de Douglas Tavera, durante una de las audiencias de observaciones de la JEP en Barranquilla.

De acuerdo con la investigación Tavera, de 27 años, junto con amigos, fue a jugar fútbol el 26 de marzo de 2006 a la cancha del Cementerio Universal. Allí le ofrecieron un trabajo en las fincas algodoneras de Valledupar, pero en realidad todo se trató de un engaño para engrosar las listas de resultados operacionales en combates.

“Mi mamá me contó que a él lo citaron para un trabajo en el que le prometieron que le iba a cambiar la vida, que tendría muchos beneficios, pero se fue a buscar el trabajo y nunca más volvió”, explicó Andrés Carriazo sobre la muerte de su padre, Luis Carriazo, en 2006, durante la audiencia. Según cifras manejadas en la JEP, en el Atlántico se cometieron 120 ejecuciones extrajudiciales entre el 2005 y el 2008. Sin embargo, durante las recientes declaraciones, los familiares de las víctimas hablaron de más de 600 casos.

Las camionetas eran negras, blancas o rojas y tenían distintos apodos. En Astrea, Cesar, por lo general, los  jóvenes eran retenidos por los paramilitares y posteriormente entregados a miembros del Ejército, de acuerdo con declaraciones de víctimas. Los muchachos, en estos casos, eran ‘paseados’ por las calles de todo el pueblo. Posteriormente, los miembros del Ejército le ponían botas, fusiles e indumentaria militar a los muertos. Las tallas de la ropa no siempre coincidían y los cuerpos parecían podridos mucho antes de la lluvia de balas.

“Mi tío estaba en unas condiciones deplorables como NN en el cementerio de San Juan del Cesar, lo tiraron como a un perro. Fue difícil porque su cuerpo estaba en muy malas condiciones”, dijo Yatriz Pedrozo, sobrina de Keneddy Enrique Pedrozo, asesinado el 9 de febrero de 2007.

En este sentido Javier Merino, hermano de Damil, asesinado en 2006, contó que a su familiar “le pusieron una camisa blanquita, limpiecita, le pusieron un camuflado grande, medias limpias. Todo fue puesto intencionalmente”.

“Durante la búsqueda de mi hermano me amenazaron muchas veces, pero a pesar del miedo yo seguía adelante. Tenía miedo hasta de la Fiscalía, cada vez que me llamaban intentaba asesorarme primero”, agregó.

Por último, las víctimas le pidieron a la JEP investigar a todas las autoridades involucradas que permitieron esta seguidilla de hechos.

¿Qué pasa con los que reclutaron a nuestros familiares y los engañaron? ¿ ¿Qué pasa con los jueces penales que no investigaron y archivaron las investigaciones?”, cuestionó María Vergara en la Universidad del Norte.

Declaraciones del caso 03

Durante las diligencias públicas, por lo menos 130 víctimas acreditadas se pronunciaron  sobre las versiones que han entregado 104 exintegrantes de las distintas unidades del Ejército Nacional. Según la JEP, el Batallón La Popa lideró por años el ranking, al presentar el mayor número de ‘bajas’ en combate en el Cesar y La Guajira.

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