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Carrillo cree que el Gobierno debe dar el primer paso para construir confianza entre Policía y ciudadanía.
Colombia

“La selección de los policías es el aspecto más crítico por revisar”

Fernando Carrillo habló con EL HERALDO sobre el caso de brutalidad policial contra Javier Ordóñez y los 13 asesinatos en medio de las protestas.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo en entrevista con EL HERALDO que uno de los asuntos que urge ajustar en una eventual reforma a la Policía es el criterio de selección para la incorporación de los uniformados y la educación en derechos humanos.

Esto en medio de los hechos inéditos que vivió el país la semana pasada, cuando un episodio de brutalidad policial que le costó la vida a Javier Ordóñez desató masivas protestas que terminaron también con 13 civiles muertos por armas de fuego.

Para el jefe del Ministerio Público es al Gobierno a quien corresponde, necesariamente, reconstruir lo que se rompió en estos días entre la Policía y la ciudadanía.

Además, advirtió que la teoría de la infiltración en las protestas por parte del ELN y las disidencias de las Farc, aunque no se debe descartar, aparta la mirada de donde debe estar cuando se manifiestan las masas: el descontento social.

P.

¿Qué opinión le merecen el caso Javier Ordóñez y el de las 13 personas asesinadas en las protestas?

R.

Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre no tiene ninguna justificación, como lamentablemente se escucha desde algunos sectores. Se trató de actos arbitrarios, terriblemente violentos, que obligan a reflexionar sobre los mensajes que está recibiendo la sociedad, en momentos en que la comunicación es casi en tiempo real.

Rechazo el manejo que se le dio a la protesta que surgió como reacción a la muerte de Javier Ordóñez. Las cifras fatales y de heridos, muchos a bala, dan cuenta de un escenario de catástrofe, descontrolado y violento al que no supo reaccionar la Policía Nacional. Las investigaciones permitirán dar cuenta de lo que realmente ocurrió, pero la opinión pública conoció la información que confirma el descontrol que hubo en uno de los hechos más lamentables de la historia reciente de nuestro país, y ante la dimensión de lo ocurrido no podemos caer en el error de disminuir la magnitud de los hechos.

Como procurador condeno las heridas causadas a los miembros de la Policía Nacional y los daños que afectaron bienes públicos, producto del accionar terriblemente violento de algunos ciudadanos. Duele ver ese enfrentamiento entre la ciudadanía y agentes del Estado, es una ruptura muy delicada, que causa lesiones difíciles de repararse en la conciencia de la sociedad y en la moral de las instituciones.

Construir la confianza entre la Policía y la ciudadanía será una dura labor y los primeros pasos los deben dar el Gobierno y Policía. La responsabilidad de las instituciones y sus funcionarios está siendo evaluada en el país y afuera, más cuando hablamos de los agentes del Estado que hacen uso de las armas legítimas. No se le puede trasladar al ciudadano ni imponer un deber de confianza, cuando esta ha sido disminuida por agentes investidos para proteger sus derechos.

P.

¿Cómo debe plantearse una reforma interinstitucional a la Policía: cuáles son los puntos claves en su criterio?

R.

Creo que la selección e incorporación de los miembros de la Policía es el aspecto más crítico por revisar y ajustar. Esa revisión no solo implica hacer ajustes para futuras incorporaciones, sino establecer si los procesos de selección del pasado fueron débiles en su rigor y permitieron incorporar a la institución miembros proclives a transgredir las normas y protocolos de la Policía. Este ejercicio se debería aplicar a la fuerza pública en general.

Todo esto debe estar ligado a la reformulación de la educación que reciben los miembros de la Policia Nacional. No me refiero a capacitación o formación, sino al alcance amplio del concepto de educar. Acá encajan aspectos como el respeto y la protección de los derechos humanos, la conciencia de la funcionalidad del servicio público como deber y no como ventaja para abusar de un poder, la ética y la conciencia de las repercusiones de la corrupción policial en la sociedad y para la institución policial.

La Policía Nacional es una institución fundamental para el país, lejos de apoyar discursos y propuestas que puedan tender a debilitar a la institución creo que es momento de fortalecerla.

Es importante que el Gobierno revise los protocolos para el control de la protesta y el uso de armas menos letales.
P.

¿Cómo ve la respuesta del Gobierno ante la matanza que hubo, cuya responsabilidad apunta en gran medida hacia la Policía, ente bajo la batuta del Ejecutivo?

R.

Mencioné que se evidenció un descontrol trágico en el manejo de la situación y el Gobierno ha hecho la evaluación de lo ocurrido y ha asumido y comunicado la responsabilidad pidiendo perdón por los hechos. Pero no se puede quedar ahí. Es necesario presentarle al país acciones que corrijan lo que está mal, máxime cuando la protesta social seguramente escalará en los próximos días y meses y el resultado en ese momento no puede ser trágico para nadie.

P.

¿Qué significa el hecho de que la Procuraduría asuma el proceso disciplinario por poder preferente sobre el caso Ordóñez?¿También el Ministerio Público revisa con prioridad los 13 crímenes de manifestantes?

R.

Significa que desplaza a la Inspección General de la Policía en la investigación disciplinaria y la asume con el fin de garantizar celeridad, independencia y resultados.

Los 13 homicidios también serán asumidos por poder preferente por la Procuraduría General de la Nación y para ello he creado un grupo robusto de procuradores que los asumirán, conformado por cinco procuradores delegados, entre los que se encuentran el delegado para Fuerza Pública y el delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, y cinco procuradores judiciales. Este equipo contará con un apoyo priorizado para las investigaciones de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, que es nuestro cuerpo técnico de investigación.

P.

¿Se emparentan, a su modo de ver, estos nuevos hechos con lo ocurrido con Dilan Cruz el año pasado? ¿Qué propone la Procuraduría para que el ejercicio de la protesta en el país no deje, como ha pasado en las recientes oportunidades, un rastro de sangre y además de destrucción de la infraestructura pública y de transporte en las ciudades?

R.

El caso de Dilan Cruz, cuya investigación disciplinaria adelanta la Procuraduría, se presenta en un contexto de hechos distintos a los registrados la semana pasada.

Es muy importante que el Gobierno nacional revise los protocolos para el control de la protesta y el uso de armas menos letales, con el fin de evitar hechos trágicos como el ocurrido con Dilan Cruz o los que registramos el pasado 9 y 10 de septiembre.  

P.

¿En su concepto, y por las pesquisas de la entidad a su cargo, qué tanto cree que están permeadas las marchas en el país por el ELN y/o las disidencias de las Farc, y qué tanto deslegitima este asunto las protestas y las causas de las mismas?

R.

No tenemos evidencia de las supuestas infiltraciones, aunque no es descartable que ello ocurra, pero desviar hacia esa teoría la atención implica desconocer que hay una enorme capa social descontenta. Jóvenes que no tienen acceso a educación o trabajo, que ven el país con ojos diferentes y tienen una ilusión de futuro particular; personas desempleadas, víctimas de la violencia y la inseguridad, críticos de la acción violenta del Estado o simplemente ciudadanos que no están de acuerdo con muchas cosas que pasan en el país. Esto constituye una masa enorme que no debe ser descalificada con el discurso de la infiltración de la protesta.

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