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Archivo, Orlando Amador y cortesía.
Colombia

La ruta de la disputa territorial en el Caribe

Analistas hablan en EL HERALDO sobre la reconfiguración armada en la Región, donde se han cometido 8 masacres este año.

En lo que va del 2020, según cifras de Indepaz, se han registrado 55 masacres en el país, siendo agosto, con 11,  el mes más violento  y en la primera semana de septiembre se registraron seis más. En total, durante lo que va del año,  218 personas han sido asesinadas en el marco de estos hechos.

Solo en el Caribe, Indepaz registró 8 masacres en lo que va del 2020. Bolívar es el departamento con mayor número, 3 en total. No obstante, vale la pena recordar que solo en el mes pasado, líderes sociales contabilizaron al menos siete asesinatos distribuidos entre el corregimiento de Zambrano y El Carmen de Bolívar, específicamente, en la vereda Caño Negro. De igual forma, en esta misma vereda 37 familias, las cuales ya retornaron, se desplazaron tras los asesinatos.

Córdoba es el segundo departamento en esta ruta de violencia, con dos masacres, según datos de Indepaz. Pero también en las últimas semanas han sido asesinados varios líderes sociales, así como otros han alertado que han sido amenazados.

En el informe ‘El desgobierno del aprendiz’, presentando por varias organizaciones de Derechos Humanos, se detalla que Montelíbano, Tierralta, Valencia, San José de Uré y Puerto Libertador son considerados municipios que hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto armado y conforman una subregión para la construcción y puesta en marcha de uno de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).

En el informe, además, se aclara que desde 2011 no ocurrían desplazamientos masivos como empezaron a presentarse desde finales de 2017 hasta la actualidad. De hecho 67 familias, provenientes de la vereda La Cabaña, permanecen en el polideportivo La Esperanza en el casco urbano de San José de Uré por miedo de regresar a sus casas ante el escenario de violencia que se vive en la zona.

“De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se presentaron 14 desplazamientos masivos desde finales de 2018 hasta diciembre de 2019, además de masacres, homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de reclutamiento forzado. Igualmente, hechos de violencia contra la población civil atribuibles a la fuerza pública”, se lee en el informe.

De acuerdo con Indepaz, Atlántico, Cesar y Magdalena registran una masacre cada uno.  

¿Por qué los matan?

Ante esta nueva oleada de violencia la pregunta que queda es: ¿Por qué los matan? ¿Qué tiene que ver la población civil en un conflicto entre grupos armados?

El profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos explicó que una parte de la violencia reciente se ha dirigido contra quienes, al parecer, han violado las órdenes sociales que habían sido reforzadas durante la cuarentena. Así mismo, indicó que otra de las razones son las disputas de territorios con competidores armados.

Por su parte, el analista en seguridad y defensa John Marulanda indicó que “el asesinato de los líderes y de los jóvenes que no hacen parte de ninguna de las bandas, representan un tropiezo y pueden estar bloqueando alguna ruta de salida (del narcotráfico)”.

En este mismo sentido, Trejos agregó que parte de la violencia se ha concentrado en la población civil y que esta sería una de las características de la nueva fase de violencia que vive el país. “Las acciones armadas no se traducen en el uso de modalidades operativas de combate entre contrarios armados, sino en la amenaza, asesinatos selectivos y el desplazamiento de las comunidades”, precisó.

Marulanda indicó que ha cambiado el origen de los actos de violencia. “Los homicidios, masacres y desplazamientos en áreas rurales y algunas citadinas tienen su origen en el narcotráfico”.

Principales territorios con presencia armada en el Caribe

Las regiones con presencia de grupos armados ilegales coinciden en poseer una posición geográfica estratégica para el  cultivo, procesamiento y salidas para la venta de droga. Entre tantos grupos armados ilegales, la disputa por la tierra y las rutas del narcotráfico aumenta y deja como saldo los asesinatos de civiles para ejercer control territorial.

Reconfiguración armada

Para Trejos, el escenario actual se caracteriza por la proliferación de grupos armados ilegales con diferentes capacidades operativas. “Van desde lo microlocal (veredas o barrios), locales (municipios), regionales (subregiones) hasta lo nacional. Es decir, estamos frente a una constelación de actores armados, lo que contrasta con las grandes organizaciones que hasta hace poco monopolizaban la confrontación armada en el país”, manifestó el politólogo.

A su vez, Marulanda agregó que los recientes hechos violentos en el país guardan relación con el área estratégica en los que suceden, ya que colindan con las fronteras de Ecuador y de Venezuela, agilizando el tránsito de cocaína.

“Los hechos que han ocurrido en Arauca, Norte de Santander y el Catatumbo se explican con el hecho de que sean fronterizos con Venezuela. En esta nueva reconfiguración del fenómeno de la violencia interna en el país hay un elemento nuevo y sumamente peligroso: la presencia activa de Venezuela, que apoya a estos grupos narcoterroristas”, aseguró el analista en seguridad.

Marulanda detalló que con esta nueva reconfiguración armada no se busca combatir a las autoridades, sino corromperlas.  Agregó que esta ha cambiado por las redes del narcotráfico que no necesitan estar uniformadas. “(La disputa) es más entre las mismas organizaciones y su entorno. Ya no se insiste en una confrontación directa en contra del Estado”.

El experto puso de presente que pese a que grupos como el ELN, disidencias de FARC, Gentil Duarte y la Nueva Marquetalia  siguen ostentando banderas políticas, están dedicados fundamentalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. “Eso es lo que les da el dinero para pagarles a los jóvenes y así seguir reclutando”, afirmó.

Los profesores Amaranto Daniels Puello y Francisco Méndez Beltrán, en su artículo ‘Los Montes de María: entre la fragilidad institucional y el regreso del pasado’ describieron que en esta reestructuración armada, las operaciones, tácticas y características han evolucionado hacia organizaciones de estructuras fragmentadas.

Modelos de células que se movilizan en grupos de entre cuatro y diez integrantes, en donde se pasa de la integración vertical(carteles) a la integración regional cimentada en las redes, alianzas, franquicias y múltiples actores como fundamento para la expansión de sus actividades criminales”, indicaron.

Las rutas y la tierra

Una de las zonas más estratégicas para el narcotráfico en el Caribe es El Carmen de Bolívar, por ende, también es uno de los municipios que nuevamente está siendo golpeado por el conflicto de grupos armados.

De acuerdo con Trejos, la violencia armada en los Montes de María se ha concentrado en los municipios de San Onofre y El Carmen de Bolívar. “En este último, entre otras cosas, la violencia armada ha aumentado porque se encuentra en el centro del eje vial conformado por la Troncal de Occidente y la Troncal de Los Contenedores”, especificó.

Lo anterior consolida a este municipio como una zona, tal como detalló el profesor de la Uninorte, en la que confluyen rutas que vienen desde centros de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el sur de Córdoba y el Magdalena Medio y llegan hasta los puntos de exportación del Golfo de Morrosquillo, pasando por San Onofre.

“La reactivación permanente de esta ruta de narcotráfico por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo puede deberse, entre otras razones, a la guerra que libran contra los Caparros en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba. Las acciones ofensivas del Ejército Nacional en el mismo territorio los habrían obligado a buscar rutas para exportación por fuera de Urabá y Córdoba”, explicó el experto.

Otro de los conflictos en estas zonas tiene que ver con la misma tierra, la tenencia de la misma y su uso.  Una de las estrategias contempladas en el Acuerdo de Paz es la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin embargo, las personas que pertenecen a este programa suelen ser amenazadas o asesinadas. Datos de Indepaz registran que han matado a nueve personas beneficiarias o gestoras de este programa, hasta julio de 2020.

En el primer semestre de 2019 se presentó una amplia movilización en la región motivada por la inseguridad jurídica en relación con el tratamiento penal diferenciado y los retrasos en la implementación de la hoja de ruta sobre proyectos productivos y asistencia alimentaria. Aunque se llegó a acuerdos con las instituciones, en febrero de 2020 comenzó la erradicación forzada por parte de la fuerza pública, en contravía del acuerdo final y de los mismos acuerdos con las comunidades. Estos dos ejemplos ilustran cómo el esfuerzo de las comunidades, que están listas para la paz, no es correspondido por el Gobierno”, se lee en el informe ‘El desgobierno del aprendiz’

Abandono estatal
Archivo, Orlando Amador y cortesía.

La presencia estatal es uno de los factores claves en la construcción de la paz en los territorios. Casos como el de El Carmen de Bolívar, territorio que quedó libre de guerra, ante la aparición de nuevos grupos ha vuelto a ser escenario de la violencia armada.

La dificultad  para la construcción  de la paz se debe, anotó Trejos, al abandono estatal. “Las partes media y alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y las áreas rurales de los municipios que conforman el sur de los departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba, con distinta intensidad, son territorios desgobernados o sin gobierno, lo que se verifica con la presencia permanente de estructuras armadas y cultivos de uso ilícito”.

Montes de María
Ovejas

Se han incrementado las extorsiones, constreñimiento en épocas electorales, abigeato y tala indiscriminada de bosques con destino a mercados como Magangué y Barranquilla. Hay presencia de cultivos ilícitos (marihuana) en Aguarica hasta la zona de Medina, colindante con El Salado. Y la zona la disputan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias de Farc. Sin embargo, también se ha visto a Los Caparrapos.

Chalán

Se resalta la presencia de una estructura criminal liderada por exintegrantes de las Farc, conformada por 25 a 30 hombres, con redes de apoyo en los municipios de San Onofre, Coveñas, Toluviejo, Colosó y Ovejas. También hay alianzas con estructuras localizadas en Magangué (Bolívar), considerada una franquicia del  Clan del Golfo, organización ilegal especializada en la distribución de drogas.

Córdoba

Hay retenes realizados por un grupo reconocido como “paramilitares o autodefensas” en el sector de Guaymaral y San Andrés, vía que conecta con Canutal (Ovejas) y es una ruta utilizada para el abigeato, siendo este la mayor problemática señalada por la comunidad. Otra problemática es el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, quienes a su vez reclaman falta de empleo o acceso a la educación superior.

San Onofre

La situación se torna aún más crítica ante los homicidios que se presentan tanto en el casco urbano, como en el corredor Chinulito – Macayepo, principal ruta para la movilidad de droga (microtráfico) y el posicionamiento de estructuras del Clan del Golfo. Una situación similar ocurre en el corregimiento Libertad y las veredas de Sabanetica, Labarcé y Plan Parejo, que están subordinadas a la estructura del Clan del Golfo.

Corredor de la Alta Montaña

En las áreas colindantes de los municipios de El Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Jacinto y San Onofre hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas. También se ve la presencia  en los corregimientos y veredas de Santo Domingo de Meza, Puerto Mesitas, Saltones de Meza, El Milagro, San José de Playón y La Suprema. Este grupo viene intimidando a la población citando a reuniones a miembros de organizaciones sociales y creando nuevas dinámicas de subordinación.

¿Por qué la disputa?

Los grupos armados se disputan el territorio principalmente por las rutas de narcotráfico, pero también para ejercer control. Trejos explicó que esto les permite tener acceso a rentas, pero también fortalece sus bases con nuevas incorporaciones y facilita la construcción de retaguardias y, eventualmente, el control territorial les permite legitimidad social.

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