El Heraldo
Panorama de la sesión conjunta del Congreso el pasado 29 de abril.
Colombia

“La parte polémica del proyecto de tierras irá al Congreso”

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, dijo a EL HERALDO que la Ley de Tierras “no patrocina medidas de expropiación”. “Eso es desinformación”, aseguró.

Luego de que se conociera que el Gobierno, a fuerza de las críticas de varios sectores durante la socialización, decidió partir en dos el proyecto de tierras, de manera que una parte se tramite por decreto, y otra, “la más polémica” –es decir, las disposiciones sobre la propiedad rural y los baldíos, entre otras– sea por vía legislativa, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, habló con EL HERALDO para aclarar dudas.

Sobre lo que queda por decreto, explicó que “el decreto-ley brinda las herramientas necesarias para alcanzar las metas impuestas en el Acuerdo de Paz en materia de acceso a la tierra para las familias más vulnerables, y de formalización para las familias que poseen tierra pero que no son propietarias.

En el articulado está la creación del Fondo de Tierras, los mecanismos de subsidios, créditos y adjudicación de fincas, la titulación de predios en Zonas de Reserva Forestal, y la simplificación y unificación de los trámites”.
La división fundamental entre el decreto y el proyecto es, entonces, “que este decreto-ley aborda lo operativo, las herramientas prácticas para generar acceso a la tierra. Las demás disposiciones normativas en materia de tierras, que han resultado ser las más polémicas, harán parte de un proyecto de ley que el Ministerio de Agricultura radicará ante el Congreso una vez se presente a la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) y se someta a consulta previa”.

¿Expropiación?

Frente a las supuestas medidas de expropiación que patrocinaría esta iniciativa, según los opositores de derecha, advirtió el director de la ANT que “son desinformación. La propuesta no ‘patrocina’ ninguna medida de expropiación de la propiedad privada. Esas disposiciones existen hace décadas. Lo único que se buscaba era brindar más garantías pasando estas funciones a un juez. Pero estas disposiciones, como dije, harán parte del proyecto de ley que confecciona el Ministerio de Agricultura”.

Baldíos

 A la pregunta de a quién serán entregados los baldíos, pues la izquierda dice que no irían a los sujetos de reforma agraria, respondió Samper: “A los campesinos que no tienen tierra o que tienen muy poca y en todo caso insuficiente para sacar adelante a su familia, a los trabajadores y las asociaciones con vocación agraria, a organizaciones cooperativas, a las mujeres rurales y a la población desplazada”. 

Y acerca del llamado que hace la Contraloría a que la ANT investigue 322 baldíos que habrían sido acumulados de forma irregular, se limitó a contestar: “La Agencia de Tierras es respetuosa de las decisiones de los organismos de control”.

En un reciente comunicado, Samper había manifestado en términos generales: “La tierra ha sido uno de los detonantes del conflicto armado en el país. Por eso hoy juega un papel protagónico en la consolidación de una paz estable y duradera y por eso el acceso a la tierra para las familias vulnerables del campo es tan importante como el Acuerdo mismo”.

Ganaderos critican

De otro lado, el presidente de Fedegán, el samario José Félix Lafaurie, consideró que “el proyecto de ordenamiento social de la propiedad rural, que contenía 166 artículos, fue recortado a uno de 57 artículos en los que se mantiene vigente el tema de la expropiación”.

Agregó en este sentido que en este nuevo proyecto, “que inicia con un inesperado reconocimiento de los derechos a la propiedad privada, a la libre competencia y a la libre empresa, además de aceptar el fracaso de las leyes 135 de 1961 y 160 de 1994 y evitar la declaración de principios en la que se levantaba la bandera de la expropiación, hace explicita su relación con los compromisos del Acuerdo Final”.

Y concluyó el dirigente opositor: “Si bien antes existía esa norma, no existía la presión de cumplirle a las Farc con las 3 millones de hectáreas, lo cual implica que en los 10 años al menos 300 mil hectáreas tendrán que ser aportadas al Fondo de Tierra, y como no hay expropiación porque el Gobierno no tiene recursos para indemnizar, será la extinción por afectación ambiental el expediente al que recurrirán para poder entregarles tierras a los que le hacen falta o a los que no tienen.

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