La historia de espionaje contra el exfiscal de la JEP & cía

Una película. Eso parece toda la historia que envuelve la captura del exfiscal de la JEP y compañía. Con ingredientes de espionaje, de agentes norteamericanos, de infiltrados colombianos y con medios tecnológicos usados para capturar videos y audios.

Todo, además, en medio de coyunturas políticas particulares: Estados Unidos acababa de decir que no enviaría más pruebas para pedir en extradición al exguerrillero sucreño Jesús Santrich, el Consejo de Estado le mantiene su investidura y el tic tac del presidente Iván Duque avanza hacia la fecha límite para definir si objeta o sanciona la ley estatutaria de la JEP, que le otorga fuerza jurídica a las decisiones del sistema creado en la mesa de La Habana y que debe resolver en los estrados 50 años de guerra.

Estalla el escándalo

Lo primero que supieron los colombianos sobre todo este caso fue que habían capturado en dos hoteles del norte de Bogotá, al mediodía del viernes 1 de marzo, al entonces fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, a su pareja Ana Solarte, al exsenador Luis Alberto El Tuerto Gil, al líder político Luis Orlando Villamizar y al conductor de Gil, Yamit Prieto.

Según la Fiscalía, a Bermeo, Solarte y Gil los cogieron en el hotel JW Marriott, de la calle 73 con carrera 8, luego de que les hubieran entregado USD40 mil –que se los pasaron a Bermeo, como se ve en el video, por debajo de la mesa–. Bermeo se fue al baño, allá le pasó los fajos a su pareja, esta los metió en una mochila wayuu, el exfiscal salió del baño, fue detenido junto con Gil por los agentes del CTI y cuando Solarte salió del tocador y vio a su pareja bajo captura intentó salir del hotel con la mochila pero fue interceptada por los agentes.

En el otro hotel, The Artisan, de la calle 72 con 5, de acuerdo con la versión del ente acusador, a Villamizar y a Prieto les entregan USD460 mil en una maleta y, poco después, también agentes del CTI los aprehenden. Las entregas de los dineros, que tenían como objeto el aparente pago de gestiones de estas personas para retrasar procesos en el trámite de extradición del exguerrillero sucreño Jesús Santrich, hacían parte de un botín de USD2 millones, que se entregarían ese mismo día, de un total de USD10 millones, que según la Fiscalía, serían el pago por la no extradición de Santrich.

Acto seguido, la JEP advertía en un comunicado que la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, más conocida como la Fiscalía de la JEP, a la que pertenecía Bermeo, no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición.

Las detenciones, además, se produjeron horas después de que el Consejo de Estado fallara a favor de Santrich y le mantuviera su curul en el Senado; de que desde Estados Unidos el secretario de Estado le manifestara al Gobierno colombiano que no enviaría más pruebas para apoyar la solicitud de extradición en contra del exguerrillero; y en medio del plazo hasta el lunes que tiene el presidente Iván Duque de sancionar u objetar la ley estatutaria de la JEP, que le da piso jurídico a las decisiones del sistema de justicia transicional.

Las capturas se produjeron con el trabajo de un agente infiltrado de la Fiscalía, que es quien entrega el dinero a Bermeo –como lo reveló entonces EL HERALDO–, y la fuente, que sería el agente mexicano de la DEA, quien venía negociando desde antes con la supuesta organización. También participa en ellas una mujer también infiltrada del CTI, que es quien deja la maleta en poder de Villamizar.

La DEA les seguía la pista

La DEA envió una carta el pasado 26 de febrero a la Fiscalía, en la que pone de presente “reuniones que una fuente administrativa por agencia federal acordó con diversas personas conocidas como alias Wilson, alias Giovanny, alias Gil, alias Villamizar, alias Bermeo, entre otros integrantes de la organización, para tratar temas relacionados con corrupción dentro de instituciones del Estado colombiano”.

Se lee además en la misiva que “las anteriores personas han realizado ofrecimientos en la fuente, con el fin de vender, retardar y omitir decisiones dentro de procesos penales de narcotráfico y procesos administrativos, así mismo realizar lobby ante personas que tienen control de temas específicos y sensitivos para Colombia y Estados Unidos a cambio de una suma aproximada a los USD500 mil ”.

Y concluye el documento que la “autorización requerida es importante para el desarrollo de una operación encubierta encaminada a desarticular una organización involucrada en actos de corrupción relacionados con casos sensibles para Colombia y Estados Unidos, que cursan en una institución del Estado”.

Entonces, desde el 27 de febrero, es decir al día siguiente, la Fiscalía autoriza la disposición de la operación encubierta de la mano de la DEA y se toman dineros incautados a la mafia para hacer la entrega controlada.

Las gestiones de la DEA, no obstante, al parecer, venían desde diciembre pasado, pues en una de las transcripciones de las reuniones, entregadas por la Fiscalía, el mexicano dice “prácticamente ya nos has estado ayudando”, y Bermeo responde “sí, desde que usted me dio la mano aquí el 28 de diciembre”.

Y esto es criticado por Gabriel Porras, defensor de Gil, quien advierte: ¿Si antes del 27 de febrero hubo visitas a Gil, cuál es el soporte de dicha actividad? El 27 de febrero de 2019 es la fecha de la resolución que autoriza el agente encubierto en este caso. Entonces, antes de esa fecha no actuó un agente encubierto sino un agente provocador, propio de la justicia norteamericana. En Colombia no está permitido inducir el delito en las operaciones encubiertas. Por lo tanto, las pruebas de la Fiscalía son ilegítimas, nulas de pleno derecho. Se vulneran la intimidad, las comunicaciones y el domicilio. El agente provocador actuó rayando el derecho penal”.

Pero es defendido por el fiscal 11 Antinarcóticos y Crimen Organizado, Gabriel Sandoval: “No hubo provocación del delito sino una concertación para delinquir que venía de tiempo atrás. La DEA informó que había unas personas que se estaban reuniendo para organizar la venta de procesos en la JEP. Y la Fiscalía inició una investigación (…). Aquí lo que vemos es la concreción de un negocio que ya estaba, e incluso Villamizar dice que él también hacía otros negocios con dólares y el propio Villamizar menciona al fiscal de la JEP. También se habla del anticipo, y dice Villamizar que nosotros en Colombia anticipamos, y le responden que el que están haciendo es un negocio entre mañosos, y esa palabra se podría cambiar por bandidos. (...) Y tanto el agente encubierto como la entrega del dinero incautado están amparados en la Constitución”.

La versión de los detenidos

Según le contaron allegados a la defensa a EL HERALDO, parte de la estrategia defensiva de Gil y Villamizar se basa en imágenes que aseguran tener del agente de la DEA llegando a la casa de Gil en diciembre pasado.

Afirma la fuente que fue ese mexicano, quien dijo llamarse Asaf, quien les habría propuesto a los detenidos, concretamente a Gil a través de Villamizar, que contactaran a alguien de la JEP, para que lo ayudaran, asegura, a hacer unas averiguaciones relacionadas con el trámite de extradición de Santrich, ya que el mexicano dijo tener unas propiedades en las que interviene Santrich.

Lo que tiene la Fiscalía

El fiscal 11 Antinarcóticos y Crimen Organizado, Gabriel Sandoval, señaló a los detenidos por el presunto soborno al exfiscal de la JEP, así como por un supuesto negocio de 120 kilos de estupefacientes con destino a Italia.

Sin embargo, los imputados se declararon inocentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

“Señor fiscal Bermeo, usted ofreció retardar actividades propias de su cargo. En una reunión usted ofreció retardar órdenes a Policía Judicial, solicitar prórrogas de las órdenes impartidas por un magistrado para dilatar los términos, la devolución de documentos enviados por una agencia de investigación extranjera dentro del caso Santrich (…). Usted logró que la carta enviada a los EEUU, dentro del trámite de extradición de Santrich, no llegara a su destino, pero además ofreció retardar administrativamente ese mismo proceso por al menos tres meses adicionales. Usted aseguró que para ello ya habría ejercido su influencia respecto de un secretario encargado de recibir documentos en la JEP y de un magistrado, con los cuales esta organización criminal ya habría estado reunida. (…) Fue una negociación por USD2 millones, y se habla que es un pago total de USD10 millones”, dijo sobre el soborno.

Y sobre el negocio de drogas: “Igualmente, se concertó con Gil y dos personas más, una de ellas de nombre Alexander Toro, y el 1 de marzo de 2019 negoció en presencia del agente encubierto al menos 120 kilos de sustancia estupefaciente que serían entregados en la ciudad de Roma, Italia, al señor Alexander Toro, para ser distribuidos en una discoteca que dijo es de su propiedad”.

No obstante, la Procuraduría, en su intervención en las diligencias, se apartó de la tesis de la existencia de una organización para el tráfico de drogas a Italia y dijo que no se acreditó por parte de la Fiscalía que el negocio se concretara.

El ente acusador, en respaldo de sus tesis sobre lo de la JEP, presentó audios y videos, aunque en muy mal estado, fundamentalmente de reuniones en las que se escucha al mexicano, a agentes infiltrados, a Villamizar y a Bermeo.

Una de las reuniones grabadas fue en una habitación del Hotel The Artisan, donde estaba alojado el mexicano de la DEA y conversa con Villamizar. Esta reunión fue previa a la entrega del dinero en ambos hoteles. En algunos apartes de la grabación se escucha: "Mexicano: yo tengo 500 aquí en el morral. Villamizar: hagamos las cosas bien. Mexicano: a usted le pagan si usted hace algo. Villamizar: usted habla como mexicano y yo como colombiano. Nosotros aquí sí damos anticipo".

Y en otro momento de la conversación: “Mexicano: han pasado dos eventos significativos, la carta suya, que nos ayudó. Solo necesito 90 días. Écheme la mano. Orlando: no se va a lograr”.

Acto seguido, el fiscal Sandoval explicó la reunión y el tema que se trataba: “Esta parte es clara, es una negociación por USD2 millones, y se habla de que es un pago total de USD10 millones. Y se habla de un fiscal de la JEP, hablan de un negocio ilícito, y dice Villamizar que hay alguien en un carro, Yamit, el conductor de Gil, y está esperando para llevarse el dinero y que tiene que ir a comprobar antes que sea real”.