El Heraldo
Oneida Pinto a su llegada este miércoles al centro de servicios judiciales de Paloquemao. Jhonny Hoyos
Colombia

Juez legaliza captura de exgobernadora Oneida Pinto

La exmandataria es investigada porque gran parte de los $18.600 millones dirigidos a reducir la mortalidad infantil en Albania se los dieron a albañiles, mecánicos y técnicos en sistemas para que votaran por ella a la Alcaldía del municipio guajiro en 2011.

El juez 35 de control de garantías de Bogotá impartió en la noche de este miércoles legalidad a la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, detenida por la Fiscalía a las 8:56 de la mañana de este mismo día, al salir de su apartamento en la calle 162 con carrera 54 del norte de la capital.

La defensa de Pinto, que apeló la decisión, argumentó que fue una captura apresurada, pues, aseguró, ella comparecería por su cuenta ante las autoridades por este mismo caso.

Por su parte, el fiscal 28 Anticorrupción de Bogotá, afirmó que se cumplieron todos los requisitos de ley en el procedimiento de aprehensión de Pinto.

Dejó en claro además el delegado del ente investigador que los dos hijos menores de edad de la exmandataria fueron dejados en custodia del padre, también con domicilio en la capital, previa labor del Icbf y una defensora de familia que se hicieron cargo.

La exgobernadora lució tranquila en la diligencia, sonriente y hasta posó para los medios de comunicación que la fotografiaban o grababan en video.

El togado dispuso la continuación de la judicialización para hoy a las 8:30 de la mañana, cuando la Fiscalía le imputará cargos a la exmandataria.

Más temprano, el fiscal Néstor Humberto Martínez informó que la destituida exgobernadora de La Guajira fue capturada por los múltiples aplazamientos de la audiencia de judicialización en su contra que había venido pidiendo su defensa. “Por cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscalía General de la Nación capturó en el norte de Bogotá a la ex gobernadora de La Guajira y ex alcaldesa de Albania Oneida Pinto”, indicó Martínez en conferencia de prensa.

El fiscal Martínez explicó que los hechos por los que será imputada ocurrieron en Albania, La Guajira, durante 2011, cuando fueron denunciadas, ante diversos entes de control, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.

Este es muy cercano a Pinto como escolta y conductor y ella lo apoyó políticamente para que fuera elegido.

Advirtió Martínez que en la investigación la Fiscalía “evidenció irregularidades” en los convenios interadministrativos 008 y 004, con una adición, suscritos con el Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18.600 millones de pesos, “cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el Municipio”.

Recordó que por estos hechos ya fue capturado, entre otros, Hernández, quien firmó los convenios, y 9 particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas a desarrollar.

Además, estos últimos contrataron a personas que “no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas”, dijo el Fiscal y destacó que esas personas lo que sí tenían era “capacidad de votar en dicho Municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa entrante”, es decir, Pinto, expresó Martínez.

Once capturados

Por este mismo caso, un Juez de Control de Garantías de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento y envió a prisión a 10 personas y ordenó la detención domiciliaria contra otra, tras ser capturadas en noviembre de 2015 en diferentes municipios de La Guajira.

Los delitos por los cuales están acusados son también los de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Entre ese grupo de imputados y asegurados está Émerson Segundo Pinto, secretario de Salud de Albania en 2011, quien es señalado de realizar los estudios previos de factibilidad, creando la necesidad de suscribir los convenios. También, Carlos Arturo Gómez Ovalle, interventor, capturado en Riohacha y encargado de autorizar los pagos a los coordinadores y a los subcontratados, quien tenía a su cargo la vigilancia técnica, financiera y el seguimiento de los recursos que se manejaron en estos convenios.

Igualmente, él debía elaborar los informes para que se autorizaran los pagos. Faltando solo un mes para la terminación del contrato se vinculó al proyecto.

Otros que resultaron cobijados con medida de aseguramiento fueron Emel Antonio Rodríguez Amaya, Mayerlis Lineth Carrillo, Carmen Elidia Yance Charris, y Eliana Margarita Urango Álvarez, todos particulares y capturados en Albania. Asimismo, Xiomara Alejandra Sánchez García, capturada en Valledupar; Daihana Ramos Cuesta, capturada en Riohacha; Yamineth Roxana Pinto Ospino y Glenis Joseina Ojeda Rivadeneira, capturadas en Maicao.

La única que fue cobijada con detención domiciliaria fue Yira Patricia Montaño Manjarrés, quien estaba en estado de embarazo y había sido capturada también en Albania.

Albañiles y mecánicos en programas de salud

Desde enero de 2016, cuando apenas tenía unos días de haberse posesionado como gobernadora de La Guajira, la Fiscalía General inició una investigación contra Oneida Pinto Pérez por su presunta responsabilidad en la apropiación de recursos para la niñez, en hechos ocurridos en el municipio de Albania.

Una las irregularidades detectadas en los convenios interadministrativos con el Hospital San Rafael de Albania fue que no se cumplió a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos. Igualmente, la Fiscalía halló que contrataron personas que no cumplían con los perfiles para ejecutar los convenios, entre ellos  albañiles, mecánicos y técnicos en sistemas, entre otros.

Fueron en total 1.600 personas las que aparentemente contrataron para dictar charlas y llevar a cabo actividades contra la mortalidad infantil, flagelo que año tras año ha cobrado la vida de niños wayuu, incluso en rancherías de Albania.

Los subcontratados, presuntamente, recibieron la suma de un millón 200 mil pesos cada uno para dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.

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