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Colombia

JEP confirma seguimientos del DAS a miembros de la UP

Andrés Espinosa Garcés, analista de inteligencia del departamento de Estado de EE. UU. y el FBI, fue citado ante la JEP por el macrocaso 06.

En medio de audiencia el magistrado Gustavo Salazar reveló un documento del Departamento de Inteligencia del DAS en el que se recaudó información de inteligencia de Pedro Malagón, militante de la Unión Patriótica, asesinado junto a su hija Elda Milena Malagón, el 20 de junio de 1996. 

Andrés Mario Espinosa Garcés, analista de inteligencia del departamento de Estado de EE. UU. y el FBI, asistió a la diligencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de contribuir con su testimonio en el proceso de ampliación de información acerca de cómo  los grupos paramilitares en el Magdalena Medio,  afirmó que "sí, era normal” recaudar información de los miembros de partidos de oposición.

Durante la audiencia, el magistrado Gustavo Salazar explicó que Espinoza Garcés fue citado luego que en  2018, el representante de Miguel Maza Márquez le aportara a la JEP un documento denominado ‘Informe de Análisis y Contexto’, elaborado por Andrés Mario Espinosa con base en su formación como analista de inteligencia y el que contenía información que ayudaba en la investigación del caso 06, el cual estudia la victimización de miembros de la Unión Patriótica.

 “Trabajé bajo la subordinación del general Maza entre 1985 y 1991, Laboré para el DAS ininterrumpidamente 19 años, y para la época de los hechos, me desempeñaba en lo que se convirtió en  la división de análisis de inteligencia”, dijo Espinosa al empezar su testimonio ante la JEP.

Además manifestó que en sus indagaciones entrevistó a tres fuentes que considera cruciales. El primero fue en febrero de 1989, cuando tomó entrevista a Diego Viáfara Salinas “por remisión del hijo del doctor Guillermo Cano Isaza, el inmolado director del diario El Espectador”.

Al recibir el testimonio de Viáfara, Espinosa aseguró que recorrió el país en el avión de la embajada de EE. UU., con la colaboración de la DEA en Colombia “cotejando la información que el señor había vaciado en nuestros documentos. Eran contundentes sus revelaciones”.

Espinosa contó que la segunda entrevista que hizo fue al mayor (r) del Ejército Óscar Echandía, “se desempeñó como alcalde de Puerto Boyacá, y, en su deber, tiene el haberle constado todo el ejercicio de germinación de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”, dijo.

“En tercer lugar, cité al señor Rogelio de Jesús Escobar Mejía, este señor por propia voluntad acudió al DAS y fue el testigo de la masacre de las víctimas de Pueblo Bello”, dijo Espinosa.

“Estas tres testificaciones me parecen nucleares para comprender todo el contexto que yo propongo en mi informe para la JEP”, afirmó Espinosa, explicando “el peso de las pruebas documentales”, que presentó como profesional de inteligencia.

Cabe resaltar que la Unión Patriótica (UP) es un partido político que nació en 1985  luego de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur. Sin embargo, el grupo político perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de dicha organización.

A su vez, la Sala de Reconocimiento consideró que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. La Sala constató la existencia de una “violencia sistemática y generalizada contra los miembros del partido político Unión Patriótica (UP)”.

De otra parte, el Estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la afectación de sujetos colectivos

Actualmente,  en el caso están acreditadas 143 víctimas, de las cuales 141 son individuales y dos son víctimas colectivas (Partido Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano). Así mismo, 8.093 personas fueron acreditadas como víctimas individuales asociadas con 8.550 hechos victimizantes que están bajo estudio en el caso.

Además, la Sala de Reconocimiento ha vinculado a 14 comparecientes en el caso, entre ellos 7 miembros de la Fuerza Pública.

 

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