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En distintas cárceles del país, los presos se han encargado de mantener los espacios lo más limpio posible.
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Colombia

Inpec anuncia que recibirá presos en URI y estaciones de policía

Se trata de condenados y reclusos de "alto perfil delincuencial", quienes serán sometidos a exámenes médicos previos y quienes, además, quedarían en cuarentena dentro de los penales.

El director del Inpec, general Norberto Mujica, anunció en una circular que los establecimientos de reclusión del orden nacional, en medio de la emergencia por la pandemia, podrán recibir a detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía y en las estaciones de policía.

Precisó el titular del ente penitenciario que habrá prioridad para condenados y personas con "alto perfil delincuencial", que serán los jueces los que decidirán qué casos serán objeto de los traslados y que no se harán de forma masiva.

Eso sí, advirtió, previos exámenes médicos de las secretarías de salud que constaten que estos sentenciados o sindicados están libres de coronavirus. Sin embargo, agrega, los remitidos serán puestos en cuarentena por 14 días, para lo que las cárceles deberán adecuar los espacios dentro de las prisiones

No obstante, sindicatos del organismo carcelario han rechazado la medida, poniendo de presente que posibilitar nuevos ingresos es poner en riesgo la salud de los internos de los 132 establecimientos penales del país, que además, señalan, no tienen la infraestructura para espacios de cuarentena.

Todo esto en medio de la polémica que ha generado el anuncio de las alrededor de 10 mil excarcelaciones que prepara el Gobierno, vía decreto y amparado en la declaratoria de emergencia carcelaria de hace un par de semanas, para prevenir el riesgo de contagio en las hacinadas (en un 50%) cárceles colombianas.

Uno de los más fuertes críticos de la medida ha sido el fiscal Francisco Barbosa, quien en un documento enviado al Ejecutivo asevera que la medida -que está en borrador y en discusiones antes de ser decretada- no busca prevenir el COVID-19 sino corregir el problema estructural de hacinamiento, que pondría en peligro la seguridad ciudadana al alentar a la criminalidad con "una sensación generalizada de impunidad", además de agregarle funciones al ente acusador como las de vigilar reclusos en sus detenciones domiciliarias.

Por ello, plantea el jefe del búnker adecuar bienes en extinción de dominio, en poder de la SAE, para que sean reclusorios temporales.

La ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello Blanco, señaló por su parte en un debate en el Congreso que el decreto no va a dejar contentos a todos los sectores pero aseguró que se tendrán en cuenta todas las recomendaciones.

Añadió que la disposición no buscar acabar con el hacinamiento y que para esto se están construyendo nuevas cárceles como la de San Ángel, la de Pereira y Riohacha, con 1.600 cupos cada una, y la del Atlántico, con 5 mil cupos.

Y frente a la propuesta de los bienes de la SAE dijo que primero deben cerciorarse de que ofrezcan las medidas de seguridad requeridas.

A su turno, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Diana Remolina, hizo también una serie de recomendaciones para la emisión del decreto: planteó que el envío de solicitudes a la Rama Judicial se realice de manera sucesiva y no en bloque, que se establezcan criterios de priorización de las solicitudes, que el término para decidir las detenciones domiciliarias debe ser superior a tres días y que una vez pase la contingencia el recluso se presente ante el centro carcelario y de no hacerlo se le libre una orden de captura.

La semana pasada se conoció el borrador del decreto, que establecería que la detención preventiva o la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia tendrán un término de seis meses prorrogables hasta por este mismo lapso y deja en claro que se podrán realizar sucesivas prórrogas por el tiempo que se estime necesario, previo concepto de las autoridades sanitarias frente a la pandemia.

La medida favorecería con la casa por cárcel temporal a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años, con enfermedades graves como VIH, cáncer, insuficiencia renal, trastorno pulmonar, enfermedades autoinmunes, entre otras; personas con movilidad reducida por discapacidad y personas con medida de aseguramiento por delitos culposos.

Pero no regirá para imputados o condenados por terrorismo, concierto para delinquir, testaferrato, financiación de terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos, lavado de activos, secuestro, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, uso de menores de edad para la comisión de delitos, homicidio agravado, feminicidio, lesiones causadas con agentes químicos, ácidos, narcotráfico, corrupción y delitos en el marco del conflicto armado.

Tampoco incluiría a procesados por delitos sexuales.

La normativa se prepara en el marco de la emergencia carcelaria declarada el pasado 22 de marzo por parte del Inpec y del Ministerio de Justicia "por temas de salud y orden público", luego de que en medio de amotinamientos el pasado 21 de marzo en 13 cárceles del país se registraran 23 reclusos muertos y 83 heridos en la Cárcel la Modelo de Bogotá.

"Se identificó un plan criminal mediante el cual algunos internos acordaron llevar a cabo una fuga masiva, empleando medios violentos. Sin embargo, el cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec reaccionó de manera oportuna, evitando una fuga masiva", afirmó la jefa de la cartera judicial en su momento

A su vez, el fiscal general conformó un equipo especial de 45 funcionarios para adelantar las indagaciones, recoger las pruebas y judicializar a los responsables de estos hechos.

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