El Heraldo
Patricia Linares, presidente e la JEP, y Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación. Cortesía JEP
Colombia

Informes de Fiscalía a JEP: rentas Farc y victimización estatal de líderes

El secuestro dejó a la exguerrilla 3,6 billones de pesos.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hizo este jueves la quinta entrega de informes a la JEP, esta vez, sobre las rentas ilegales de las desmovilizadas Farc y la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Con esta presentación, son once los documentos que ha entregado el ente de investigación penal al sistema de justicia transicional.

Los ingresos por renta ilícita de las Farc provienen del secuestro extorsivo, sobre el que la Fiscalía logró establecer que, entre los años 1996 y 2012, el total de los pagos fue de $3,6 billones.

También la extorsión, que según el organismo acusador, "acumula millones de pequeñas, medianas y grandes transacciones incuantificables. Estos factores explican la dificultad para cuantificar los ingresos por extorsión de la guerrilla".

En cuanto al narcotráfico, el Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos de la Fiscalía no pudo identificar un ingreso total de las Farc entre los años 1999 a 2016, pero cuenta con una cuarentena de cifras obtenidos por distintas fuentes entre estos años, que dan cuenta de cifras, cada una, desde los $6 mil millones hasta los $7 billones.

Y frente a la minería ilegal calcula la entidad de investigación: Bloque Oriental ($5.000.000.000), Bloque Noroccidental ($11.129.821.198), Bloque Magdalena Medio ($84.382.065), Bloque Caribe ($200.000.000), Bloque Occidental ($240.000.000) y Bloque Sur ($5.400.000)

El total de bienes de la desmovilizada guerrilla, así mismo, se enumera en 1.670, por un valor total de $2,3 billones.

Y en el informe de victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado, la Fiscalía indicó que en los procesos entre 1985 y 2016 "se registró información de 536 víctimas, la mayor parte de ellas en Antioquia (134 víctimas), Bogotá (75 victimas) y Arauca (53 víctimas), que concentran el 48.8% del total de víctimas identificadas en el informe. La mayoría de las víctimas eran hombres (78,54%), entre los 18 y 30 años (28%)".

Añade el documento que el universo de víctimas corresponde a líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles, personas dedicadas a la difusión de información, abogados o integrantes de colectivos de abogados y funcionarios del Estado.

Y concluye el reporte que "1.602 personas fueron individualizadas como presuntos responsables. De ellas 484 corresponden a agentes del Estado, 452 a integrantes de grupos

armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y 124 a personas sin vinculación comprobada a un grupo armado".

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