HRW denuncia “brutales medidas” de ELN y disidencias por la pandemia
Asesinatos, amenazas y control social están perpetrando los grupos armados contra la población civil en Córdoba y Bolívar.
En un panfleto del Ejército de Liberación Nacional, Eln, en Bolívar, en abril pasado anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no había “acatado las órdenes de prevención en contra de la COVID-19”. Se advierte además en el papel que “sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías”, y aclara que las demás personas deberán cumplir el “aislamiento” en sus casas.
A estos “castigos”, según la organización, también han recurrido las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Precisa el reporte que los grupos armados han cometido abusos violentos vinculados con las medidas contra el coronavirus en al menos cinco departamentos del país: Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo. Y en otros cuatro departamentos, Arauca, Bolívar, Chocó y Huila, han amenazado con recurrir a la violencia para hacer cumplir sus medidas.
El 26 de abril, registra el informe, miembros de la columna móvil Jaime Martínez, un grupo que surgió de la desmovilización de las Farc, mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro en el departamento de Cauca. Las víctimas fueron atacadas en un parque público, según indicaron a Human Rights Watch un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo que investigaron el caso. El fiscal dijo que tenían evidencia de que los civiles fueron asesinados por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado. Los miembros de la disidencia habían advertido a las víctimas que serían asesinadas si no cumplían con las normas, sostuvo el fiscal.
Así mismo, el 8 de junio fue asesinado Edison León Pérez, un líder comunitario de Putumayo. Según un fiscal que investigó el caso, miembros del grupo armado La Mafia habrían asesinado a Pérez porque, días antes, la víctima había enviado una carta a las autoridades locales denunciando que el grupo armado estaba obligando a los residentes locales a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona en relación con síntomas de COVID-19, señala la información.
También, a finales de marzo, la columna Jaime Martínez publicó un panfleto que decía que “Muchos no entendieron, no acataron las órdenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el Gobierno nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población”. Y agregaba: “El horario de atención de los negocios autorizados será de 8 a.m. a 2 p.m.; y en ese horario la gente deberá salir a comprar; a partir de las 2 p.m., nadie deberá estar en la calle, excepto por una emergencia médica”.
De igual forma, a finales de marzo, el Frente Oliver Sinisterra distribuyó un panfleto que advertía que todo aquel que no cumpliera sus medidas se convertiría en “objetivo militar”: “Se suspende toda actividad comercial y pública… y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar”.
Y, por ejemplo, el 8 de abril, en el departamento de Córdoba, miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia retuvieron por varias horas a un conductor de autobús, a quien acusaron de violar la cuarentena. Los miembros del grupo armado lo liberaron, pero lo obligaron a irse de la zona, registra la HRW.
Por todo esto, Vivanco planteó: “Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación de la COVID -19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas. El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos de la COVID-19”.
