El Heraldo
Alejandro Pizano Ponce de León.
Colombia

Hijo de testigo clave en caso Odebrecht murió envenenado

Medicina Leal estableció que Alejandro Pizano Ponce de León falleció por ingesta de cianuro. El hijo menor de Jorge Enrique Pizano Callejas tomó un sorbo de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre.

La Fiscalía General de la Nación anunció que la muerte de Alejandro Pizano Ponce de León, hijo de Jorge Enrique Pizano, quien era pieza clave en el proceso que se surte por el entramado de corrupción que enloda a la firma brasileña Odebrecht, obedeció a un “envenenamiento por ingesta de cianuro”. 

La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, anunció que la causa de la muerte de Pizano emitida este martes, se registró luego de que el ente acusador abriera investigación penal para determinar la causa del deceso del joven. 

“Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo”, dijo Riveros. 

La vicefiscal dijo que personas cercanas a la familia, anunciaron que la víctima advirtió que el agua ingerida tenía mal sabor e intento expulsarla de su cuerpo sin tener éxito. 

Según Riveros, minutos más tarde familiares del joven lo trasladaron a un centro asistencial por molestias estomacales, pero este llegó sin signos vitales. En ese caso, los investigadores recibieron la botella de agua para su análisis. 

La Fiscalía no solo lleva esta investigación, también adelanta acciones para identificar las causas de la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien fue el excontroller del Consorcio Ruta del Sol II. 

Jorge Pizano, quien falleció el pasado jueves, al parecer por causa natural, en agosto pasado concedió una entrevista a Noticias Uno, misma que fue publicada este domingo. 

En su declaración decía que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, tenía conocimiento de los sobornos que la firma brasileña estaba entregando para quedarse con las obras que hoy tienen a más de un funcionario del Gobierno tras las rejas.

En su relato, Pizano aseguró que le informó al entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, y a Luis Carlos Sarmiento Ángulo de las denominadas coimas. 

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“A raíz de eso se hace una reunión con el vicepresidente contralor del Grupo Aval donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación charlados y, posteriormente, ellos realizan reuniones con Odebrecht, en las que no participo yo, para que les aclare estas situaciones y eso concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor”, dijo Pizano. 

El testigo dijo que que aunque Martínez no hizo parte de esos encuentros, sí tenía conocimiento de lo que allí se habló. “Yo se lo informo personalmente”, aseguró Pizano y agregó que hizo lo propio con altos ejecutivos de la concesionaria que fueron designados por Corficolombiana. “Todas las reuniones están perfectamente documentadas, incluso en audios”. 

Las declaraciones de Pizano salieron a la luz luego de que este dejara claro que las misma podían ser públicas bajo dos circunstancias: la primera que saliera del país bajo protección, y la segunda que muriera. 

“Yo no hago especulaciones. Mis declaraciones siempre las hago porque tengo prueba de cada una de mis actuaciones, que las hice de acuerdo a lo ordenado por la ley”, enfatizó 

Ante estas declaraciones, el fiscal General en la mañana de este martes, emitió un comunicado en el que asegura que sus afirmaciones son hechas en condición de ciudadano, ya que los hechos denunciados datan de la época en la que fungía como apoderado del grupo económico. 

En uno de los puntos de la misiva de Martínez Neira dice que tras conocer las pesquisas que Pizano “el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación (…) con base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de 33.000 millones de pesos de los contratos cuestionados”. 

Posteriormente, Martínez señala que le fue “confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo– habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro”. 

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