Caso Mintic: hermetismo en torno a interrogatorio de Centros Poblados
La citación es para varios directivos de la unión temporal que habría incumplido y presentado documentos falsos en el contrato con el Mintic.
Hay total hermetismo entre las autoridades frente a la citación a interrogatorio prevista para este miércoles por parte de la Fiscalía a varios directivos de la Unión Temporal Centros Poblados por el escándalo del contrato del Mintic en el que se les entregaron a los contratistas $70 mil millones de anticipo para que llevaran internet a 7 mil colegios públicos rurales del país, pero cuyo objeto no se ha cumplido a cabalidad y además las garantías bancarias presentadas serían falsas.
La Fiscalía General de la Nación citó a la diligencia judicial de interrogatorio a varios directivos de Centros Poblados, sin precisar sus nombres, la hora o el lugar del cuestionario.
El objetivo de la diligencia judicial es el de procurar que estos directivos le expliquen a la Fiscalía cómo fue su participación en la suscripción de la supuesta garantía bancaria y la suscripción de la póliza de la oferta en el contrato con el Ministerio de las Tic luego que estas resultaran falsas.
El organismo busca esclarecer en este sentido la manera en la que un anticipo destinado para la instalación de internet en lugares apartados del país, terminó en una cuenta en Delaware, Estados Unidos.
La Fiscalía había definido cuatro ramas de investigación para este caso: la pesquisa sobre los funcionarios públicos que estuvieron involucrados o trabajaron en la estructuración y aprobación de las pólizas precontractuales al parecer falsas de esta licitación; los contratistas del esquema que llevó a ganar indebidamente la licitación; la expedición de esas pólizas y el giro de esos recursos derivado del contrato de administración de fiducia y pagos.
La Unión Temporal ha dicho, por su parte, que los equipos adquiridos son de telecomunicaciones eléctricos, de energía solar, materiales de ferretería e infraestructura, que ya se habrían comprado en Estados Unidos.
Dicha empresa sería la norteamericana Nuovo Security, que terminó exactamente en sus cuentas con $58 mil millones de los $70 mil millones que le entregó Mintic a Centros Poblados.
La compañía habría sido fundada en 2016, con seis empleados y sede física en La Florida y fiscal en Delaware, por lo que ha sido señalada de ser un posible 'paraíso fiscal'.
Según Dun & Bradstreet, de información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los $197 mil dólares y de repente se hicieron a 15 millones de dólares.
El pasado viernes el Mintic declaró la caducidad del contrato cuestionado y la ministra Karen Abudinen anunció entonces que se iniciaría de inmediato la liquidación de dicho contrato y que en el marco de este proceso se le exigiría al contratista que devolviera los $70 mil millones que se le dieron de anticipo.
Los contratistas además quedaron inhabilitados para contratar por cinco años con el Estado y cesan automáticamente los contratos que tuvieran vigentes con cualquier entidad estatal.
También, indicó la funcionaria, se adelantará el proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación y del contrato, y se pedirán las restituciones mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad estatal.
"Haremos efectiva la cláusula penal pecuniaria por la suma hasta de $39 mil millones (...) y no tenemos miedo a que nos demanden, porque tenemos los argumentos para enfrentar este proceso", concluyó.
Los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, representada por Luis Fernando Duque, son la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Robert Gómez; ICM Ingenieros SAS, representada por Herles Ariza; Intec de la Costa SAS, representada por Hugo Canabal y Omega Building, representada por Rafael Romero.
Finalmente, ordenó el Mintic comunicar el resultado del proceso a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, al supervisor del contrato y a la interventoría.
