Hay “presión desmedida” de los grupos armados en el Caribe: ONU
El organismo señaló que la respuesta militar “no ha frenado” la expansión de grupos armados en varias zonas del país. Destacó el homicidio de 22 defensores de DD. HH.
Juliette De Rivero, representante de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó este martes el informe ‘Violencia territorial en Colombia: recomendaciones para el nuevo Gobierno’, el cual expone la situación de orden público, desplazamiento y violencia en el país en los últimos dos años.
Es así como el documento destaca que la Oficina ha podido observar “la presión desmedida” de grupos armados no estatales por el control social ejercido en municipios de departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Putumayo y Sucre, “siendo notable el control de corredores para el tráfico ilegal como en la región del Pacífico entre Ecuador y Panamá”.
En rueda de prensa, la representante señaló que el ejercicio del poder a través de la violencia contra miembros de las comunidades “destruye procesos organizativos y el tejido social de las comunidades”, incluyendo pueblos indígenas y afrodescendientes.
“Las comunidades y sus líderes resisten a la presión y la violencia de los grupos para proteger su territorio, su vida, el medio ambiente y su cultura. Sin embargo, los grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y extorsión de la población, impactando en la capacidad de la comunidad de ejercer y disfrutar plenamente sus derechos”, señaló.
De Rivero afirmó que la respuesta militar “no ha logrado frenar” la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en “un incremento progresivo de los homicidios”.
“En los dos últimos años la Oficina ha observado cómo diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia y han afectado de forma creciente a la población y sus derechos”, y “a pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatirlos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan”, indicó.
Esto se suma a la “debilidad del Estado de Derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia, que han exacerbado la grave situación de derechos humanos”, mientras las comunidades denuncian abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades civiles para enfrentar la situación.
Por otra parte, el organismo señaló que, al menos, 22 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año en el país, donde los crecientes niveles de violencia perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales están teniendo un impacto “devastador”.
Mujeres y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes y líderes comunitarios son otras víctimas de la actual violencia, indica la oficina que preside la alta comisionada, Michelle Bachelet.
