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Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz.

Entrevista Con Miguel ceballos

“Habrá muchos escenarios en que los indígenas se podrán encontrar con el presidente”: alto comisionado para la paz

El titulo es:“Habrá muchos escenarios en que los indígenas se podrán encontrar con el presidente”: alto comisionado para la paz
Por: Tomás Betín @tombetri

Temas tratados

El comisionado de paz, Miguel Ceballos, habló en entrevista con EL HERALDO de la minga, el plan del atentado, el segundo round de las objeciones a la JEP y el duro informe del Instituto Kroc.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que la puerta para eventuales encuentros entre el presidente Iván Duque y las comunidades indígenas del suroccidente del país no está cerrada.

Con EL HERALDO, el funcionario dio detalles del aparente plan del atentado contra el jefe de Estado en el Cauca en medio de la fallida reunión con la minga e hizo un balance con retrovisor sobre el acuerdo con estos pueblos ancestrales: “Lo que solicitaban las comunidades hacía parte de compromisos no cumplidos por gobiernos anteriores”.

Frente al segundo round que se prevé se dé luego de Semana Santa en la plenaria del Senado en torno a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, advirtió: “Lo que esperan el Gobierno y el país es que por cuenta de mostrar pulsos políticos y pulsos de poder en el Congreso no se sacrifique mejorar el texto de la ley estatutaria”.

Y, finalmente, recordó la corresponsabilidad de las desmovilizadas Farc en la implementación del acuerdo de paz. Esto, por el informe del Instituto Kroc, que habla de que solo se ha cumplido el 23% de lo pactado.

 

P. ¿Cuál es el balance de todo lo ocurrido con la minga, incluyendo las alertas de seguridad para el Gobierno?

R.

Lo más importante de rescatar es la voluntad de diálogo del presidente Duque. Siempre dio instrucciones claras a la delegación de diálogo del Gobierno, y fueron las de buscar el diálogo sin que esa búsqueda implicara asumir compromisos que no se pueden cumplir. Y en esto quiero ser claro: las comunidades indígenas nunca pidieron nada distinto a lo que habían solicitado en años anteriores, de hecho no hubo un pliego de peticiones nuevo, fueron claros en decir que lo que solicitaban hacia parte de compromisos no cumplidos por gobiernos anteriores. El presidente nos instruyó en llegar a un acuerdo que respetara el marco fiscal y la estructura del Plan de Desarrollo, que ya incluye un capítulo especial para los pueblos indígenas.

P. Pareciera, no obstante, quedar un sinsabor porque el esperado encuentro entre el presidente y la minga no se dio…

R.

Este es un gobierno que siempre tendrá la voluntad de diálogo y esté seguro de que habrá muchos escenarios futuros en los cuales los miembros de las comunidades indígenas se van a poder encontrar cara a cara con el presidente. Hay que recordar que la primera reunión que tuvo el presidente acá en Palacio, dos días después de su posesión, fue con las 105 comunidades indígenas. Eso nunca había pasado, y el presidente en aquella ocasión les dijo “bienvenidos a esta gran maloka –casa comunal ancestral del Amazonas– de todos los colombianos, que es la Casa de Nariño”.

P. También hay preocupación por la seguridad del presidente, ¿qué análisis se hacen? ¿Qué medidas se están tomando?

R.

La seguridad del presidente es prioridad nacional, y en ese sentido lo acontecido en estos días es muestra de una gran colaboración armónica. La Fiscalía ha estado muy atenta a cualquier riesgo que se pueda presentar y en ese sentido valoramos y agradecemos estas denuncias tan oportunas, denuncias que se confirman tristemente con esta grabación que se logró interceptar por los organismos de seguridad del presidente.

P. El instituto Kroc ha dicho que la implementación va a en un 23%, ¿qué responde el Gobierno?

R.

Yo hago parte de la Csivi, que es la comisión de seguimiento de los acuerdos. Ahí hacemos un seguimiento permanente e incluso hemos invitado al Instituto Kroc. Si usted detalla la información hay muchos temas de los pendientes que tienen que ver con reformas legislativas. En ese sentido el Gobierno hace todo el esfuerzo para impulsar esas reformas, y en lo que a mí corresponde en el cumplimiento de los acuerdos hay muchos retos pero también hay que decir que para las Farc tampoco ha sido fácil el cumplimiento con muchos de los compromisos que ellos tienen: es muy importante insistir en la entrega de los bienes, el fiscal ha hablado de bienes por más de $2 billones, también en el tema de información sobre localización de minas antipersona, sobre completar la lista de los menores reclutados. Cuando se habla de una evaluación de cumplimiento es importante que sea de lado y lado.

P. ¿Qué espera el Gobierno que pase con las objeciones, primero, en términos legislativos y, luego, en términos jurídicos, se aprueben o no?

R.

Lo que esperan el Gobierno y el país es que por cuenta de mostrar pulsos políticos y pulsos de poder en el Congreso no se sacrifique mejorar el texto de la ley estatutaria, y no se sacrifique pasar la página de un acuerdo político nacional que desafortunadamente no fue respetado después de que el ‘No’ ganó en el plebiscito. Este es un momento de grandeza en el que los partidos no deben pensar en ellos mismos sino en dar vuelta a la página.

P. Pero la ONU y otros entes han hablado de la necesidad de que todos estos asuntos jurídicos de implementación se surtan en el Congreso para que haya una adecuada implementación…

R.

Nosotros conversamos permanentemente con la ONU, la OEA, los garantes y todas las personas que hacen seguimiento a los acuerdos y ninguno de ellos duda de la voluntad del Gobierno de implementarlos. Ya la JEP tiene una ley de procedimiento que fu aprobada en junio del año pasado, ya está funcionando y no va a dejar de funcionar. La propia presidenta de la JEP ha sido muy sensata y prudente en decir que la JEP no va a dejar de funcionar y que no existe ningún riesgo para aquello para lo cual fue creada. En ese sentido, el Gobierno no quiere que con estas objeciones se obstruya sino que se aclaren algunos vacíos en la forma como fue aprobada esta ley.

P. Sobre la JEP está la inquietud de que ‘El Paisa’ no da la cara, ¿cómo ven este asunto desde el Gobierno?

R.

Reconocemos y valoramos la expresión del procurador que con toda claridad jurídica ha dicho que si El Paisa no cumple con las condiciones establecidas para ser beneficiario de la JEP, debe ser expulsado de esa jurisdicción, y ahí hay una expresión muy seria y sustentada. Y corresponde a la JEP, lo decimos con respeto,  dar conclusión al incidente de incumplimiento que impulsó para que de esa manera se tome una decisión final.

P. Sectores de la comunidad internacional han estado presionando para que se vuelva a la mesa con el ELN, ustedes han reiterado a Cuba la necesidad de cumplir con las circulares rojas de los negociadores, ¿en qué va ese proceso?

R.

El presidente ha establecido que las dos condiciones fundamentales para que haya cualquier espacio de diálogo con ese grupo es que cesen los secuestros, que hagan entrega de todos los secuestrados y que no haya actos criminales. Desafortunadamente ninguna de esas condiciones se ha cumplido y el canciller hace poco le insistió a Cuba en la obligación de ese país de entregar a las personas del ELN que están en la isla y confesaron la comisión de ese terrible atentado que los colombianos no podemos olvidar de la muerte de 22 cadetes. Cuba tiene la obligación de cumplir el tratado de Interpol, y nosotros confiamos en que lo cumplirá.

P. ¿Y en qué han quedado los reclamos del Gobierno a Venezuela por ese paso constante del ELN en la frontera?

R.

Desafortunadamente no hemos tenido una respuesta clara y concisa por parte del gobierno de Maduro. Ya nuestro gobierno reconoce como embajador al nombrado por el presidente Guaidó, sin embargo insistiremos permanentemente en que Venezuela haga entrega de las personas que tienen circular roja y están en ese país. Concretamente son Antonio García, el segundo al mando y alias Pablito, quienes están supuestamente en ese territorio. Y exigimos a Venezuela que no dé amparo a personas que han cometido actos de terrorismo y los han confesado.

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